El miércoles, por primera vez desde que asumió como ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo recibió a los líderes de la Unidad Piquetera, que agrupa a unas 35 organizaciones. Se trata de una ampliación del Frente de Lucha Piquetero (FLP) que integraba una veintena de organizaciones lideradas, fundamentalmente, por el Polo Obrero y Barrios de Pie, y que se nutrieron ahora de gran parte de las que integraban lo que se conocía dentro del sector como la “cuarta pata”, un bloque intermedio entre el Triunvirato de San Cayetano (CTEP, CCC y Somos Barrios de Pie) y el FLP identificado con la izquierda.

La reunión se produjo a horas de un plan que incluía cortes de accesos en las principales ciudades y una movilización y acampe en Desarrollo Social.

El sector denunció que el gobierno había incumplido con el depósito de 50 mil programas Potenciar Trabajo que ya había acordado y cuyos beneficiarios se encuentran en actividad hace un mes. Esos 50 mil programas habían sido el resultado de un plan de acción que incluyó una movilización el 18 de febrero que, según los organizadores, involucró a cien mil personas en todo el país.

Para los dirigentes, el encuentro resultó positivo en la medida en que el propio ministro reconoció el reclamo y se comprometió a depositar los $ 11.500 de cada uno de los 50 mil afectados a partir del mes de junio, incrementar las partidas de alimentos para los comedores y fortalecer las acciones contempladas en el plan Acompañar para víctimas de violencia de género. Así las cosas, la medida de acción quedó en suspenso a la espera del cumplimiento de esos acuerdos.

Del otro lado, fuentes de Desarrollo Social coincidieron en que “fue una buena reunión, se logró avanzar en un esquema de trabajo tanto en relación a Potenciar Trabajo como con la entrega de alimentos”.

El cónclave, que para el gobierno resultó una vía para descomprimir la conflictividad social, se dio en momentos en los que la política de asistencia oficial fue criticada por aquellas organizaciones cuyos dirigentes ocupan cargos en la cartera de Daniel Arroyo. Es que Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, al igual que Juan Grabois, de la CTEP, cuestionaron la lógica asistencial de la tarjeta alimentaria que anunció el gobierno durante la misma semana.

Además ya han venido alertando por el crecimiento de las organizaciones independientes del gobierno que, juzgan, pone en tela de juicio su capacidad de contención. Semanas atrás, el mismo Grabois envió un mensaje al gobierno en una entrevista al diario Clarín: “Para que se den una idea de lo que está pasando, nunca sucedió que el trotskismo pueda convocar a una movilización de la dimensión de la que convocó ayer. Y no le fue difícil”.

En esa línea, según confiaron en estricto off dirigentes de la Unidad Piquetera a Tiempo, el propio secretario de Economía Social reconoció que existe un malestar al interior de la coalición gobernante porque, en una nueva ronda de empadronamientos que habilitó la cartera, apenas el 20% del total fue presentado por los intendentes del Conurbano, mientras que, del resto, la mayoría corresponde a las organizaciones sociales no alineadas.

En diálogo con este diario, Nicolás Caropresi, dirigente de la CTEP, confirmó que “nuestra crítica es que hay que discutir la universalidad de las medidas. ¿Por qué no lo hacen con la tarjeta de la Anses? Buscan mostrar una nueva política pública . Es vanidad política. Está basada en el mismo prejuicio de que la guita se va en drogas y alcohol, y termina siendo una millonada de plata en comisiones que podrían destinar a la economía popular y a la propia asistencia. No podíamos dejar de discutirlo”.

Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), otrora enrolado en la “cuarta pata”, Damaris Rolón agregó que “no viene acompañada de una política más abarcativa para contener la inflación en los alimentos. Se va a diluir rápidamente. Hay que aplicar la Ley de Abastecimiento”.

Sobre las fricciones, señaló que “hay una disputa interna. Muchos de los militantes de las organizaciones que están en la UTEP son parte del gobierno y de la gestión. Hay una puja por los recursos de Desarrollo Social y por quién se lleva el rédito político. Si la estructura se pone en mano de las organizaciones o de los intendentes. También juega la interna electoral del peronismo”.

Sobre la decisión de confluir con el FLP, Rolón señaló que “tenemos la política de luchar con quienes quieren luchar. Con el macrismo tuvimos un marco amplio de unidad con el triunvirato pero, ahora, esas organizaciones no están en la calle y por eso el marco es la Unidad Piquetera”.

Desde el Frente Popular Darío Santillán, integrante del mismo espacio, Nicolás Marcioni señaló que “hay una estrategia fragmentada del gobierno, que es la de seguir generando programas sin  consolidar los existentes”.

El dirigente explicó que “estamos articulando con la Unidad Piquetera. Se está mezclando la discusión con el Estado en torno a qué respuesta dar frente a la pobreza con un escenario de disputa interna en el Frente de Todos en el marco de un ajuste para mostrar superávit fiscal. Mermó la entrega de alimentos y los programas se retacearon. Esto nos llevó a hablar con otras organizaciones. Veníamos articulando con el triunvirato pero la mayoría de los dirigentes de la UTEP son funcionarios y dejaron en un impasse a su base social. No somos parte del Estado. Estamos por reconstruir la organización comunitaria y el tejido social”.

El dirigente de la CTEP reconoció que “tiene que haber una nueva apertura del Potenciar Trabajo, porque el quilombo por abajo es grande. Hay un quiebre en la sociedad”. «

340 mil nuevos planes

En poco más de un año, los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social crecieron en 340 mil. Es que pasaron de un total de 560 mil en enero hasta los actuales 900 mil. Los datos oficiales indican un aumento del 60% de beneficiarios. Pero, desde el punto de vista presupuestario, en enero de 2020 implicaban una erogación mensual de $ 4800 millones, mientras que ahora, suba del salario mínimo vital y movil mediante, la cifra llega hasta los $ 10.400 millones. una suba del 116 por ciento.

El número, sin embargo, está lejos de las aspiraciones y los empadronamientos que las propias organizaciones elevaron a la cartera laboral y, claro, del crecimiento de la pobreza en la que cayeron casi tres millones de personas en apenas un año.

En uno de los peores períodos en términos sociales, entre 2002 y 2003, por ejemplo, los Planes Jefas y Jefes habían superado los 2,3 millones de titulares.