Pasaron varios días desde que Estados Unidos ejecutó su operación militar unilateral contra la República Bolivariana de Venezuela, con bombardeos a zonas habitadas por civiles y la captura del presidente Nicolás Maduro.

El impacto inicial en términos humanitarios y políticos fue profundo, pero un análisis jurídico-regional permite advertir cómo el operativo destrozó, de un solo golpe, el entramado de principios, tratados y documentos que por décadas sostuvieron a América Latina y el Caribe (ALC) como un escenario comprometido con la paz y la resolución pacífica de las controversias. 

El mensaje que dejó el ataque del 3 de enero no se limitó a un país, en realidad operó como una impugnación práctica de los límites que el derecho internacional impone al uso de la fuerza, y como una advertencia disciplinadora hacia aquellos Estados que, aún con diferencias ideológicas profundas, se habían reconocido bajo un marco común de reglas. En ese sentido, el episodio no puede analizarse como un hecho aislado ni como una excepción, sino como un punto de inflexión.

Desde el punto de vista jurídico, es imposible reivindicar una supuesta legalidad del ataque, como coincidieron los principales organismos internacionales. La operación violó de manera directa el Artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas (ONU), que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

No existió autorización del Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII, ni se configuró una situación de legítima defensa frente a un ataque armado previo, tal como establece el Artículo 51. En consecuencia, la acción encuadra en la definición de acto de agresión del derecho internacional consuetudinario y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

A nivel hemisférico, la intervención también desconoció principios centrales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular los artículos 19 y 21, que consagran la no intervención y la inviolabilidad del territorio.

A ello se suma la afectación del espíritu del Tratado de Tlatelolco de 1967, cuyo objetivo no se limita a la proscripción de armas nucleares, sino que expresa la voluntad histórica de preservar a la región al margen de las lógicas de guerra impuestas por potencias extrarregionales.

La dimensión más delicada del episodio, sin embargo, se vincula con la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por unanimidad por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en enero de 2014, durante la II Cumbre celebrada en La Habana.

Aquella declaración no surgió en el vacío. Fue el resultado de un proceso político que tuvo como telón de fondo las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y expresó el intento más ambicioso de la región por consolidar un consenso mínimo en torno a la proscripción del uso de la fuerza, la solución pacífica de las controversias y el respeto irrestricto al derecho internacional.

El compromiso asumido entonces implicaba, al menos en el plano declarativo, desterrar para siempre la amenaza o el uso de la fuerza en la región, así como construir una cultura política basada en la coexistencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos. Durante más de una década, ese consenso funcionó como referencia normativa, incluso en un contexto de profundas divergencias ideológicas entre los gobiernos latinoamericanos.

La intervención estadounidense en Venezuela demostró, sin embargo, la fragilidad de ese andamiaje cuando se enfrenta a la voluntad de una potencia dispuesta a actuar por fuera de cualquier marco legal.

Las reacciones iniciales de rechazo por parte de diversos gobiernos de la región pusieron de manifiesto una preocupación compartida. Como advirtió el presidente chileno Gabriel Boric, el precedente resulta inquietante no solo por lo ocurrido en Venezuela, sino por lo que habilita hacia el futuro.

Si una gran potencia puede eludir todos los procedimientos multilaterales y recurrir a la fuerza militar con argumentos tan discrecionales como la intención de quedarse con el petróleo de otro país, ningún Estado puede considerarse a salvo.

En la misma línea se expresaron los presidentes de Brasil, Inacio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petros, al señalar que la captura de un presidente en funciones y su traslado forzoso al extranjero marcaron una línea que no debería cruzarse. No se trató de un exceso ni de una anomalía circunstancial, sino de una decisión política que dejó en evidencia los límites reales de los mecanismos regionales de protección de la paz.

El riesgo, como advierte la experiencia histórica de América Latina, es que la condena inicial derive en resignación. La región ha acumulado una larga lista de intervenciones, invasiones, golpes de Estado y bloqueos promovidos desde Washington.

Venezuela se suma ahora a esa triste lista, con el agravante de que el ataque se produjo en un contexto en el que existía, al menos formalmente, un consenso regional destinado a evitarlo.

Como señaló el analista internacional de origen brasileño Decio Machado, la combinación de intervención militar, control de recursos estratégicos y reactivación explícita de la Doctrina Monroe refleja el intento de Estados Unidos por sostener una hegemonía en declive. Lejos de estabilizar la región, este tipo de acciones tienden a profundizar los conflictos y a erosionar aún más la arquitectura de gobernanza global.

Para América Latina y el Caribe, el desafío que deja el 3 de enero de 2026 es eminentemente político. No se trata solo de reafirmar principios en declaraciones, sino de construir capacidades reales de coordinación que impongan sanciones y costos efectivos a quienes decidan violarlos.

De lo contrario, la proclamada “zona de paz” corre el riesgo de confirmarse como lo que el ataque a Venezuela dejó brutalmente expuesto: una formulación solemne, ampliamente compartida, pero incapaz de operar como límite frente a la fuerza.