La dirigencia agraria dejó atrás sus diferencias y cerró filas para emprender una nueva batalla contra el gobierno nacional. En esta ocasión el desencadenante fue el cierre de las exportaciones de maíz. La decisión de las autoridades de suspender transitoriamente el registro de las DJVE (Declaraciones Juradas de Venta al Exterior) a partir del 30 de diciembre y hasta el 1 de marzo se basó en “la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación”, básicamente para alimento de vacas, cerdos y pollos, según informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sin esta salvaguarda, el costo de producción de carne y huevos subiría enormemente, estiman en esa cartera.

Las asociaciones que integran la Mesa de Enlace decidieron tomar medidas de acción directa como rechazo a esa restricción. La modalidad de la protesta será fijada en una reunión que tendrá lugar este martes entre las cúpulas de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Todo indica que se avecina un cese de ventas de granos, aunque resta fijar las características y duración de esa medida. Tampoco se descarta que haya tractorazos o reuniones de productores a los costados de la ruta y en las proximidades de centros poblados.

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El gobierno no se quedó de brazos cruzados y responsabilizó a las entidades patronales de fijarse sólo en sus propios intereses. “Por una vez los sectores agroexportadores tienen que pensar en los argentinos. Es el momento de que el esfuerzo lo hagan aquellos que pueden hacerlo”, disparó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. “Si la Mesa de Enlace hace un lockout, el Gobierno no se va a mover un centímetro”, agregó el funcionario en declaraciones al programa El Destape Radio.

En realidad, de la cosecha del año que pasó ya se vendió casi el 90%, según datos de Agricultura: de las 38,5 millones de toneladas, se autorizó la exportación de 34,2 millones. Pero la resolución oficial reavivó una inquina que viene de lejos y se remonta a los días del conflicto por las retenciones móviles, surgido en 2008. Así lo reconocen los representantes del sector. “Estalló la bronca contenida que venía de varias otras medidas. A veces parece que el gobierno busca escenarios de conflicto en vez de buscar armonía”, dijo el fin de semana Jorge Chemes, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), uno de los sectores más enfrentados con el gobierno nacional.

Con menor virulencia, también salió a fijar su posición el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la nueva agrupación que se ganó un lugar en las negociaciones con el gobierno gracias a su enfoque a favor de las exportaciones de productos con mayor valor agregado, como aceites y derivados, que permitan el ingreso al país de mayor cantidad de divisas. “Intervenir mercados es destruir producción, empleo, inversiones, consumo y exportaciones, promoviendo mayores incertidumbres que generan efectos sobre la inflación y la seguridad alimentaria”, señaló un comunicado de la CAA.

En silencio, en los últimos tiempos el Consejo desplazó a la Mesa de Enlace como representante de los intereses económicos del campo. Allí tallan fuertes las cámaras CEC y CIARA, vinculadas a la comercialización, mientras que el lugar de los productores es secundario. Por eso su surgimiento causó un realineamiento entre las entidades. Mientras CRA, Coninagro y FAA participan de sus reuniones, con cierto grado de reserva, la Sociedad Rural prefirió quedarse al margen. Eso no quita que la entidad, que agrupa a los grandes terratenientes, también criticara el cierre momentáneo de las exportaciones. “Lamentablemente ya tropezamos con esta piedra en el pasado. La escasez que se produjo con estas medidas hizo que los precios se fueran más alto”, dijo su titular, Daniel Pelegrina.

En solitario, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) respaldó el cierre de las ventas al exterior para garantizar la disponibilidad del insumo. Su presidente, Roberto Domenech, le dijo a la agencia Télam que “es una cuestión de abastecimiento; no es mucho el maíz que queda y son muchos los sectores que venimos con muchas dificultades para conseguirlo, ya desde hace 90 días”