El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) declaró nulo el nombramiento de Andrés Chambouleyron como director del propio ente durante el gobierno de Mauricio Macri, por “irregularidades en el procedimiento”.

Según dijeron voceros del ENRE a Tiempo, en este acto “lo que se vio afectado es la legitimidad y autonomía del ENRE durante la gestión de la alianza Cambiemos, en donde mediante un claro direccionamiento en los nombramientos se aplicó un marco regulatorio en detrimento de los derechos de las personas usuarias”.

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Esta jugada se da un día antes de que el ENRE convoque a audiencia pública con el fin de determinar el nuevo esquema de energía eléctrica en Argentina. En el mismo sentido, el miércoles último el ENRE eliminó el cobro por “recupero de energía” de las boletas de Edenor y Edesur.

Además de Chambouleyron, fue declarado nulo el nombramiento de Carlos Bastos como vocal. El caso de Chambouleyron es particular porque fue uno de los grandes mentores del tarifazo energético del macrismo y hombre de confianza de Juan José Aranguren. Tal es así, que después de trabajar en el entonces Ministerio de Energía, Chambouleyron fue nombrado como director del ENRE.

En su momento, el nombramiento de Chambouleyron había sido cuestionado por haber participado en distintas causas del tribunal internacional CIADI contra el Estado argentino, en representación de empresas extranjeras. Ese fue uno de los puntos principales en los que se basó el ENRE para declarar nulo su nombramiento. Lo mismo ocurrió en el caso de Bastos.

Así las cosas, el ENRE conducido por Federico Basualdo busca distanciarse de la política energética de Cambiemos. En el comunicado emitido, el ENRE apuntó que “la revisión de los concursos arrojó como resultado que estos incurrieron en vicios graves que convirtieron esos actos en nulos de nulidad absoluta”.

Entre esas irregularidades, fueron destacadas “la falta de publicidad plena y una cuestionable transparencia durante los procedimientos, particularmente en la integración de los órganos de selección y la arbitraria modificación de criterios de elegibilidad”.

Asimismo, se observó un “manifiesto incumplimiento de las normas sustanciales relativas a la observancia de conflictos de intereses y ética en el ejercicio de la función pública”. En este sentido, “el deber primario del funcionario público, según lo establece el Código de Ética, es el de lealtad con su país”.

Es ahí, donde la participación de Chambouleyron y de Bastos en calidad de expertos por diferentes demandantes contra la República Argentina no es compatible con el cargo otorgado. En el caso del primero, actuó en la causa Azurix Corp. C. República Argentina (CIADI N° ARB/03/30) y Daimler Chrysler Financial Services AG c/República Argentina (CIADI N° ARB/05/1).

En conclusión, “existieron manifiestas irregularidades en el procedimiento que tornan nulos dichos nombramientos”.