“Según el diccionario, ‘gil’ es una persona lenta a la que le falta viveza y picardía, aunque ya sabemos que ‘laburante’, ‘tipo honesto’, ‘gente que cumple las normas’, terminan siendo sinónimos de ‘gil’. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los ‘giles’ se convierte en una verdadera patada en los dientes y uno dice: ¡Basta!”. La frase pertenece a la película La odisea de los giles, aunque bien podría aplicarse al colectivo de Hipotecados UVA, que dicen “basta” ante una “estafa” que provino nada menos que del Estado.

Hay en todo el país 105 mil familias hipotecadas con créditos UVA, lanzados con bombos y platillos durante el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de 2017, comenzaron a otorgarse de manera masiva y el 80% de los créditos los dio la banca pública (Nación, Ciudad, provincias).

La promesa fue que el monto de las cuotas no superaría al de un alquiler y que, si bien estaban indexados por inflación, eso no era problema porque sería de apenas un dígito y, en cualquier caso, no perdería contra el salario. La inflación durante el gobierno Pro fue del 300% y la burbuja de los créditos UVA explotó.

La odisea no terminó con el nuevo gobierno, pese a las promesas de campaña. Apenas se logró un cambio en la fórmula de indexación no retroactiva y un congelamiento de la cuota a partir de la crisis sanitaria, que finalizó a inicios de marzo.

Alguien que en enero de 2018 obtuvo un crédito por 2 millones de pesos, con tasa del 5% a 20 años (equivalente a unos U$S 105 mil), empezó pagando una cuota de $ 13.200. Hoy, abril de 2021, esa cuota se ubica en $ 38.000. Además de la suba en la cuota, esa persona le debe al banco $ 6.100.000; es decir, la cuota subió casi un 200% y la deuda, poco más del 200%. Siempre y cuando no se haya atrasado en ningún pago.

Julia Irazoqui, damnificada y abogada del colectivo Hipotecados UVA en Córdoba, explica a Tiempo: “Hace más de dos años que acreditamos que esto iba a pasar. La actualización del capital desmadra el sistema. Hemos hecho proyecciones con economistas y contadores públicos, para ver cómo se iba a comportar el crédito, a partir de fluctuaciones conservadoras, y nos arroja un panorama devastador: al séptimo año de vida del crédito, va a ser imposible de pagar. La relación salario–cuota va a estar por encima del 70%, cuando el Estado nos prometió que no superaría el 35%”.

“Esto ya ha ocurrido en el país, cuando las hipotecas del campo en la salida de la convertibilidad o la Ley 1050 durante la dictadura; en el mundo, ocurrió con la burbuja de 2008”, apunta y detalla: “Hoy, un 30% de los hipotecados están en una situación muy complicada; en mora o con ejecución. Algunos han empezado a vender las casas para poder cancelar el crédito”.

Para Irazoqui, “estos son contratos consumeriles”. Significa que “el deudor en ningún caso pudo modificar ninguna cláusula; fue al banco y firmó, no tenía la opción de negociar”. La Ley de Defensa del Consumidor “estipula que en estos casos es indispensable la información certera y, si no se cumple, el juez interpretará en beneficio del consumidor; tenemos un fallo en Córdoba que dice esto”, remarca.

Además, dice, “me hago eco de lo que dijeron Alberto Fernández y Axel Kicillof en campaña: es una estafa, propaganda desleal del Estado”.

Marcelo Mercere, damnificado y abogado del colectivo en Buenos Aires, da a Tiempo su punto de vista. “En febrero se salió del congelamiento y comenzó a regir la nueva indexación. Las cuotas comenzaron a aumentar en promedio entre 6 y 6,5% mensual; es decir, por encima de una inflación que ya es alta. En tres meses, te acumula una suba de un 20 o 25%”, calcula. “Necesitamos una salida al sistema de indexación por inflación. Ir hacia una restructuración que contemple el sobrendeudamiento. Hasta ahora, desde el gobierno no dan más respuesta que esta indexación”.

