En un giro político de alto impacto, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general. La medida, presentada frente al Tribunal Supremo de Justicia, busca extinguir las causas penales de personas detenidas por motivos políticos y contempla, de forma inédita, el cierre definitivo de El Helicoide, la sede de inteligencia del Estado venezolano.
Este anuncio se produce en un contexto de extrema fragilidad institucional, marcado por la intervención directa de la administración de Donald Trump en la región y el reciente secuestro de Nicolás Maduro, hechos que han reconfigurado el tablero de poder en Caracas. Rodríguez sostuvo que la iniciativa, conversada previamente con Maduro, tiene como fin «favorecer la convivencia» y evitar espirales de venganza.
Sin embargo, el alcance real de la medida genera escepticismo entre los defensores de Derechos Humanos. Mientras el oficialismo reporta más de 600 liberaciones, las organizaciones civiles verifican cifras sensiblemente menores y denuncian que las excarcelaciones actuales mantienen restricciones graves, como la prohibición de salida del país.
