Las empresas transportadoras y distribuidoras de gas se descolgarán con reclamos para aumentar sus precios en alrededor de un 80 por ciento. Lo harán en la audiencia pública covocada por el ente regulador (Enargas), que tendrá lugar este miércoles a partir de las 9 horas.

El encuentro, que se desarrollará íntegramente en forma virtual, tendrá por objeto discutir la adecuación transitoria de las tarifas, en los términos dispuestos por el decreto 1020, que fija una estructura provisoria hasta que finalice la nueva revisión tarifaria integral, tanto para los servicios de gas natural como para los de energía eléctrica que están bajo jurisdicción federal.

El complejo esquema regulatorio vigente separa la producción y comercialización del gas en tres partes: la producción y su inyección en el sistema de transporte; el transporte propiamente dicho y la distribución domiciliaria. Esos tres componentes, más los impuestos nacionales y provinciales, integran el valor final que los consumidores abonan para poder contar con el servicio.

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Si se respetaran esos reclamos, consignados en las documentos presentados al Enargas (que el ente colgó en su página web), la tarifa residencial subiría en un promedio de 40 por ciento. Ese es el doble del 20% que dejó trascender el gobierno como meta de actualización para 2022. Por eso se cree que una vez escuchada la posición de las compañías y también de las organizaciones de consumidores que participarán de la audiencia, el Estado concederá incrementos bastante menores. Algunos rumores dan cuenta de que el interventor del Enargas, Federico Bernal, ya habría informado a las interesadas su intención de permitir un ajuste en sus cuadros tarifarios de no más del 30% a las distribuidoras. A las dos transportadoras (TGN y TGS) se les reconocería una suba de entre 50% y 55%, en consideración a que en 2021 no tuvieron ningún aumento.

Los incrementos solicitados difieren levemente según cada empresa. Además, algunas ofrecieron alternativas en las que prorratean de manera distinta el ajuste entre sus clientes. En el área metropolitana, Naturgy pide un 82,9%, teniendo en cuenta la inflación de 2021, la esperada para el año recién iniciado y descontando el ajuste de marzo de 2021. A Metrogas, esa misma cuenta le da 76,23 por ciento. Sin embargo, esta última (donde YPF tiene la mayoría accionaria) puntualiza la necesidad de encarar con urgencia la revisión tarifaria integral (RTI) para contar con certidumbre sobre sus ingresos sin depender de la discrecionalidad del Estado: «La operabilidad del sistema no es sostenible si se la pretende llevar adelante a base de endeudamiento financiero o de capital sin un retorno medianamente asegurable, como tampoco lo es a base de endeudamiento comercial con los proveedores», expresa.

El reclamo es compartido en líneas generales por las demás distribuidoras del país: Litoral, GasNea, GasNor, Cuyana, Gas del Centro y Camuzzi (Pampeana y del Sur). Todas dicen que necesitan recursos para financiar su operación y las inversiones necesarias para mantener el servicio. Además, dejan en claro su rechazo al decreto 1020, que impuso el congelamiento y reivindican la RTI celebrada durante el macrismo, que les garantizaba ajustes semestrales en base a los precios mayoristas. Por eso Redengas (subdistribuidora en la ciudad de Paraná) se despachó con un pedido de 232%, equivalente a la suba de precios desde la última vez que se aplicó ese mecanismo, en marzo de 2019.

Lo curioso es que a pesar de ese pedido de aplicar a ultranza la actualización por el IPIM (índice de precios mayoristas), las propias empresas admiten que no es el mejor indicador que refleje sus costos. Por ejemplo, GasNea, que opera en cinco provincias del Noreste y Litoral, armó su pedido teniendo en cuenta mayoritariamente el costo de variación salarial (CVS) en un 53%; y luego consideró en un 25% los precios mayoristas, en un 9% los precios al consumidor y en un 13% la suba de materiales de construcción. La cuenta le dio 82,04 por ciento.

Se descuenta que luego de la audiencia y de lo que decida el Enargas, la discusión continuará. Por caso, Transportadora de Gas del Sur, dominada por Tecpetrol (grupo Techint) y CGC (la petrolera de Eurnekian), no sólo reclama un 82% en marzo y un 25% adicional en septiembre; también deja abierta la instancia jurídica: «Se deja expresa constancia que el Régimen Tarifario de Transición aquí propuesto no implica ni debe entenderse como una renuncia a los recursos administrativos oportunamente presentados”, anticipó TGS.

El sistema

  • Las normas regulatorias separan las etapas de producción y comercialización del gas en tres partes: su producción e inyección en el sistema de transporte; el envío a través de gasoductos; y la distribución a industrias y domicilios.
  • La relación con las productoras la maneja la Secretaría de Energía. Las transportadoras y distribuidoras dependen del Enargas, que autoriza sus cuadros tarifarios.
  • Después de años de precio congelado y regulado, el macrismo había autorizado una revisión tarifaria que incluía la actualización automática por el índice de precios mayoristas (IPIM) cada seis meses.
  • A fines de 2020 el gobierno anunció un congelamiento de las tarifas y un esquema transitorio hasta que se acordara una nueva revisión integral.
  • El año pasado el Enargas autorizó un incremento de 26% a las empresas distribuidoras y postergó los pedidos de las transportadoras. Para los usuarios, el ajuste rondó el 9 por ciento.
  • La pauta oficial para 2022 incluye aumentos de no más de 20% en las boletas de los consumidores.