Latam anunció a fines de mayo su intención de retirarse del país. Ya había implementado el pago del 50% del salario de abril en forma unilateral, algo que tuvo que revisar por la intervención del Ministerio de Trabajo en momentos en los que el gobierno definía el subsidio ATP, al cual se abrazó enseguida la compañía. Ese beneficio alcanzó incluso a su CEO, Rosario Algelt, que percibió los $33 mil financiados por el Estado como parte de su salario y fue quien, días después, anunciaría el despido de 1705 trabajadores. 

La semana que pasó se realizó una audiencia en el marco del Proceso Preventivo de Crisis (PPC) en la cual la empresa ratificó su cierre y la cesantía de la totalidad de los trabajadores pero, en nombre de una supuesta crisis, anunció que no pagaría la doble indemnización que rige en el país desde diciembre de 2019. En nombre del PPC ofrece indemnizaciones del 50% o retiros voluntarios al 100%. 

La sorpresa se produjo en la madrugada del martes cuando una empresa tercerizada de mantenimiento mendocina, New Air, comenzó las operaciones de “desprevención” necesarias para operar los aviones se encuentran apostados en los hangares de Aeroparque. Se trata de seis Airbus 320 de los trece que conforman la flota de Latam Argentina con matrícula local. También hay dos aeronaves en los hangares de Ezeiza y otras cinco que, fuentes gremiales creen que ya están en Santiago de Chile. 

Guillermo Cruz, titular del sindicato que representa a los técnicos de la empresa, señaló que “en teoría esa tarea debería hacerla gente de USTARA. Tanto la preservación de los aviones como la llamada despreservación”. Pero Cruz, destacó que la medida se produjo “en medio de una situación que no solo es gremial sino política porque el ministerio de Trabajo dictaminó que tiene que pagar los sueldos y ponerse a derecho”. 

Una vez anoticiados de los movimientos en los hangares, los técnicos rodearon el hangar para impedir la salida de las aeronaves que, por su antigüedad, podrían estar valuadas en alrededor de 15 millones de dólares cada una y, en todo caso, representan una garantía para al menos el cobro de las indemnizaciones de los trabajadores. 

Eduardo Saab, delegado de APA que representa al personal de tierra aseguró a tiempo que la intención era mover las aeronaves: “vinieron a buscar los aviones con una empresa tercerizada. De guapos. Los trabajadores de USTARA los echaron e hicieron una suerte de acampe”. 

Sin embargo la operación debía contar con la autorización de la ANAC que regula el flujo aéreo civil en nuestro país. Para Saab, “la ANAC no reaccionó hasta que se produjo la protesta. No te quepa ninguna duda que se los llevaban. Es una locura, no es un camión, ¡son aviones!”. 

El delegado confió que, funcionarios de la ANAC ahora aseguran que no permitirán que se produzcan los vuelos que, desde la visión de los trabajadores, representa un vaciamiento de la compañía. 

Desde Ustara, Cruz recalcó que “todo el proceso debe ser autorizado por la ANAC. Lo iban hacer en forma unilateral. Es muy difícil creer que la ANAC hubiera autorizado esa salida tomando en cuenta la magnitud del conflicto. Pero los chilenos son muy de este estilo compulsivo y pedante”. 

El delegado de los técnicos explicó que para mover esos aviones “hay que hacer un ‘work package’ que es atributo de Lan Argentina y su centro de mantenimiento que lo presenta ante la ANAC. Pero lo hicieron desde Chile”. 

Por su parte, explicaron que “hicimos denuncias en la ANAC y en otras instancias para que la autoridad desautorice toda operación de ese tipo. Como no tuvimos respuestas entonces actuamos personalmente”. 

Saab de APA adelantó que a las 18 horas coratarán la Costanera “reclamando que los aviones no se vayan del país y, particularmente, reclamando la continuidad laboral”. 

Las aspiraciones de Cruz son más austeras: “el hecho de haber impedido la salida con una autoconvocatoria es importante. Los aviones son un capital. Si la empresa se quiere ir no tenemos forma de detenerla lo tiene que hacer en función de la normativa vigente. Tiene que cumplir con la doble indemnización que plantea la ley. No podes pasar por arriba de todos”.

En una entrevista exclusiva con Tiempo Argentino, el titular de APLA, el gremio de pilotos, Pablo Biró, aseguró que la empresa se irá porque ya logró las condiciones para desarrollar el negocio que quiere desarrollar en la Argentina triangulando aeropuertos del interior del país con distribuidores regionales como Lima, San Pablo y Santiago de Chile.