Treinta y una asociaciones de defensa de los consumidores elevaron una carta dirigida al subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, y más en extenso, al secretario de Energía, Darío Martínez, en la que exigen respuestas a preguntas sobre 8 temas vinculados con la segmentación tarifaria. Las ONG también solicitan «una reunión con carácter urgente» con los funcionarios.

Las ONG integran las Comisiones de Usuarios de los dos entes reguladores: Enargas (servicio de gas por redes) y del Enre (electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, además del transporte de electricidad por redes de alta tensión).

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En la carta aseguran que a partir de la publicación del decreto 332/2022, que estableció la segmentación tarifaria, «se introducen modificaciones sustanciales en el esquema de subsidios vigente y en los mecanismos y requisitos necesarios para su implementación».

«Frente a ese escenario y de acuerdo a lo que surge del mencionado decreto, la situación de las personas usuarias de estos servicios se verá afectada significativamente», refiere el texto.

En ese sentido, las asociaciones llamaron la atención sobre dos aspectos de la decisión oficial. «Por un lado, la regla general pasará a ser la quita de subsidios universal, los cuales se otorgarán únicamente a pedido de parte», señalaron.

«Por otro lado, a raíz de los criterios que definirán cada nivel y la novedosa consideración del grupo familiar, se observará la disminución del universo que actualmente está alcanzado por la Tarifa Social, como así también un incremento de los sectores medios que serán incorporados en el nivel 1, el cual será mayor al 10% anunciado en la última Audiencia Pública por el Estado Nacional», agregó.

Las organizaciones consideraron «esencial» que se brinde a la Comisión de Usuarios del Enargas y a su símil del Enre, «y a la ciudadanía toda» información «adecuada, veraz, completa y oportuna respecto» a las modificaciones que introdujo el decreto 332.

Para Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, alrededor de nueve millones medidores «se van a anotar parta mantener el subsidio. Por ello, la declaración jurada tiene que ser de aplicación inmediata, más allá de la potestad estatal de revisar los datos que consigne cada usuario. Pero eso no está claro ni garantizado».

Boada apuntó que «se supera el 10% de usuarios que pasan a tarifa plena, porque hay más familias que individuos que llegan a 350 mil pesos por mes». Y agrega: «No sé si estamos tan de acuerdo en ese criterio».

En tanto, Osvaldo Bassano, de la Asociacion de Defensa de Usuarios y Consumidores (Adduc) observa que en el decreto 332 existen «incongruencias como la de la tarifa social y términos que violentan la defensa del consumidot, como la retroactividad de la vigencia de la nueva tarifa y el criterio de grupo familiar y no individual». Agrega: «Mandan a investigar a 47 millones de habitantes del país».

Bassano opina que «el que loredactó (al decreto) no tiene idea del derecho al consumidor. Tiene frases que son insostenibles».

Según este especialista, por la forma como está escrito, «el 50% de los usuarios podría entrar en la quita de subsidios».

Bassano señala que «tuvimos reuniones con el subsecreatrio de Energía después de audiencia pública. Le hicimos saber de distintas preocupaciones. Pero lo que ha salido es cualquier cosa».

Y concluye: «Esta es una de las condiciones del acuerdo con el FMI para pagar una deuda del gobierno pasado».

Para Boada, «se va a desacreditar la opinión de que las tarifas de servicios públicos deben estar segmentadas y el secreto de eso es que los servicios públicos son un derecho humano». «