La industria cinematográfica argentina vive una crisis apremiante que obedece a múltiples causas. La pandemia, sin dudas, le asestó un golpe durísimo, pero no es la culpable de todos los males, sino apenas una ola descomunal que empujó al buque hacia el ojo del huracán. El sector padece del escandaloso porcentaje de películas extranjeras –supera el 90%– que se exhiben en las salas comerciales en detrimento de las nacionales; la invasión de las plataformas de streaming, cuya inversión local es mínima o inexistente; la criticada gestión de Luis Puenzo al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) –la cual concluyó abruptamente, pero todavía no se perciben cambios significativos–; y sobre todo la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico –programada para enero de 2023–, que de concretarse dejaría al Incaa –entre otros organismos– casi sin fondos. Todo esto constituye una tormenta perfecta que empuja a nuestro cine a una crisis sin precedentes.
La anomalía del confinamiento puso en evidencia, de manera concreta y brutal, la crisis del sector. Los cines cerrados implicaron el apagón de un circuito de producción que le daba un importante envión a la economía. Las plataformas de streaming vieron el filón ganaron todavía más terreno. El fenómeno motivó el reclamo ante el Incaa de distintas agrupaciones de realizadores de imponer un gravamen a esas exhibidoras, ya que el cierre de salas implicaba no contar con la recaudación del 10% proveniente de los ingresos de taquilla. Algo que el hasta hace poco presidente del instituto, Luis Puenzo, había apoyado al inicio de su gestión, pero nunca concretó. El malestar en el sector, sin embargo, había comenzado mucho antes, en febrero de 2020, cuando se hizo público que el director de La historia oficial había mantenido una reunión con un alto ejecutivo de Netflix para discutir acuerdos de producción, mientras los realizadores alegaban que desatendía al cine independiente.
Si bien la salida de Puenzo del Incaa descomprimió una situación que había llegado al máximo de tensión, distintas voces de la industria coinciden en que este paso no es suficiente para hallar una solución. Tampoco lo es una eventual extensión de la fecha de vencimiento del Fondo de Fomento Cinematográfico sin un análisis previo de la compleja situación del sector y de la puesta en funcionamiento de gravámenes más equitativos.
El corazón de la crisis
El gobierno del expresidente Mauricio Macri sancionó, en 2017, la ley 27.432, que estableció reformas tributarias y le puso fecha de vencimiento a impuestos que alimentan al Fondo de Fomento a las Artes. Los trabajadores del sector audiovisual consideraron inaudito que la gestión de Puenzo al frente del Incaa no solo no actuara para modificar la situación, sino que tampoco fue receptivo a los pedidos de diálogo. Al respecto, el cineasta Fernando Kirchmar, de Documentalistas de Argentina (DOCA), afirmó que Puenzo “aplicó una política que favorece a la producción concentrada, a las plataformas y no se pronunció contra la caducidad del Fondo de Fomento”. Por su parte, la directora y productora Agustina Pérez Rial, del Colectivo de Cineastas, opinó que su desplazamiento “fue solo la punta del iceberg de un conjunto de modificaciones” que reclama la industria, que no es solo “un cambio de nombre” al frente del instituto sino uno “más profundo, de políticas, y una discusión sobre las modificaciones de una Ley de Cine que tiene más de 20 años”.
La cuestión central es que el Fondo de Fomento Cinematográfico (FCC), establecido en la le Ley 24.377 de 1994, conocida como Ley de Cine, es la principal fuente de financiamiento del instituto. Está integrado con un impuesto del 10 por ciento sobre el precio de las entradas de cine, el 10% del precio de venta de “videogramas grabados” (como los DVD) y el 25 por ciento de la recaudación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a partir del impuesto a la facturación de los canales de televisión y servicios de cable, y otros ítems menores.
El realizador Julio Ludueña, que integra la comisión directiva de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) sostuvo que “dada la actual crisis, lo primero es desarmar esta complicada ingeniería y maquinaria legal y financiera tan cuidadosamente urdida”. El diputado nacional Pablo Carro, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para extender durante 50 años, hasta 2072, las asignaciones para las industrias y las instituciones culturales, ya que, además del Incaa, se verían afectados los institutos de la Música y de Teatro, Radio y Televisión Argentina (RTA), la Defensoría del Público y las Bibliotecas Populares.
Con el mismo propósito, el 20 de abril, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con el titular del (ENACOM), Claudio Ambrosini, y su vice, Gustavo López, para trabajar en un proyecto que garantice la continuidad de ese sistema de financiación. Resta esperar cómo se debatirá la cuestión en el Congreso.
“Esta es una de las batallas, pero hay otras, como la falta de políticas de distribución y exhibición del cine nacional, la escasez de concursos y convocatorias, el desfinanciamiento de festivales y muestras y el incumplimiento de la cuota de pantalla (y su inexistencia en las plataformas), que son los principales puntos que desataron las tensiones y reclamos”, afirma Pérez Rial.
Cifras contundentes
En ese sentido, las cifras son contundentes, ya que en las salas comerciales el 91% del cine que se exhibe es extranjero (en su mayoría, estadounidense), de acuerdo a un promedio de las últimas diez semanas, en base a datos de fiscalización del Incaa. Por su parte, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) reportó que el 48% de las producciones que se ven en la televisión abierta son estadounidenses; el 25% son nacionales (concentradas, en su mayoría, en la Televisión Pública) y el resto es de otros países. La situación se repite en la televisión por cable, donde el 86 por ciento del contenido proviene de Estados Unidos, solo un 7 por ciento es local y el 7 restante llega de diferentes latitudes.
