Alberto Fernández buscó el domingo poner un cierre al debate que atraviesa a la coalición oficialista y sus derivadas en el movimiento sindical, acerca del otorgamiento de un bono o una suma fija para recomponer los haberes del sector registrado.

Desde el embajada argentina en París, el presidente anunció que la modalidad sería la de un bono cuyos detalles puntualizaría a su regreso. De esa forma creyó poner fin a las distintas versiones que habían surgido de su propio gabinete, como las del Ministro de Interior Wado de Pedro, en favor de una suma fija o, por el contrario, de la ministra de Trabajo Kelly Olmos, que había aclarado que la intención del gobierno era la de otorgar un bono por única vez.

Sin embargo, un día antes del acto que encabezará en el Estadio Ciudad de La Plata y a contramano de lo anunciado por Alberto Fernández, la vicepresidenta decidió otorgar una suma fija de $30 mil para los trabajadores del Congreso que dependen de ella en su rol de presidenta del Senado. La resolución lleva su firma y la de Cecilia Todesca, presidente de la Cámara de Diputados.

La vice presidenta ya había redoblado la apuesta cuando insistió en el plenario de delegados de la UOM, en la necesidad de una suma fija para los trabajadores registrados. El presidente ratificó desde Bali que, finalmente, la decisión es la de otorgar un bono para los trabajadores registrados que podría alcanzar solo a aquellos que no superen un determinado umbral de ingresos mensuales. En el primer caso el aumento se integra al salario de convenio mientras que un bono resulta un ingreso por única vez.

La CGT también se dividió alrededor del problema. Los miembros de la mesa chica integrada por los Gordos e Independientes rechazaron la suma fija por considerarla una herramienta que distorsiona las paritarias achatando las pirámides a la vez que les resta protagonismo en la negociación colectiva. El sector vinculado a la vice presidenta, la Corriente Federal de los Trabajadores y la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, se pronunció en favor de una suma fija.

La decisión de Cristina Fernández de conceder una mejora de los haberes de los trabajadores parlamentarios bajo ese formato podría ser la antesala de un nuevo pronunciamiento en ese sentido durante su discurso pautado para el 17 de noviembre aunque, esta vez, en abierta oposición a lo que ya anunció el presidente.

Se trata de la segunda vez en el año que los trabajadores del Congreso reciben una suma de esa naturaleza por encima del acuerdo paritario que acumula una mejora del 69%. La primera de ellas por un monto de $20 mil se había acordado en marzo de este año. Ambas se integrarán al salario de convenio en marzo de 2023.

El titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, en el marco del II Congreso de la Confederación de Trabajadores Legislativos de América Latina y el Caribe saludó el acuerdo a pesar del impacto distorsivo que tendrá sobre la escala salarial del sector.

La modalidad de suma fija a nivel general podría servir para mejorar los haberes de todos los trabajadores de una sola vez y, a través de una resolución del poder político, avanzar en forma compulsiva sobre las crecientes ganancias del empresariado. Sin embargo, no parece un mecanismo que se justifique para un acuerdo de un sector puntual y dependiente de un organismo gubernamental.