La propuesta de Javier Milei es reducir los subsidios que el Estado entrega a las empresas que distribuyen el gas como compensación por las bajas tarifas y, al mismo tiempo, no tocar los subsidios que benefician a las petroleras que extraen gas en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.
Estas transferencias, que forman parte del Plan Gas.Ar, sumaron $ 112.890 millones en los primeros 11 meses de este año, lo que representó una suba del 283,7% respecto al mismo acumulado de 2022, según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, que depende de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. El incremento implica una suba real del 79,8% una vez descontada la inflación. El Plan Gas.Ar estará vigente hasta 2028.
Según el designado secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, este subsidio se mantendrá para sostener la producción en el yacimiento neuquino, más cuando las petroleras ya advirtieron que ello forma parte de la «seguridad jurídica»: afirman que sus inversiones futuras están atadas al dinero estatal que reciban por esa vía.
Así lo dejó en claro en el inicio de esta semana Mariano D’Agostino, vicepresidente comercial de la petrolera Wintershall DEA, quien en una conferencia con periodistas aseguró que la firma tiene «en el marco del Plan Gas 450 millones de euros de inversiones planeadas». Agregó que «estos planes de inversión se financian con fondos que se cobran del Plan Gas, con lo cual hace a la continuidad de esos planes de inversión el cumplimiento del Plan Gas», agregó.
Las tarifas del gas
Mientras tanto, el próximo gobierno de ultraderecha avanza en la elaboración de la hoja de ruta que reducirá los subsidios al valor del gas que reciben los consumidores (es decir, el beneficio va a los bolsillos de las empresas distribuidoras de gas).
Ante ello, la asociación de defensa del consumidor Deuco advirtió que 3,5 millones de usuarios de gas natural podrían tener aumentos de entre el 87% y el 102% en su facturas «si el próximo gobierno le quita el subsidio a los usuarios de menores ingresos» que están empadronados en el nivel 2.
La ONG que dirige Pedro Bussetti recordó que la segmentación tarifaria fue dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 332/2022, que ubicó a los usuarios de gas natural en distintos niveles (1, 2 o 3) según sus ingresos. Así, «en nuestro país, según la Secretaría de Energía, hay 3.500.000 usuarios de casas de familia (usuarios residenciales) categorizados en el nivel 2», al que pertenecen los usuarios de menores ingresos, por debajo de los $ 345.295,45 (1a canasta básica total para un hogar tipo 2 según el Indec).
«En este segmento de usuarios se encuentran los jubilados y pensionados, los trabajadores autónomos, los monotributistas y los asalariados no registrados», recordó Deuco. Estos sectores abonan el metro cúbico con un subsidio superior al 50% respecto del valor que pagan los usuarios nivel 1, que no tienen subsidio y pagan la tarifa plena.
Además, los usuarios nivel 2 pagan montos por el cargo fijo que son un 27% inferiores que los que abonan los del Nivel 1.
Deuco concluyó: «De acuerdo a lo expuesto, de quitarse el subsidio a los usuarios de menores ingresos del nivel 2, estos sufrirían aumentos en el valor de sus facturas que oscilan entre el 87,7% y el 102,33%».
Deuco ya había informado que la misma decisión en materia de tarifas de electricidad implicaría aumentos en las tarifas del nivel 2 de entre el 110% y el 240%.
Si bien el impacto sería menor entre los usuarios del nivel 3 (subsidio reducido), esa quita de subsidios también amenaza a ese segmento de usuarios. «
Igualados por el ajuste
La quita de subsidios impactó de manera diversa a cada nivel de usuario. Según el Instituto Interdisciplinario de Economía Política, la factura de gas promedio de todo el país que reciben los hogares del nivel 1 es de $ 12.430. Pero las diferencias entre los niveles 2 y 3 son mínimas: los usuarios del nivel 3 (sectores medios) abonan $ 5248 en promedio mientras que los del nivel 2 (hogares vulnerables) pagan $ 4869, apenas un 7% menos.
El organismo indicó que en los diez meses de 2023 los subsidios representan el 13% de los gastos primarios, un punto porcentual menos que en igual periodo de 2022.
