Tal como anticipó Tiempo, el sector más contumaz de la patronal agraria ya le puso fecha a la realización de la primera asamblea ruralista de 2022: será el próximo 8 de enero en Cañada de Gómez, a unos 65 kilómetros al oeste de Rosario.

Según Iván Castellaro, quien fuera uno de los organizadores del mitin agrario del pasado 9 de julio en San Nicolás, y que tuvo una fuerte impronta política por la presencia de Patricia Bullrich, entre otros referentes del arco opositor de derecha, los referentes nacionales y provinciales de la Mesa de Enlace participarán de la convocatoria.

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Si bien Castellaro enumeró varios motivos para la realización de la asamblea, la decisión del gobierno nacional de ponerle un techo a las exportaciones de trigo y maíz fue el revulsivo que terminó de decidir su realización.

El pasado viernes 17, el Ministerio de Agricultura publicó la Resolución 276 por la cual establecieron topes a las exportaciones de trigo y maíz, llamados “volúmenes de equilibrio”. En el caso del trigo, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios estableció el tope en 12,5 millones de toneladas de la campaña 2021/22. Cabe aclarar que ese trigo es el que se está cosechando en este momento, con casi el 80% del cultivo ya levantado, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, se espera que la zafra del cereal alcance las 22 millones de toneladas.

La norma era esperada por los productores y los exportadores, que aceleraron las ventas anticipadas de trigo en noviembre y diciembre, al punto que al 15 de este mes, los compromisos de exportaciones de la cosecha de trigo cuyos granos aún no están ya duplicaba a los realizados en diciembre del año pasado, 11,7 millones de toneladas de trigo versus 6,4 millones.

Los productores de trigo se quejan porque ese nivel de ventas supera un límite, el del 90% del cupo, por lo cual se aplica un artículo de la Resolución 276 que implica que las ventas deben hacerse con un plazo de 30 días, algo que en el comercio de granos solo se aplica cuando se trata de ventas menores y a países limítrofes.

Además, aseguran que el límite de 12,5 millones de toneladas es excesivo respecto del consumo local. Según cifras de la Bolsa de Cereales de Rosario, la población argentina consume unas 4 millones de toneladas de trigo en forma de harina. A ello debe agregarse un millón de toneladas que se emplean como semillas para la siguiente siembra. El resto debería exportarse, insisten. De ser así, eso les dejaría un margen de unas 5 millones de toneladas para vender al exterior.

Pero lo que no dicen es que con el trigo sucede lo mismo que con la carne: la exportación expulsa al consumo interno. De un consumo promedio anual por habitante de poco más de 90 kilos en 2017 se pasó a apenas 80 kilos en 2020. Ello es el resultado del énfasis puesto en la exportación del producto, cuyo precio internacional casi se duplicó en ese lapso, al mismo tiempo que cayó el poder adquisitivo de la población asalariada. Es decir, si el consumo interno aumenta, se encontraría con poca harina para satisfacer esas necesidades ya que el trigo se habría exportado (en grano o como harina, es indistinto).