El encuentro regional del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) que se realizó en Fortaleza, Brasil, puso su foco en adoptar una herramienta de protección contra la violencia digital en mujeres, adolescentes y niñas. Entre otras cosas, se establecen obligaciones para los Estados, deberes para los intermediarios de internet y principios de gobernanza para entornos digitales libres de violencia.
“En un contexto global marcado por el avance sostenido de la violencia digital contra las mujeres por razones de género y la necesidad de herramientas para un abordaje integral, el MESECVI culminó este 10 de diciembre el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, un instrumento que posiciona a la región a la vanguardia de la respuesta frente a estas formas de violencia que impactan desproporcionadamente a mujeres, adolescente y niñas”, explica el comunicado emitido por el organismo.
Este trabajo tuvo lugar en el encuentro regional que reúne en Fortaleza, Brasil, a ministras y autoridades nacionales de América Latina y el Caribe, además del Comité de Expertas del MESECVI y organizaciones de la sociedad civil, en ocasión de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del Mecanismo, órgano de la Organización de Estados Americanos.
Por qué una ley
“La digitalización acelerada de la vida pública y privada ha multiplicado los escenarios en los que se reproducen las violencias por razones de género, amplificando su alcance, frecuencia y gravedad”, señala el comunicado de Mesecvi.
“Amenazas, hostigamiento, vigilancia, suplantación de identidad, discursos de odio, deepfakes, difusión no consentida de contenidos íntimos, extorsión digital y campañas de desinformación con sesgo de género son algunas de las formas que adoptan estas violencias, cuyas consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales y simbólicas afectan profundamente la integridad, la autonomía y los derechos de mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad”.
Es frente a este panorama que se genera la Ley Modelo Interamericana, una herramienta que, dado su alto nivel técnico y político permite “orientar la adecuación legislativa, fortalecer las capacidades institucionales y promover una respuesta integral, normativa y multiactor ante uno de los desafíos más urgentes de la era digital”.
En primer lugar, desde un enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad, el instrumento define la violencia digital. Se trata, dice, de cualquier acción, conducta u omisión basada en género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o político y que sea cometida o agravada mediante tecnologías digitales. Reconoce además los impactos diferenciados que enfrentan mujeres históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, orientación sexual, etnia, situación socioeconómica o discapacidad.
Los aportes
El contenido de la ley se desarrolla en el marco de la Convención de Belém do Pará y otros instrumentos de derechos humanos, está dirigido tanto a entidades de gobierno y poderes legislativos, como a los sistemas de justicia, plataformas digitales, sociedad civil, organismos multilaterales, agencias de cooperación y organizaciones de mujeres y sociedad civil.
Uno de sus aportes más innovadores es el establecimiento de obligaciones claras para plataformas digitales e intermediarios de internet, incluyendo medidas de transparencia, preservación de evidencia, cooperación con las autoridades y remoción oportuna de contenidos violentos o no consentidos. Además, promueve el cierre de la brecha digital de género, la formación obligatoria de operadores de justicia y la articulación interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la justicia, libre de estigmas y barreras.
El Comité de Expertas subraya en su exposición de motivos el papel clave que han desempeñado las organizaciones de mujeres y movimientos feministas de la región para visibilizar, nombrar y enfrentar la violencia digital, cuya labor ha sido determinante para desarrollar marcos jurídicos innovadores en varios países.
En este sentido, el nuevo instrumento interamericano busca consolidar y acompañar este impulso regional, respondiendo a la necesidad de respuestas normativas integrales que reconozcan tanto la magnitud del daño como la urgencia de la protección, la retirada oportuna del contenido, la sanción adecuada y la reparación integral.
“La adopción de esta Ley Modelo en Fortaleza, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, reafirma el compromiso hemisférico político e institucional con la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también en los entornos digitales. Este hito marca el inicio de una nueva etapa de trabajo colectivo para fortalecer marcos normativos, rutas de acceso a la justicia, mecanismos de protección y políticas públicas integrales con enfoque de género e interseccionalidad y pertinencia cultural”, dice el comunicado del organismo.
Y aclara, este proceso plural y regional fue posible gracias al apoyo de la República de Italia, del Programa ACTUEMOS para poner fin a la violencia contra las mujeres, una alianza entre ONU Mujeres y la Unión Europea, así como de Equality Now, y de una amplia coalición de gobiernos, organizaciones de mujeres, instituciones académicas, agencias de cooperación y especialistas en derechos digitales.
