El capítulo jubilatorio del proyecto de ley de Solidaridad Social y Recuperación Productiva promete ser uno de los más polémicos ya que sus efectos influirán a 6,5 millones de jubilados y pensionados.

Además de suspender la movilidad jubilatoria y empoderar al Poder Ejecutivo para que otorgue aumentos trimestrales a todas las jubilaciones, permite que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) adquiera un 40% más de títulos públicos.

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Movilidad

En rigor no existe una única movilidad jubilatoria. El proyecto de ley reconoce 16 que corresponden al régimen general y a los regímenes especiales. Todas ellas quedan suspendidas.

Por caso, el proyecto oficial congela la movilidad de los guardaparques, de los agentes del Servicio Penitenciario Federal, del personal de las fuerzas armadas, de los funcionarios del servicio exterior (los diplomáticos), del presidente, el vicepresidente y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los científicos, de los docentes, de los ex combatientes de Malvinas, de los niños, niñas y adolescentes protegidos por la Ley Brisa (cuyas madres fueron víctimas de femicidio), y la de la reparación a ex detenidos por el terrorismo de Estado.

Ante la suspensión de todas estas movilidades en los haberes jubilatorios, el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de “fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo sui administración”.

Respecto de cómo serán esos incrementos, el proyecto no da pistas. Sólo dice que los aumentos se darán “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”, lo que hace pensar que los incrementos serán escalonados.

Un ejemplo de lo que puede suceder con los aumentos de haberes lo da la decisión del gobierno de otorgar dos bonos de 5000 pesos cada uno, a ser cobrados a fin de diciembre y a fin de enero.

Tres millones de jubilados que cobran la mínima, en la actualidad valorizada en $ 14.068 mensuales, percibirán la totalidad del bono. También lo cobrarán un millón y medio de pensionados, aunque manteniendo las proporciones que limitan esas prestaciones: del 70% en el caso de los beneficiarios de pensiones no contributivas y del 80% en el de los que cobran la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Entre la jubilación mínima y $ 19.068, los jubilados y pensionados cobrarán un bono cuyo valor será la diferencia que surja. Si su jubilación es en la actualidad de 18.000 pesos, recibirá un bono de 1068 pesos.

El problema es que los jubilados y pensionados que cobren por encima de los $ 19.068 no recibirán el bono, a pesar de que sus ingresos se encuentren muy por debajo del valor de la canasta de la tercera edad que calcula la Defensoría de la Tercera Edad y que se encuentra en 37.800 pesos. Y también a pesar de que en los cuatro años de la administración Cambiemos perdieron un 20% de poder adquisitivo.

Además, en ningún caso el bono se incorpora al haber. Se trata de paliativos por única vez.

Litigiosidad

Entre los abogados previsionalistas se comienza a advertir que esta manera de encarar el asunto jubilatorio podría dar lugar a un nuevo ciclo de litigiosidad en el sector.

También impulsan estas prevenciones las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien al presentar el proyecto de ley en una conferencia de prensa en la mañana del martes, aseguró: mientras dure la suspensión de la movilidad jubilatoria, “lo que haremos será proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad”.

En este punto se suman tres aspectos: el primero, que los dos bonos no serán para todos los jubilados y pensionados; el segundo, que los aumentos trimestrales que prevé el proyecto no serían parejos para todos. Y, por último, que ya está determinado que en marzo las jubilaciones y pensiones deben aumentar un 11,6% porque los elementos que componen su movilidad ya se dieron a conocer a lo largo de los últimos meses.

 La Corte Suprema ya estableció que el aumento segmentado de haberes previsionales es inconstitucional. Por otro lado, la justicia ya determinó la ilegalidad de la cancelación de una suba de haberes que ya estaba determinada puesto que implicaría darle un carácter retroactivo a la ley. Esto sucedió con el cambio de movilidad que ejecutó el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2017. Esa modificación incluyó saltearse el reajuste de marzo de 2018, cosa que la justicia rechazó este año.

FGS

El artículo 53 del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva involucra al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra activos financieros y actúa como una garantía del pago de las jubilaciones a futuro.

La última información pública indica que a fines del segundo trimestre de 2019, “el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a $ 2,07 billones”.

El proyecto de ley sostiene que “Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2023”, podrá mantenerse hasta el 70% de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad “en títulos públicos”. Tras ese lapso, la tenencia de títulos públicos debería bajar al 50 por ciento, que es lo que indica la ley.

Sin embargo, al segundo trimestre de este año, “El stock de Títulos Públicos Nacionales mostró una suba del 15% en el trimestre, totalizando $ 1,28 billones, lo cual representó el 62% del valor total de la Cartera de Inversiones del FGS”. Es decir, según el informe publicado en la web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), responsable final del FGS, los títulos públicos ya exceden con creces el límite legal de tenencia.

Este tema no es menor. Si la composición del FGS al segundo trimestre de 2019 se mantuviera en la actualidad, el proyecto estaría habilitando al Estado a colocarle al FGS deuda por otros 200 mil millones de pesos. Esto en un momento en que el gobierno tiene cerradas las canillas del financiamiento voluntario de deuda.