La manipulación de la tarifa de gas le costará a los usuarios residenciales y pymes unos 150 mil millones de pesos. El dato surge de una denuncia penal que realizó la semana pasada el interventor del Enargas, Federico Bernal, en la que acusó al exministro de Energía, Juan José Aranguren y a otros exfuncionarios del área de haber tenido «comportamientos y conductas que a primera vista encuentran encuadre en el Código Penal la Nación».
Los 150 mil millones de pesos que calculó Bernal aún no han sido abonados en su totalidad a las 11 empresas que transportan y distribuyen el gas en todo el territorio nacional. Forman parte de los ingresos que esas concesionarias reciben desde 2017 por la aplicación de la revisión tarifaria integral que se llevó a cabo a fines de 2016. Esa revisión tarifaria rige hasta fines del año próximo.
Igual que con los peajes
Según Bernal, la excusa que emplearon los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri para poner en marcha esta sobrestimación de la tarifa fue la misma que se empleó en el caso de los peajes: los juicios que las concesionarias del gas habían elevado ante el Ciadi (el organismo de arbitraje del Banco Mundial) por la pesificación y congelamiento de las tarifas desde 2002.
«Vía factura estamos pagando por los reclamos ante el Ciadi ante los cuales se asumía que la Argentina iba a perderlos. Pero allí se puede ganar o perder, y si se pierde no necesariamente es por el valor del reclamo, se puede llegar a acuerdos por valores menores. Pero en la tarifa actual se está pagando por eventuales reclamos hipotéticos asumiendo que el Estado los iba a perder todos», dijo Bernal a radio El Destape.
Sobre esa base, los funcionarios (Aranguren, Daniel Alberto Perrone, Andrés Chambouleyron, David Tezanos, Andrés Ferraris, Juan Manuel Carassale y Graciela Cristina Bevacqua) habrían actuado, según la denuncia, para darles a las concesionarias de gas (dos empresas de transporte y otras nueve de distribución) una sobreestimación de la tarifa que vendría a cubrir no sólo la recomposición real sino también lo que las empresas demandaban ante el Ciadi.
«Cuando hicieron el armado de las tarifas a fines de 2016, manipularon el factor de actualización de la base tarifaria, llevándolo a 33 artificial y arbirariamente. Ese 33 es un múltiplo, es un aumento de la base tarifaria. Cuando digo 33 es un 3300%, es decir 33 veces», explicó Bernal.
Según el interventor, de haberse seguido el criterio de la dolarización de la tarifa, ese factor de actualización debería haber sido de 24. La diferencia entre 24 y 33 son los 150 mil millones de pesos (o 1343 millones de dólares según los cálculos de la intervención del Enargas).
Se viene la anulación
La cifra surge de la extrapolación de la revisión de sólo dos de los 11 contratos, todos los cuales recibieron el factor de 33: los de Camuzzi Gas Pampeana (distribuye gas en las provincias de Buenos Aires, menos el AMBA, y La Pampa) y en Transportadora de Gas del Sur (TGS, gasoductos por lo que fluye el gas desde los yacimientos de Neuquén y Tierra del Fuego).
Ante la certeza de estar frente a una manipulación, Bernal recomendó al Poder Ejecutivo un curso de acción: «Que se declaren nulas las resoluciones que llevaron a esas tarifas y que se las revoque por ilegítimas».
Bernal aseguró que la intervención del Enargas tiene muchas pruebas sobre la manipulación del factor de actualización de la tarifa. «Tenemos una cantidad de correos electrónicos que dan prueba de esa manipulación. Además, tenemos una presentación de Power Point que presentó Chambouleyron el 20 de diciembre de 2016, donde dice: ‘Si les damos 24, hay un cálculo económico, y si les damos 33 hay otro resultado. La diferencia de 33 versus 24 = pago implícito por reclamos históricos. ¿Suficiente para que renuncien a los reclamos?’”.
