La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña, recuperada por sus trabajadores hace ocho años, sufre un nuevo ataque judicial. Un fallo de desalojo judicial en firme amenaza los 50 puestos de trabajo recuperados en 2016, tras la quiebra de Deconti SA.

El periplo judicial arrancó en aquel año. En una primera instancia, la jueza Valeria Pérez Casado les negó el permiso de explotación. Tras años de reclamos, la Cámara de Apelaciones les otorgó el permiso. Ahora, llegó una orden de desalojo que desatiende el reclamo de las y los trabajadores. Es, en rigor, una confirmación de un fallo del 2020 que fue apelado por los trabajadores, sin éxito.

Fabián Pierucci, síndico y Responsable de Planificación de la fábrica, explicó en diálogo con ANSOL: “Propusimos que con la deuda salarial e indemnizaciones de la quiebra, se pague la fábrica; es decir, las instalaciones y las máquinas. La respuesta negativa de la Justicia tiene que ver con una cuestión de política ideológica. Poner a trabajar la fábrica tiene un valor incalculable en cuanto a la generación de puestos de trabajo y al servicio que se brinda a la sociedad, que es nada menos que la producción responsable de alimentos”.

Para el síndico, “al juzgado no le importa nada de eso. No nos permite compensar créditos. El peor escenario es que la fábrica se desguace y se pierda y que el edificio se use para cualquier tipo de negocio inmobiliario”.

Con mucho tiempo y dinero invertidos, la empresa no solo volvió a producir las tapas de empanadas y pascualinas, sino que hoy tiene participación en todas las redes de distribución de productos cooperativos. Tienen un local de venta directa al público y crearon un programa de difusión del trabajo cooperativo para la comunidad educativa de todos los niveles. “Es el programa Fábrica de Puertas Abiertas. Fuimos a muchas escuelas a contar nuestra experiencia cooperativa y de trabajo, y también han venido muchos estudiantes a la fábrica a ver los procesos de producción”, resumió Pierucci.

Sin embargo, La Litoraleña no se rinde: “Vamos a pelear hasta el último momento por la fábrica. Estamos buscando todas las alternativas posibles: desde resistir al desalojo a una ley de expropiación en la Ciudad, aunque sabemos que es muy difícil por la conformación de la cámara legislativa”.

Litoraleña
Foto: cooperativa La Litoraleña

Los motivos del fallo de desalojo contra La Litoraleña

Con respecto a los argumentos legales de la negativa judicial, el Responsable de Planificación de la fábrica aseguró: “Argumentos no tienen muchos y los pocos que tienen son clasistas, racistas y xenófobos. En las distintas instancias, dudan de que un grupo de trabajadores pueda gestionar los medios de producción. Es como un estigma o prejuicio que tienen. La formación jurídica y las prácticas corporativas conforman una verdadera casta a la que es muy difícil entrarle”.

En el mismo sentido, continuó: “Por otro lado, hay una situación de reflujo de las empresas recuperadas en particular, en donde volvió a la carga un sentido de que las cooperativas somos organizaciones que llevan a cabo emprendimientos precarios. Y no es así. Somos una empresa en la que trabajamos 50 personas y producimos muchas toneladas de alimentos, compramos camiones de insumos, aportamos valor agregado que está grabado con impuestos y no le debemos un peso a la AFIP. Pagamos tarifa plena de energía, con valores muy importantes. No somos una organización precaria bajo ningún punto de vista y es fácil de corroborar”.

Finalmente, Pierucci evaluó: “Es el momento de hacer efectiva una integración del movimiento cooperativo que no sea solamente testimonial, sino que incluya la posibilidad de generar integraciones virtuosas de capital, productiva, tecnológica, asociativa que nos permita potenciarnos. Las de trabajo, las de servicio, las de producción. Es el momento para plantear salidas de este tipo. Por qué no pensar en términos estratégicos a largo plazo, en lugar de estar siempre acuciado por la coyuntura”.