«Voy a hablar como ciudadano», se excusó Mauricio Macri para tratar de deslindar la responsabilidad que le confiere la banda presidencial y no se lo acuse por incidir en otros poderes del Estado. «Honestamente no entiendo qué esperan esos tres jueces: ¿que lo deje escapar? Espero que en las siguientes instancias entiendan lo que sentimos una mayoría de los ciudadanos que queremos convivir en paz», añadió el viernes desde el retiro de funcionarios en Chapadmalal.

 Un par de horas antes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado el procesamiento del agente Luis Chocobar por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y establecido la nulidad del embargo de 400 mil pesos que había dictado el titular del Juzgado de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Vazquez, por el asesinato de Pablo Kukoc, de 18 años. 

El fallo, publicado en un contexto de grandes presiones desde el Ejecutivo, marca un atenuante respecto de las imputaciones realizadas hasta el momento contra el oficial que pedían investigar el hecho como «homicidio calificado». Para hacerlo los jueces tomaron en cuenta el «miedo» expresado por Chocobar y la suposición de que el asesinado «podía tener un arma en su poder». Sin embargo, para disgusto del presidente de la Nación que prefiere opinar como si se tratara de un sondeo de opinión pública, la Cámara se mantiene firme en un hecho clave: Chocobar «sobrepasó la restricción sobre el uso de armas de fuego». Todavía más, señala que el accionar del policía «no guarda razonabilidad» al riesgo que generaba Kukoc, que eso implica una responsabilidad penal y que todo ello «le fue expresamente advertido por los reglamentos en que fue instruido». 

Tiempo pudo acceder a los manuales de formación distribuidos por el gobierno y que llevan la firma del presidente. Tal como señala el fallo firmado por los jueces Julio Lucini, Rodolfo Argerich y Mariano González Palazzo, la situación de Chocobar califica entre los ejemplos de «mal uso de la fuerza». La consecuencia, explica, es el deterioro de la imagen policial, la potencial pérdida de vidas y la posibilidad de sanciones administrativas o penales. Curiosamente, después de explicarlo, el material formativo propone un ejercicio práctico de lectura de una nota periodística sobre un caso de gatillo fácil en el que un policía dispara por la espalda a un joven que escapaba tras un presunto delito.

Luego de desarrollar teóricamente cómo debería reaccionar un oficial ante cada situación y valorar los riesgos, explica que el uso de armas de fuego es una «medida extrema» para recurrir «cuando sea estrictamente indispensable para proteger una vida y previa advertencia de su intención de hacerlo». Una descripción que no se condice con las pruebas de la causa que investiga el accionar de Chocobar. 

Macri no hace alusión a la teoría ni a la formación de las fuerzas. Apela a una nueva doctrina práctica avalada «por las mayorías». Lo que configura un retroceso en la garantía de los derechos de los ciudadanos, y también de los policías. «