En los últimos días, se conoció la noticia de la primera ejecución de un crédito UVA. La justicia de Mendoza rechazó un amparo que el deudor, Marcelo Macaluso, había presentado en 2019.Macaluso y autoridades del Banco Nación presentaron un escrito en forma conjunta ante el juzgado, pidiendo la suspensión por 180 días de la ejecución, mientras buscan una salida negociada a la mora en el pago del crédito.

El objetivo es llegar a un acuerdo para pagar el crédito de $ 2 millones que obtuvo en 2017 y que hoy se elevó a $ 9 millones. No es el único caso. «


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“Siempre estuvimos al día y ahora debemos el triple”

Mariela Cancellieri vive con su marido y sus dos hijos, en Buenos Aires. Fue dada de alta por Covid positivo hace unos días, mientras su marido enfrenta un cuadro severo de neumonía, sin poder acceder a una cama de hospital. Obtuvo su crédito en noviembre de 2017, por $ 1,2 millones y una cuota de $ 7 mil.

“Siempre estuvimos al día, nunca tuvimos un atraso de cuota. Hoy, pago el triple de cuota y el capital adeudado asciende a $ 4 millones. Con el descongelamiento, la cuota está aumentando a razón de mil pesos por mes. Somos 4 personas, mi marido es el único que trabaja y ahora está con neumonía por Covid”, resumió a Tiempo.

“Sabemos que ya hay familias en proceso de ejecución y que nosotros podemos estar en esa situación. Estamos hablando de una política de vivienda del Estado. De hecho, uno de los requisitos era que sea una vivienda única y familiar. Ya nos gastamos todos nuestros ahorros y nos endeudamos en dólares con familiares”, contó.

Mariela contó que “voté a este gobierno y por eso lastiman algunas cosas que dicen; no somos familias ABC 1 como se dijo”. “Hay familias con hijos con discapacidades, familias monoparentales, endeudadas. Cuando podemos comprar dólares lo hacemos para devolver lo que nos prestaron”, diferenció.

Mariela concluyó: “Hay familias que en plena pandemia están perdiendo la casa. La situación es dramática y desesperante”.

“Tenemos mucha bronca y angustia”

María Laura Álamo, de Villa María, Córdoba, vive con su marido y dos hijos. Obtuvo el crédito en mayo de 2017. “Hace un mes me llegó la ejecución del Banco Nación. A los diez días del vencimiento del DNU 767/2020, me emplazaron con cinco días para hacer una propuesta. La hice, pero después de 15 días me contestaron que no entraba en los parámetros de ellos”, cuenta.

“El DNU congeló los créditos, pero no las deudas. Entre un congelamiento y otro, la deuda aumentó $ 4 millones. Por más que estés al día, nunca vas a llegar a pagar. Todo lo que venís pagando es como si no lo pagaras. Es una estafa del Estado en conjunto con los bancos. Mi crédito fue de $ 1,7 millones, a 30 años. Tenía que devolver $ 2,5 millones con el índice que calculaban en ese momento. El índice era el 22%, la inflación venía bajando y la promesa era que iba a ser de un dígito. Sin embrago, ya pagamos un millón y le debemos 6 millones al banco. Tenemos mucha angustia, bronca, desilusión e impotencia. Somos clase media trabajadora, con hijos chicos, y no se dan cuenta del daño que provocan”.

Mariela Cancellieri vive con su marido y sus dos hijos en Buenos Aires. Fue dada de alta de COVID-19 hace unos días, mientras su marido enfrenta un cuadro severo de neumonía, sin poder acceder a una cama de hospital. Obtuvo su crédito en noviembre de 2017, por $ 1,2 millones y una cuota de 7000 pesos. “Siempre estuvimos al día –dice–, nunca nos atrasamos. Hoy, pago el triple de cuota y el capital adeudado asciende a cuatro millones”.