La flamante conducción de la CGT ratificó su alineamiento con el gobierno nacional y, por esa vía, con su estrategia de acordar con el FMI la reestructuración de la deuda. Para la conducción de la central obrera, el acuerdo deberá garantizar que no haya ajuste sobre la clase trabajadora.

Con el propósito de clausurar el frente interno y reforzar el bloque político para avanzar en el plan plurianual que anunció el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán se acercó esta semana a la sede de Azopardo de la CGT para reunirse con su cúpula. Luego realizó una exposición frente a unos 150 dirigentes, a quienes les repitió que la intención del gobierno es la de avanzar en ese acuerdo garantizando el crecimiento y la recuperación del empleo.

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Los líderes de la CGT ya habían manifestado su intención de integrar una mesa de diálogo con el gobierno y, en respuesta, habían recibido la invitación a participar del Consejo Económico y Social por donde, aseguran, pasarán los lineamientos del Plan Plurianual.

Pero sin que se hayan conocido aún los términos del acuerdo con el FMI y los detalles del plan plurianual, la conducción aseguró sentirse «satisfecha» con las explicaciones de Guzmán y, a la vez, adelantó su «acompañamiento» al gobierno en su estrategia de negociación.

Sin embargo, todo acuerdo con el FMI implica una política de reducción del déficit fiscal sobre el PBI que podría incluir un recorte de gastos o, eventualmente, una suba de la recaudación. Esta se podría generar a partir de un crecimiento de la economía o a través de una reforma tributaria que, para que no implique un ajuste sobre los trabajadores o el gasto social, debería gravar a los sectores del capital.

Lo que adelantó Guzmán a los líderes de la CGT es la intención del gobierno de alcanzar un acuerdo que implique un período de gracia hasta 2026 y se mostró confiado en lograrlo.

En diálogo con Tiempo, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, señaló que la reunión fue «muy positiva» y afirmó: «No recuerdo otra instancia donde un ministro de Economía venga a la CGT». Más en concreto, identificó «bastantes coincidencias con nuestras posiciones». Detalló, además, que Guzmán priorizó lograr «una estabilidad de la macro y un acuerdo que no signifique un ajuste».

Otro de los dirigentes de la CGT agrupado en el bloque que responde a Pablo Moyano, el dirigente de los Canillitas, Omar Plaini, coincidió en que «(Guzmán) lo definió como un programa de desarrollo sustentable. Va en dirección de lo que venimos planteando en la CGT en el programa de seis puntos que elaboramos después de 40 años de no tener un programa. Reafirmó que nuestro gobierno no va a firmar un acuerdo de ajuste porque impediría la recuperación».

Más allá de lo discursivo y las expresiones de deseo, lo cierto es que el pago de la deuda deberá recaer sobre algún sector.

Para Plaini, «por supuesto que alguien tiene que pagar y se habló del sistema tributario pero sin dar detalles. Acompañamos las buenas intenciones del gobierno y esperamos que se cumplan».

Rodríguez reconoció: «No creemos que haya que crear nuevos impuestos. Este acuerdo de que los pagos se llevarían al 2026 daría la posibilidad de recuperar la economía con creación de empleo e inversiones. Eso daría margen hasta el momento en que haya que pagar». Por eso, aseguró, «lo más importante es vigilar e incentivar el mercado interno y, en la medida en que se pueda, aumentar los salarios por encima de la inflación y crear nuevos puestos. Es un círculo virtuoso que llevará a que no sea necesaria una baja superior del déficit».

Plaini señaló que «se busca un acuerdo que agregue valor, disminuya la inflación y que eso permita refinanciar lo que haya que pagar. Confiamos en eso». Pero se atajó: «La obra de arte no está en escribir un plan sino en realizarlo. Ya veremos cuando el gobierno lo ejecute, el camino se hace al andar».

El viernes fue el turno de las organizaciones sociales alineadas con el gobierno, que mantuvieron una reunión en Casa Rosada con Fernández. Los dirigentes presentes ratificaron su apoyo a la estrategia de lograr un «acuerdo sin ajuste». Sin embargo, entre los presentes no estaban los dirigentes de las organizaciones independientes que exhiben un gran poder de movilización y se oponen al pacto con el FMI, ni Juan Carlos Alderete, dirigente de la CCC y diputado por la coalición oficial que ya adelantó su voto negativo en el Congreso al pago de la deuda con el FMI. En diálogo con Tiempo, señaló que «en 2001 se declaró el default y la salida de la convertibilidad. Estuvimos tres años en default y fueron los de mayor crecimiento del país, fue el único período en que la deuda no creció», justificó. «