La votación en particular de los agregados al Presupuesto 2023 trajo más que hablar que la hoja de ruta en su conjunto. Entre las novedades se destaca el artículo 89 de la norma que contempla las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa, (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El pasivo, que las distribuidoras adjudican al atraso de las tarifas residenciales frente a la inflación, se estima en $ 530.000 millones y su regularización fue motivo de debate en la Cámara Baja.
Cammesa le compra energía a las generadoras y luego la vende subsidiada a las transportistas y distribuidoras, que le cargan el valor agregado a ese precio subsidiado. Pero el esquema es deficitario porque, según señalan en el Ministerio de Economía, mientras las empresas no cancelan la compra con Cammesa, colocan las ganancias en un plazo fijo. Incluso destacan el caso de una compañía que tenía excedentes puestos al 70% en este instrumento.
Tanto para liquidar la deuda como para solucionar irregularidades, el artículo 89 del Presupuesto contempla un plan de pago y también un sistema que establezca por cada aumento tarifario, la actualización de la deuda de las distribuidoras con Cammesa. «Aumenta la tarifa, aumentan la deuda», sentencian desde la Secretaría de Energía.
Desde el Palacio de Hacienda consideran que el nuevo mecanismo «prioriza y protege los intereses del Estado Nacional frente al sector privado». Cerca de Massa se diferencian de la gestión económica desarrollada durante 2021 por Martín Guzmán. «El exministro dejó una resolución a la firma para que las distribuidoras devuelvan el 50% de la deuda acumulada. Massa no iba a firmar eso, y menos con Manzano en Edenor», comentaron a Tiempo.
El 40% del total de la deuda corresponde a las distribuidoras Edenor, recientemente adquirida por los empresarios José Luis Manzano y Daniel Vila, y Edesur. Como es conocido el vínculo personal que los une a Massa, desde el entorno del funcionario ratifican que «no buscan trabajar para ellos», más bien proponen esta medida, pese a que se vean afectados.
Por otro lado, el artículo 89 determina «un plan de regularización de deudas de hasta 96 cuotas mensuales», o sea, ocho años.
«El plan de pagos asume que todos los números están bien y les dan pulmón a las distribuidoras para cancelar. En el fondo es un tema fiscal que terminaremos resolviendo los usuarios», opina Sergio Echebarrena, expresidente de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro Energética (CAPIPE). Además, resalta: «Las cooperativas de distribución siempre están peor que Edenor o Edesur, hay que protegerlas».
Asimismo, las distribuidoras, administraciones o empresas provinciales distribuidoras de energía eléctrica, que al 30 de septiembre de 2022 no registren deuda con Camesa y/o con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), la Secretaría de Energía establecerá mecanismos especiales de reconocimiento de créditos en los términos que establezca la reglamentación.
Aunque fue aprobada, la cláusula generó reservas en diputados de la oposición. Es el caso de Jimena Latorre, (UCR por Mendoza): planteó que «ni las provincias ni los municipios son parte de la relación contractual entre Cammesa y las deudoras, que son las distribuidoras». Es que hubo un verbo que suscitó discusión: «garantizar». Refería a que el Poder Ejecutivo, provincias y municipios debían no solo controlar, sino garantizar «el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción».
Tarifazos en el AMBA
Otro punto del texto tendrá impacto en los usuarios residenciales: autoriza a las distribuidoras del área de Buenos Aires a tener un nuevo cuadro tarifario en 90 días. Será para poder cancelar las deudas con Camesa. «Hay un incumplimiento del contrato que partía de que el gobierno nacional no dejaba aumentar tarifas, entonces no estaban dejando cubrir los gastos en su totalidad», comentó Latorre.
Fuentes del sector indican a este diario que «las principales causas que ocasionaron el incremento de las deudas de las distribuidoras con Cammesa son el congelamiento del Valor Agregado de Distribución -VAD- que es el único ingreso de las empresas de distribución». Y, tal como algunos legisladores de la oposición, expresan: «Las distribuidoras del interior tuvieron un incremento del VAD (que luego se traslada parcialmente al usuario) algo cercano a la inflación. La mayor deuda la concentran las jurisdicciones que tuvieron ajustes del VAD muy por debajo de la inflación».
La meta es acercarse paulatinamente al valor de las tarifas cobradas en otros puntos del país. «En una economía inflacionaria se deberían realizar ajustes al menos trimestrales», reclama una importante entidad del sector energético.
La revisión tarifaria tendrá que ser, en este caso, convocada por el ENRE. Puede que los aumentos recién se apliquen en marzo, primero se deberá convocar a las audiencias. Igualmente, el proceso irá por otro carril que la quita paulatina de subsidios de acuerdo a la capacidad económica y patrimonial de cada usuario. «
Un acuerdo en Comodoro Rivadavia
A fines de octubre, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia firmó la refinanciación de una deuda de más de $ 11 millones con Cammesa mediante un plan de pagos de 96 cuotas con seis meses de gracia y una tasa de interés subsidiada. El acuerdo se firmó con la presencia de la secretaria de Energía, Flavia Royón, la presidenta de la SCPL, Anabella Cardillo, y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.
En la refinanciación hay una quita de intereses del 40% del período de pandemia, que se toma desde el inicio hasta septiembre de 2020. Los primeros seis meses la cuota será de $ 232.000.000, según el presidente de la entidad.
Se trata de una deuda que se generó por «la diferencia entre las tarifas y la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica y alumbrado público», explicaron desde la cooperativa.