En las plataformas más populares los contenidos argentinos tienen todavía menos espacio. Netflix, por citar a la más difundida en nuestro país, posee sólo un 2% de contenidos argentinos en su catálogo (y en la mayoría de ellos no intervino en forma directa en su producción).
Los reclamos de la industria audiovisual apuntan a una política de distribución y exhibición que permita al cine nacional llegar a los públicos de todo el país, pero, sobre todo, medidas que garanticen el financiamiento. Concretamente, claman que se cree un nuevo Plan de Fomento y la imposición de un impuesto a las plataformas de streaming.
“En este momento estamos trabajando con un plan de fomento del 2017, que también decide quienes son los comités -son los mismos de 2018- y con un costo medio de 2019. Cabe aclarar que desde ese año a la fecha hubo 188% de inflación”, destacó Liliana Mazure, productora y expresidenta del Incaa (2008-2013). Hay que destacar que la actualización del costo medio es fundamental, ya que es el que decide el tope de subsidio que van a recibir los films.
Kirchmar, por su parte, coincide en la necesidad de “un nuevo plan de fomento, con perspectiva de género, centrado en el cine independiente, el pequeño, el experimental y el documental, que no podría hacerse sin la ayuda del Estado”. En el mismo sentido se expresa Martín Benchimol, del Colectivo de Cineastas, quien subraya que ese nuevo plan debería garantizar, entre otras cosas, “la accesibilidad a las vías de subsidio, es decir, dejar atrás el actual sistema de puntajes”.
El quid de la cuestión, sin embargo, está en la imposición de un gravamen a las empresas de streaming, que avanzan cada vez más y “está claro que son exhibidoras”, sostiene Mazure. Y agrega: “la Ley de Cine dice que todos los exhibidores aportan el 21 por ciento del IVA –algunos el 17– a la AFIP. Todos los meses, ese organismo transfiere el 50% de esa recaudación al Incaa, tal como dictamina la Ley 17.741. Por lo tanto, debería transferir cada mes al instituto el 10,5% de lo recaudado por las plataformas.
Ese eventual impuesto “es el reaseguro de la inversión necesaria. Les cineastas o les músicos sabemos que no pagan derecho alguno, ni regalías y allí está la parte del león”, afirma el documentalista Adrián Jaime, integrante del Grupo de Empresas Sociales y Trabajadores Autogestionados de la República Argentina (GESTARA). También Ludueña pide “que se pongan a derecho y tributen igual que lo hacen las salas cinematográficas, las señales de televisión o los videoclubs a los que desplazaron”.
La expresidenta del Incaa señala que “Netflix en la Argentina tiene casi 6 millones de suscriptores. Podemos deducir que estamos en los 10 millones entre todas las plataformas, sumando a Amazon, HBO Max, Disney Plus y más. Si cada abono mensual cuesta mil pesos (aproximadamente), llegamos a 10 mil millones por mes, que se traducen a dólares y salen del país cada 30 días”. Mazure puntualiza que de esa manera las plataformas se estarían llevando por año, menos el 21% del IVA, alrededor de 840 millones de dólares”. La nueva ley que exige y necesita el cine argentino no puede dejar afuera esta ecuación.«
Cultura y soberanía
En esta crisis aparecen dos formas de ver la cultura. Una que entiende el acceso a las diversas manifestaciones artísticas como un derecho (que, además, fomente distintas modalidades de producción y diversidad de miradas) y la otra que la deja librada a la lógica del mercado. “Lo que está en juego hoy, en un nuevo escenario de la producción audiovisual, con nuevos actores y nuevos intereses”, sostiene Pérez Rial. Si lo que se pretende es “contar historias que amplíen miradas, pongan en escena actores poco visibles y sumen a la construcción de la memoria” la cuestión se complica a la hora de la financiación, sobre todo, privada. Y, “en ese sentido, la vía digital o quinta vía del Incaa permitió que muchxs realizadorxs que no podríamos haber accedido de otro modo a contar historias sí lo hagamos”.
Adrián Jaime va más allá al concluir que “el acceso a la producción cultural, los modelos de representación y sus narrativas, pero por sobre todo la soberanía de nuestra nación, están siendo acechadas por el avance imperial del modelo mercantilista que imponen las plataformas”.
La pelea por la paridad de género
Las políticas de género en la industria cinematográfica son un reclamo de larga data. De hecho, el 13 de abril estaba prevista la presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto en ese sentido, que se postergó por la crisis desatada en el Incaa.
El último informe del Sindicato de la Industria Cinematográfica (SICA) revela que el 62% de los puestos de trabajo del sector lo ocupan hombres y solo el 38, mujeres, aunque ellas son mayoría entre quienes egresan de carreras audiovisuales: seis de cada diez.
En enero de 2020, Puenzo había convocado a distintas entidades y organismos del sector. En ese marco, el Frente Audiovisual Feminista Federal (FAFF), integrado por 15 asociaciones y colectivos –entre ellos, Actrices Argentinas-, presentó un petitorio en el que pedía el “Cupo 50/50” en los equipos técnicos y en todos los espacios de decisión y elaboración de las políticas públicas y también en aquellos de representación.
Sin embargo, sigue siendo una cuenta pendiente.
