El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Alexandre Roig, habló con Tiempo sobre la actualidad del sector cooperativo. «Estamos dando respuesta a los grandes reclamos históricos del sector», afirmó.

–¿Cómo es el escenario actual del cooperativismo?

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–Desde el inicio de nuestro gobierno, volvieron a subir la cantidad de entidades. El sector está creciendo mucho, hay mucha demanda, con muchas propuestas. El cooperativismo es paradojal porque suele crecer en tiempos de crisis y no debería ser solo para la crisis, sino también una forma elegida en tiempos de bondades.

–En la tradición argentina oficia un poco de ambulancia la cooperativa, ¿no?

–Más o menos. Hay una larga tradición en el cooperativismo agropecuario y de servicios públicos.

-Muy porteñocéntrica la pregunta…

-(Risas) Sí. En el interior de la provincia de Buenos Aires y en las provincias en general, el cooperativismo ocupa un lugar central en la vida de las personas.

–Reformulo. En el AMBA, oficia como ambulancia en momentos de crisis. ¿Cómo se puede modificar eso y que sea una opción más?

–Deberíamos preguntarnos: ¿por qué razón no armaríamos una cooperativa? ¿Qué tiene de mejor una sociedad anónima? Si uno quiere construir en colectivo, trabajar en equipo, tener una vida atravesada por una existencia democrática, disfrutar de poner en marcha valores de solidaridad, de ayuda mutua, la cooperativa es la forma ideal y no hay ninguna razón para organizarse bajo la forma de una sociedad anónima.

-Hay cuestiones importantes ligadas al acceso al crédito y a la formalidad, al acceso a una jubilación digna, que empañan y complican la inclinación hacia un formato cooperativo. ¿Se está trabajando en esos puntos?

-Hay tres grandes reclamos históricos del sector y a todos estamos dando respuesta: el primero tiene que ver con la matrícula y con la simplificación de los trámites, que en gran medida lo resolvimos o está en camino a resolverse.

El segundo es el acceso al crédito, que es un gran problema. Ahí tenemos dos grandes avances: el primero que anunciamos con Julián Domínguez y Daniel Scioli, que es la posibilidad de que las cooperativas puedan acceder al certificado pyme y esto significa un salto enorme para el sector; el segundo es que estamos armando un sistema para que todo el cooperativismo y el mutualismo pueda acceder al crédito. Esperamos que antes de fin de año podamos poner en marcha este sistema.

El último punto es clave: dotar al cooperativismo de trabajo de derechos laborales. Estamos trabajando fuerte con el Ministerio de Trabajo, con Claudio Moroni, en la propuesta de un sistema para asociados o trabajadores cooperativos. Nos asisten muy fuertemente las discusiones que tuvimos en la Organización Internacional del Trabajo, donde por primera vez se discutió la definición de la Economía Social y uno de los temas centrales de esa discusión fue justamente la de trabajar en la figura de trabajador asociado o cooperativo. Esa figura será la base para constituir todo ese sistema de protección social.

-Ariel Guarco fue reelecto como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Cómo impacta en el cooperativismo local? ¿Es una cuestión más simbólica o tiene un anclaje en lo concreto?

-Es mucho más que un valor simbólico. Nos permite un sistema de vinculación a nivel internacional con todo el sector cooperativo. Esto va desde alianzas financieras hasta comerciales, laborales y políticas. Para la Argentina es fundamental. Lo mismo ocurre con Alejandro Russo, que es el vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad.

-¿Cómo ve la discusión de planes y empleo? Muchos de los beneficiarios son integrantes de cooperativas.

-Es un debate planteado de manera confusa, que nos desvía de las preguntas centrales, relativas al valor del trabajo y la producción en la sociedad argentina. Sobre el total de la fuerza de trabajo en Argentina, apenas el 5% tiene un plan social. Por otra parte, la manera en que se plantea la realidad de ese 5% está muy cargada de prejuicios. La figura de «planero» es discriminatoria y no se corresponde con la realidad. Generalizando lo particular se construyen los prejuicios. Estamos discutiendo cuestiones marginales, para decir que los sectores populares no tienen capacidad de organización. Subestiman la potencia autónoma de los sectores populares.

-Hay muchas organizaciones de la economía social y popular que reclaman un Salario Básico Universal. ¿Qué posición tiene al respecto?

-Es una reivindicación que permite sacar a parte de la población de la indigencia, pero no anula la discusión sobre el valor del trabajo. Los trabajadores registrados tienen las instituciones necesarias para discutir el valor de su trabajo. El problema en la economía popular es que no tienen esas instituciones. La discusión es cuáles son las instituciones que deberían existir para defender el valor del trabajo de esas personas, en un contexto de pospandemia y de Guerra Mundial.

-En ese debate, ¿en qué lugar se posiciona?

-Hay que crear nuevas instituciones. La clave para salir de la crisis, que está a la altura de la de 1930, es que debemos generar nuevas instituciones adaptadas a la realidad del capitalismo financiero y de plataformas en la que estamos.

-El Inaes está dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. ¿Qué impacto tuvo la renuncia de Matías Kulfas y los simbronazos en el gobierno?

-Tenemos una agenda de trabajo que sostenemos hace años. Vamos a presentarle al nuevo ministro nuestra agenda de trabajo. Todas las señales son de continuidad. Ningún simbronazo. Al contrario.  «