¿Necesita la industria petrolera subsidios para aumentar su producción? Según la lectura que hacen el gobierno y el sector, sí. Por eso ya está en el despacho de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el proyecto de ley de “Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas”, que como su nombre lo indica establece una serie de beneficios específicos para las empresas que participan de la actividad. Según pudo saber Tiempo, el texto ingresará al Congreso la semana que viene.

El proyecto establece cuatro tipos de incentivos. De un lado, reducciones de impuestos nacionales por los cuales las empresas de la actividad tendrán menor carga tributaria al importar equipos, al adquirir bienes y servicios locales y al exportar crudo y gas. En segundo término, excluirá a las petroleras de cumplir con la normativa cambiaria que las obliga a liquidar todos los dólares de las exportaciones en un plazo perentorio; es decir, las petroleras podrán disponer libremente de una parte de las divisas que generen por las ventas externas y no estarán obligadas a venderlas en el mercado argentino. El tercer incentivo es el establecimiento de un  precio sostén o artificialmente alto en el gas local que es pagado por los consumidores. Y el cuarto, el Estado subsidia una parte del costo laboral de las petroleras.

Los incentivos tendrán una vigencia de 20 años, según la propuesta oficial. El gobierno no dio detalles de cuál será el costo fiscal de todas estas medidas a lo largo del tiempo.

Cabe consignar que el crudo de referencia internacional, conocido como Brent, cotiza en torno de los U$S 65 el barril, un valor considerado lo suficientemente elevado como para asegurar la rentabilidad del negocio petrolero, incluido el que se realiza en la explotación de petróleo no convencional.

Revalorización

Tanto en la Secretaria de Energía, que dirige Darío Martínez, como en la industria hidrocarburífera defendieron el proyecto con diversos argumentos. Uno de ellos es que si hay más producción de petróleo y gas, se reducen las importaciones y con ello la salida de dólares destinados a comprar energía. Y si la producción de petróleo y gas sigue en aumento, las exportaciones crecerán, con lo que habrá más divisas en el país. Otra explicación es que con este plan se incentivará la demanda de bienes y servicios locales, lo que incrementará la demanda de mano de obra calificada.

El proyecto tiene, además de los beneficios directos, otros indirectos que favorecen los negocios de las petroleras. En un paper no oficial sobre el proyecto que circuló el jueves, se enfatiza que las empresas que posean derechos de explotación en cuencas, áreas y pozos en declinación, recibirán beneficios e incentivos y, además, se prevé una reducción de “requisitos” para los casos en que se trate de proyectos de pequeñas empresas. Lo mismo vale para los pozos en decadencia o inactivos por su baja rentabilidad y para los pozos que requieran de métodos de explotación más onerosos, conocidos como de recuperación secundaria y terciaria.

La más beneficiada, aunque no la única, por estas disposiciones es YPF. Según un informe del portal especializado Econojournal la petrolera semiestatal tiene un proyecto de vender áreas que considera marginales por su escasa relevancia productiva. Con la nueva legislación, YPF podría asegurarse la venta o incluso subirles la cotización a esas áreas ya que el comprador tendrá diversos beneficios otorgados por el Estado, y esos incentivos estatales se harán más profundos si quien realiza la adquisición es una petrolera de las llamadas independientes o pequeñas, que florecen en Canadá.

Del mismo modo, YPF está desplegando sistemas de recuperación secundaria y terciaria en los pozos convencionales que tiene en la cuenca austral, en la provincia de Santa Cruz. Esos esquemas también recibirían beneficios e incentivos con la nueva ley.

Cambios en la producción

El proyecto de ley se conoce en medio de un proceso de fuertes cambios en la producción de petróleo y gas en la Argentina. La tendencia está marcada por la decisión de las petroleras de concentrar la explotación en los hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y reducir las inversiones en las áreas con petróleo y gas convencional.

Según los datos del Instituto Argentino de Energía  Mosconi (IAE), que dirige Jorge Lapeña, ex secretario de Energía del gobierno de Raúl Alfonsín, el 69% del crudo explotado en el país en junio pasado era de fuente convencional, mientras que en el mismo mes de 2018 alcanzaba al 87%. En números absolutos, en junio de este año las petroleras extrajeron un promedio de 56.200 metros cúbicos diarios de crudo convencional, mientras que tres años atrás, ese valor fue de 67.300.

La contracara es el crecimiento de la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta. El promedio diario de extracción en junio de 2018 era de 9.800 metros cúbicos; tres años después, es de 25.200 metros cúbicos. Así, pasó del 12,7% del total al 31 por ciento.

En el caso del gas, la concentración de las inversiones en Vaca Muerta es más dramática y prácticamente esa producción ya representa la mitad del total, cuando en junio de 2018 solo alcanzaba al 36 por ciento. En junio pasado, el promedio diario de extracción de gas no convencional fue de 61,3 millones de metros cúbicos, mientras que en el caso del gas convencional, fue de 65,7 milllones.

Pero las empresas redujeron la producción de gas convencional más rápido que lo que aumentaron la de no convencional. El resultado es que a pesar del boom de inversiones en Vaca Muerta, la cantidad de gas que ingresó todos los días a los grandes gasoductos en junio pasado fue un 10% menor a la del mismo mes de 2019.

La producción de gas no convencional ya está “incentivada” por el precio que se estableció en el programa Gas.Ar, por el cual los consumidores pagan un gas más caro que valores de referencia locales e internacionales. En la actualidad, el Estado paga una parte de ese sobrecosto ya que el gobierno optó por no trasladar el total a las boletas de los consumidores. Al ser incluido en la ley, este programa quedará institucionalizado o, como dicen los abogados de las petroleras, tendrá una mayor seguridad jurídica.

Impacto social

El proyecto de ley tiene un capítulo de estímulo a la contratación de mujeres y diversidades en pos de una mejora en la igualdad de oportunidades en una industria que es mayoritariamente ocupada por varones, especialmente en las tareas de campo.

Pero no contempla a los miles de trabajadores petroleros que quedaron desocupados en los últimos años por el abandono de las petroleras a la actividad en las áreas menos productivas para concentrarse en Vaca Muerta. Las provincias de Santa Cruz y Chubut han sido sacudidas periódicamente por reclamos de trabajadores de la industria petrolera que perdieron sus empleos.