Los productores de maíz que habían stockeado sus granos a la espera de una mejor valuación internacional o una devaluación del peso, salieron a vender con fuerza sus existencias en el mercado local, aprovechando el tipo de cambio especial que les ofreció el gobierno, de $ 340 por dólar.

Entre el martes y este miércoles, las dos jornadas con el dólar maíz, el volumen de ventas se acercó a 1,1 millones de toneladas, con casi 600.000 toneladas vendidas el martes y otras 420.000 toneladas este miércoles, según la plataforma SioGranos, que concentra todas las operaciones diarias de cereales y oleaginosas.

Para tener una referencia, los productores vendieron poco más de 800 mil toneladas en toda una semana, la última semana de mayo (último dato completo oficial de la Secretaría de Agricultura). El lunes pasado se desprendieron de 73.000 toneladas.

La Bolsa de Comercio de Rosario dijo este miércoles, respecto a las operaciones del día, que «el maíz fue nuevamente el cultivo de mayor dinamismo mostrando buena presencia de participantes y precios estables para las entregas cercanas».

El gobierno nacional lanzó este lunes una serie de medidas para mejorar la recaudación y el ingreso de dólares a las reservas del Banco Central. el ministro de Economía, Sergio Massa, las defendió como válidas para la actual coyuntura y en sintonía con el programa del FMI.

Precios

Las mayores ventas de maíz registradas (y también de sorgo, girasol y cebada, los otros granos incluidos en el dólar agro), tienen un triple impacto en la economía. De un lado, la mercadería destinada a la exportación genera divisas y mayores ingresos fiscales vía retenciones.

La producción aviar, impactada por la suba del precio del maíz.
Foto: Telam

Del otro, se produce un impulso a los precios ya que el maíz y la cebada son insumos empleados en la alimentación de animales para la producción de carne vacuna, aviar y porcina, y también se emplean en una cantidad de productos de consumo masivo, desde polenta hasta cerveza.

Este miércoles se conocieron nuevas declaraciones de grupos empresarios. El presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Juan Pablo Ravazzano, aseguró que el dólar agro tiene una “incidencia negativa directa” y que hay “alzas de costos y precios que está generando en toda la cadena de la proteína animal que impactarán fuertemente en los consumidores”. En el mismo sentido se expresaron en la Cámara Argentina de Feedlot.

Conviene recordar, con todo, que los precios de todos los productos terminados y de los insumos han mantenido un muy elevado ritmo de subas, más allá de cualquier medida oficial que se hubiera tomado.

Igualmente, las consultoras avanzaron en sacar algunas conclusiones. En EcoGo señalan que el impacto de los precios se verá en alzas en “algunos alimentos clave, como la carne vacuna, el pollo y el cerdo por el dólar agro”. Similar opinión tienen en Ecolatina.

En los números de los analistas privados pesa, por encima de todo, el incremento del valor del dólar para todas las importaciones. Como se sabe, en el caso de los servicios, se aumentó en un 25% y en el de los bienes, en un 7,5%.

En Equilibra, en cambio, dicen que el impacto será “mínimo” porque la mayoría de las importaciones se han actualizado siguiendo el valor de los dólares financieros o del blue. Los datos respaldan esa mirada: mientras que los precios de los bienes importados subieron un 155% según el Indec, la inflación lo hizo en un 115,2%, el dólar oficial mayorista (el que se emplea en el comercio exterior) en un 102,7% y el blue en un 124%.

Recaudación

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, si el reciente paquete de medidas aportase 0,8% del PIB de recursos extras en lo que resta del año, el déficit primario de 2023 podría ser de 2% del PIB. La meta de déficit fiscal primario que tiene el programa con el Fondo Monetario vigente es del 1,9%.

Pero para cumplir la meta, el gobierno de Alberto Fernández debería sostener el ajuste en los gastos de la administración pública en el mismo nivel como vino haciéndolo en el primer semestre de este año, cuando redujo un 27,3% el gasto en subsidios energéticos; 23,8% en los programas sociales; 4,6% en las jubilaciones y pensiones y 28,2% en las asignaciones familiares, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).