“Te informamos que los precios se incrementarán hasta un 8% desde mayo y hasta un 7% desde junio”. Sin mayores preámbulos, Movistar informó a sus clientes que desobedece la ley y aplica aumentos clandestinos.

Lo mismo hizo Telecom, dueña de Cablevisión y Fibertel, que anunció incrementos del 10%, con un agravante más: “Tu actual promoción asociada al servicio de televisión y/o internet mantendrá su vigencia y valor nominal”. Aunque suene bonito, lo que informan es que el beneficio de la promoción no se aplica en términos porcentuales, por lo cual en la práctica el cliente deberá pagar más.

Por ejemplo, si el servicio cuesta $ 2.500 y tiene un descuento del 30%, el cliente paga $ 1.750. Con el nuevo aumento, el servicio pasará a costar $ 2.750, pero el descuento no será del 20%, sino de $ 750 (valor nominal); por tanto, el cliente pagará $ 2.000, en lugar de $ 1.925. La diferencia, en principio, no es muy grande, pero si la misma lógica se sostiene en el tiempo, el beneficio ofrecido quedará diluido.

En el caso de Telecentro, anunció a sus clientes que a partir del 1 de junio habrá un ajuste del 10% en el servicio e invitó a quien no gusta a darse de baja, acción que no suele ser nada fácil cuando el cliente se comunica con la empresa. “En caso de no aceptarse tal modificación, el cliente podrá rescindir el servicio sin cargo”, aseguraron desde la firma.

Por el momento, Claro y Personal no anunciaron nuevas subas. Así, tres grandes jugadores del sector dieron el puntapié inicial para imponer subas por fuera de la ley.

La guerra con el Enacom

A partir del DNU 690/20, que declaró esenciales a los servicios de internet, TV paga y telefonía, el poder ejecutivo es el encargado de autorizar los aumentos que pueden implementar las compañías proveedoras. Una lógica similar a la de otros servicios privados regulados por el Estado como lo son las Prepagas.

El encargado de hacer ese trabajo es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que autorizó un 5% de suba para enero, un 7,5% para febrero y un 2,5% para marzo. Esto desató la ira de las compañías, que impusieron aumentos mucho más grandes a los permitidos y judicializaron el DNU. Desde el Enacom, han mantenido una postura firme al respecto e intimaron a las empresas a devolver el dinero a los clientes. Según denuncias de los propios clientes, esto no se ha cumplido en todos los casos.

Desde Telecom, fijaron posición: “No estamos al margen de ninguna ley, sino al amparo de un fallo de un juez federal que declaró inconstitucional el DNU y todas las normas dictadas en su consecuencia y le ordenó al Enacom abstenerse de aplicar el decreto y las normas dictadas en su consecuencia. El fallo es de ATVC para sus asociados y está en la web de esa cámara”. 

En términos judiciales, las empresas han presentado amparos (a excepción de Claro) que han sido rechazados de manera sistemática por los distintos juzgados, excepto por uno: el juzgado federal N°1 de Córdoba autorizó a una empresa proveedora local a establecer aumentos por encima de lo autorizado por el Enacom. Aunque la cautelar no es vinculante, las grandes empresas se aferran a esta para continuar con las subas.

En el medio, en una suerte de tregua, el gobierno y las empresas se reunieron la semana pasada para rubricar la Prestación Básica Universal, con planes que ofrecen telefonía móvil por $ 350 y 10 Megas de internet por $ 800, entre otros planes destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad.