Ana Carolina Herrero inauguró el puesto de defensora del Usuario del Agua, en el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), en febrero de 2017 tras ganar un concurso público. En el cargo que ocupará por cuatro años (con posibilidad de una renovación), debe agilizar la gimnasia de defensa del usuario desde un organismo estatal aunque autárquico, con un gobierno fuertemente criticado por la política tarifaria. Tiempo la entrevistó luego de la audiencia pública no vinculante en la que AySA, la empresa estatal que provee el agua y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, pidió la aplicación de un tarifazo de casi el 50% el año próximo.

–¿En qué situación se encuentra el usuario de agua y saneamiento?

–Lo veo preocupado porque es el que recibe todos los aumentos de los impuestos. Nuestro foco está puesto en tratar de llegar al que más lo necesita. Para eso tenemos que seguir impulsando la tarifa social; que el usuario sepa que existe porque la tarifa no debe ser un impedimento para que la gente tenga acceso al agua potable y a los desagües cloacales. Está también el Caso Social, donde el pago de la factura es cero. También existe una tarifa comunitaria, para clubes de barrio, organizaciones sociales, comedores, escuelas y centros de jubilados. Este descuento representa entre un 25% y un 30% de la tarifa. Y no sólo es para el pago de facturas, sino también para quienes tienen deuda acumulada.

–¿Y cómo piensa hacer para divulgar la información?

–Estamos avanzando en una estrategia comunicacional integral para el usuario. La idea es explicarle sus derechos y obligaciones. Me pasa que voy a dar charlas ante 30 organizaciones y ninguna sabía que tenía acceso a descuentos. Por eso, quiero hacer foco en este punto. Hay 330 mil usuarios con tarifa social. AySA estima que el próximo año van a ser 375 mil. Ahí, ya hay 45 mil usuarios que deberían tenerla y no la tienen.

–¿Qué opinión tiene sobre los aumentos tarifarios?

–Los niveles tarifarios del pasado no eran sostenibles para poder brindar un servicio de calidad. Pero también es cierto que los usuarios son los que reciben todos los golpes de los aumentos. Por eso, quiero remarcar la tarifa social. Es muy sencillo el acceso. Desde la web , es cuestión de completar el formulario, que es una suerte de declaración jurada de ingresos y egresos. Se tiene en cuenta si el usuario tiene gastos en alquiler o en salud o si tiene ingresos en negro, por ejemplo, y se valida en el momento. En el caso de quien no puede pagar nada, se acerca a una oficina del ERAS, se hace un estudio socioambiental, y le llegará una factura de valor cero.

–¿Cómo ve la política de cambiar el sistema de facturación actual por uno de medición?

–La idea es realizar un cambio cultural en el uso del agua. Con la instalación de los medidores, es importante informar al usuario cómo cambiar ese uso. No sólo es cerrar la canilla sino también tener en cuenta que puede haber pérdidas internas en la vivienda, que encarecerán las facturas. Amerita una campaña de concientización más fuerte.

–Algunas organizaciones opinan que esto debería ser complementado con una línea de créditos blandos, para que el usuario pueda efectuar reparaciones en la vivienda.

–Acuerdo completamente. Lo hemos planteado y hemos hecho también la solicitud para que los frentistas puedan conectarse a través de créditos blandos. De todas formas, el sistema de medición es superador. Todo lo que esté orientado hacia el empoderamiento del usuario en términos de consumo, es más justo. Pagar por superficie es injusto.

–En el nuevo sistema, ¿se tiene en cuenta la zonificación?

–Sí, hay tres zonales: alto, medio y bajo. Hay un cargo fijo y uno variable. El zonal afecta al cargo variable. Hay una diferenciación en el valor del metro cúbico por la zona en la que vive el usuario.

–En la audiencia pidió más información a AySA sobre reclamos de usuarios. ¿Hay un problema en ese sentido?

–Traté de dar un estado de situación del servicio. Necesitamos que la empresa nos brinde información específica para poder desarrollar ciertos indicadores. Esto es más allá de que el ERAS tiene sus propias estadísticas.

–¿Para qué se creó el área?

–La figura no fue creada para reclamos puntuales, sino más generales. Cuando vemos que hay un problema de esta índole, se piensan procesos más abarcativos y elevamos propuestas al directorio del ente. «

Aumentos de hasta el 750% en la era Macri

Ante la consulta sobre cómo vio la audiencia pública, Carolina Herrero se mostró sorprendida. «Me llamó la atención que haya sido tan corta. Teniendo en cuenta la situación del país, pensé que iba a haber más oradores», aseguró. En total, fueron 12 los expositores en Tecnópolis, el jueves último.

El presidente de AySA, José Luis Inglese, oficializó el pedido de aumento del 48%, en dos tramos. Un 17% en enero y un 27%, en mayo. Según Inglese, el 27% sería para cubrir la inflación de 2019. Pero otros oradores, en su mayoría defensores del Pueblo y miembros de organismos de defensa al consumidor, cuestionaron el número ya que el Presupuesto 2019 estima una inflación del 23% de punta a punta. El 17% restante sería para cubrir la diferencia entre el aumento y la inflación de este año: un 26% contra un 45%, estimado.

Con las nuevas subas, según detallaron desde ERAS, las tarifas residenciales llegarán en promedio a los 1413 pesos, con puntas de $ 1527 para los usuarios de zonales altos y de $ 1347 para los de zonales bajos.

Desde la asunción de Cambiemos, la boleta de agua subió entre un 600% y un 750 por ciento.