Una semana después de presentar en términos conceptuales su visión de la posición de Argentina en relación al futuro del mercado automotriz, el presidente Alberto Fernández anunció este martes una batería de medidas destinadas al sector. Aunque en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo habló de electromovilidad, esta vez esa iniciativa presidencial quedó para más adelante.

En rigor, las propuestas del gobierno para la industria del automóvil están marcadas más por la urgencia macroeconómica que por el diseño de un porvenir ecológico y tecnológico. La necesidad pasa por los dólares, y el plan oficial apunta tanto a evitar que salgan divisas como a sumar nuevas a las reservas del Banco Central.

Fernández fue enfático en ello: “Cada vez que tengamos un mayor porcentaje de producción nacional en autos” será positivo porque “eso no solo genera producción y trabajo sino que nos evita importar y que de ese modo perdamos divisas, que hoy en día debemos preservar, cuidar, y reconstruir unas reservas que estuvieron muy alicaídas y que de hace unos meses a acá, poco a poco, vamos recomponiendo”.

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El presidente estuvo acompañado por los ministros Martín Guzmán, de Economía, y Matías Kulfas, de Desarrollo Social.

Los beneficios

Kulfas anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz y su Cadena de Valor, que propone beneficios impositivos para las nuevas inversiones de las fábricas de autos. Esas inversiones deben tener un monto mínimo y sostener durante cinco años la compra de autopartes locales en una determinada proporción.

Además, plantea la creación del Instituto de la Movilidad, un ente de derecho público no estatal que buscará coordinar entre los diferentes eslabones de la cadena de valor, el Estado Nacional, los trabajadores y las instituciones de apoyo científico y tecnológico.

Respecto de los beneficios tributarios, el proyecto de ley plantea estos beneficios:

-Los créditos generados por el IVA por la compra de bienes de capital podrán usarse para pagar otros impuestos nacionales.

-Se podrá acelerar la amortización en el Impuesto a las Ganancias para los bienes muebles y para obras de infraestructura.

-Derecho de exportación del 0% a la exportación de los bienes producidos a partir de proyectos aprobados en el marco de este régimen.

Figurita repetida

El esquema consensuado entre el gobierno y las automotrices repite una propuesta que este gobierno está empleando a menudo: resignar ingresos actuales a cambio de incrementar los futuros. La apuesta no está exenta de riesgos y siempre tiene el carácter polémico de que se le están otorgando beneficios a industrias que obtienen ganancias, en parte gracias a esos beneficios, y que en muchas ocasiones no respetan los derechos de sus trabajadores.

Con todo, la postura del gobierno se reafirma sobre lo que ya puede considerarse una política de Estado en la materia. En 2008, el gobierno de Cristina Fernández sancionó la Ley 26.393, de Desarrollo y Consolidación del Sector Autopartista Nacional, por la cual las fábricas de autos recibieron un reintegro en efectivo del 8% del valor de la compra de autopartes locales para nuevas plataformas que implicasen una inversión mínima de U$S 30 millones. Los fabricantes de motores y cajas de cambio también recibieron un beneficio similar.

Bajo el imperio de esa ley, las automotrices realizaron varias inversiones. En diciembre de 2011 el gobierno aprobó los planes de Fiat y Volkswagen. En julio de 2012 fue el turno de Ford. Toyota y Peugeot también se sumaron a los fabricantes de autos que recibieron el beneficio a cambio de inversiones en nuevas plataformas.

Luego, en 2016, el gobierno de Mauricio Macri sancionó la Ley 27.263, aun vigente, que creó el Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, por el cual las fábricas de autos reciben, ya no un reintegro en efectivo, sino un bono o certificado con el que pueden pagar todos los impuestos nacionales y lo pueden ceder a terceros. Esta ley amplió el universo de destinos posibles de las autopartes, al incluir la maquinaria agrícola y los camiones livianos a los vehículos, utilitarios, camiones y ómnibus de la norma anterior. También tiene por destino las nuevas plataformas, aunque los montos de inversión fueron más elevados: U$S 50 millones para autos y utilitarios y U$S 20 millones para camiones y ómnibus.

En el Presupuesto 2021 están previstos $ 7600 millones en beneficios impositivos por los certificados de crédito fiscal en favor de las automotrices. La cifra es un 25% menor a la que se previó desembolsar en 2020, de $ 10.000 millones. También hay una partida de $ 150 millones para eximir de derechos para las automotrices que importen piezas que no se producen en la Argentina a lo largo de este año.

Estos antecedentes pueden servir como idea de hacia dónde se dirigirá el proyecto del gobierno para que la industria automotriz –una vez más- reciba un estímulo para producir.