Mientras la investigación judicial avanza y la causa caratulada como «abuso sexual, promoción y facilitación de la prostitución» suma detalles de la perversión, como la paga con botines y pasajes para visitar a sus familias a cambio de sexo a juveniles de la pensión de Independiente, otros clubes del fútbol argentino prendieron las alarmas en relación a las redes de explotación sexual cuyo objetivo son las divisiones inferiores, a las que se acercan, muchas veces, con la promesa de «ayuda» en el camino a la Primera División. Al primer paso de la AFA, con la intención de reestructurar el trabajo de los clubes en las pensiones, como adelantó Dante Majori, presidente de la Comisión Juvenil e Infantil y cercano a Claudio Tapia, en la Superliga aseguran que aumentarán las exigencias en cuanto a la contención de los juveniles con una serie de requisitos en las licencias, que comenzarán a regir en la temporada 2018/19. «Se venía trabajando con la idea de gabinetes de psicólogos en las inferiores –dicen desde la Superliga–. Y esto que pasó lo único que hace es potenciar la contención psicológica para los chicos de las inferiores. Una comisión estaba trabajando desde antes de todo esto».

La confesión de un menor de edad al psicólogo de Independiente destapó a gran escala, como nunca, esos delitos en el fútbol argentino. En el capítulo «Objetivos e implementación» del reglamento de la Superliga, el artículo 2 promueve «incluir en el espíritu de la formación deportiva de las categorías juveniles a las áreas técnicas, tácticas, físicas, educativas (exigir a los juveniles un buen rendimiento escolar) y psicológicas (asistencias y contención)». En ese sentido se ampliarán las exigencias. Al día siguiente de la denuncia, Enrique Polola, director de la pensión de San Lorenzo, reveló en el programa radial La Cicloneta que el club había hecho una denuncia por el contacto de otra red de pedófilos con un juvenil. «Profe, hay un tipo que viene a ver los partidos y me está llamando –le dijo el chico a Polola–. Quiere que yo me saque fotos porque tiene una fábrica de ropa interior y me da 9000 pesos». Hugo Tocalli, coordinador de las inferiores de San Lorenzo y miembro de la Comisión Juvenil de la Superliga, dice: «Estamos todos asustados, muy preocupados. Habría que hacer un estudio, controles, un montón de cosas más, y todos los días. Se puede mejorar. No nos hemos reunido después de esto que pasó. Pero el otro día, el fin de semana, jugamos en Tigre y se habló, y hablamos entre los coordinadores».

Los allanamientos a alojamientos de La Plata, en los que se secuestró «material pornográfico», impulsaron a la Defensoría Ciudadana platense a solicitarles a Estudiantes y Gimnasia una audiencia e informes para interiorizarse acerca del estado de las pensiones de los clubes, ambas en obra. Lo propio hizo la de Lanús con el club homónimo. En Tucumán, una provincia atravesada por el secuestro de Marita Verón por una red de trata de personas, Atlético y San Martín reforzaron los recaudos en las inferiores. El jueves, San Martín, cuyo presidente entre 2006 y 2011, Rubén «La Chancha» Ale, fue condenado a diez años de cárcel por usura y explotación sexual, planeó charlas con padres y chicos a cargo de la organización católica Equipo de Prevención del Abuso Sexual Infantil (EPASI). «Todo abuso se da en el contexto de un dominador y un dominado. El niño siente que esa persona está en autoridad y todo lo que dice y hace debe ser así –marca Francisco Ruiz, de EPASI, que dará la charla–. Queremos llevar conciencia, explicarle al niño que si alguien utiliza su cuerpo, está violando su integridad sexual. Nadie tiene ese derecho, y debe denunciarlo». En la pensión de otro club de los llamados grandes, los responsables revisaron las redes sociales de los juveniles y les remarcaron las obligaciones de control en las salidas.

Del documento Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de 2017, a partir del análisis de los datos del programa Las víctimas contra las violencias del Ministerio de Justicia de la Nación con el apoyo de UNICEF, se desprende que nueve de cada diez agresores son varones adultos y que en la niñez-adolescencia (de 11 a 18 años) suelen ser agredidos por desconocidos. Según la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas, organismo de la Procuración General, en el primer semestre del año pasado aumentó un 40% la cantidad de denuncias sobre abusos de menores en la ciudad de Buenos Aires.

Es en este contexto que se produjo la denuncia de Independiente.

Entre los seis detenidos acusados de integrar la organización delictiva, además del árbitro Martín Bustos, en cuyo perfil de Facebook tiene más de mil contactos, la mayoría jugadores de las inferiores de clubes de la zona sur del Conurbano bonaerense, hay un relacionista público que proponía en redes sociales ya en 2012 blanquear la «prostitución en las inferiores del fútbol» –Leonardo Cohen Arazi–; un organizador de torneos amateurs –Juan Manuel Díaz Vallone–; y un encargo de edificios en La Plata –Alejandro Carlos Dal Cin–. «Esto existió siempre –dijo Daniel Bertoni, ídolo de Independiente y campeón del mundo en Argentina 1978–. En la época nuestra había run run de estas cosas. La suerte fue que un chico se quebró y habló, porque si no, hubiese continuado esta pedofilia y esta prostitución. Se aprovechan de chicos de las provincias que no tienen apoyo y contención familiar». Bertoni, por estas palabras, puede ser citado a declarar por la fiscal María Soledad Garibaldi.

La AFA, mientras tanto, nunca amagó con suspender los partidos. El abuso sexual a menores en las divisiones inferiores no era exactamente un secreto, pero quizá sea aún el tabú más grande en el fútbol.