Los medios de comunicación tradicionales señalan (y no pocos portales replican) que el 8 de diciembre del 2017 el policía Luis Chocobar persiguió a un ladrón al que encontró in fraganti apuñalando a un turista estadounidense en el barrio de La Boca. Pero no fue así. Y no es correcto avanzar con el relato si no se acuerda en partir de un suelo informativo algo más preciso: las grabaciones de las videocámaras demuestran que Chocobar no vio a ningún joven apuñalando al turista, llegó a la escena con el hecho consumado y luego persiguió a quien le fuera señalado por personas que se encontraban en el lugar (así lo sostuvimos en un artículo publicado en el diario Perfil el 7 de febrero de 2018). El policía disparó contra Kucok desconociendo si era el autor del robo o mucho menos de una tentativa de homicidio. Una vez aclarado este punto importante para la causa, cabe recordar que, aun si hubiera visto al joven apuñalando a otra persona, la persecución no debió terminar con Pablo Kukoc asesinado por la espalda. 

De las pericias surgió que Chocobar disparó a una distancia aproximada de 7 metros, medida cercana a los fusilamientos militares, que ni Kukoc giró de manera amenazante, ni el policía se echó hacia atrás (según mintió Chocobar en su primera declaración). Como agravante, se puede mencionar que, de los 8 disparos realizados por el policía, alguno podría haber rebotado o adoptado una trayectoria riesgosa para quienes estaban alrededor, como más de una vez sucedió. En ese sentido, quienes caracterizaron al policía como “joven” o “poco capacitado” omiten que esa forma de disparar es lamentablemente común en las distintas fuerzas policiales (basta mirar, por ejemplo, el modo en que un subcomisario de la PFA con 25 años de servicio disparó contra dos presuntos asaltantes hasta matarlos, hace apenas un par de semanas en Wilde).  

El Tribunal Oral de Menores N° 2 condenó a Chocobar por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso del cumplimiento de un deber” en perjuicio de Juan Pablo Kukoc (de 18 años). La sentencia de primera instancia, de la cual aún no conocemos los fundamentos, se aleja notablemente de lo pedido por la defensa del joven asesinado (el querellante Rovatti, había solicitado prisión perpetua, por el agravante de tratarse de un homicidio cometido por funcionario policial, según el artículo 80 inc. 9º del Código Penal). 

Otro dato relevante es que el cuchillo encontrado a Pablo Kukoc no tenía manchas hemáticas, por lo que la hipótesis principal no podía ubicarlo como autor material de la tentativa de homicidio. De hecho, el mismo tribunal condenó al cómplice de Kukoc a 9 años de prisión como coautor del delito de “robo calificado por el uso de armas, en concurso real con homicidio calificado” en grado de tentativa, en perjuicio del turista Frank Wolek. ¿La condena al chico que andaba con Kukoc ratifica que no fue el asesinado por el policía quien apuñaló al turista? Luego, los 9 años de condena al joven (de 17 años al momento del hecho), ¿no suenan desproporcionados en relación a los dos años en suspenso del policía que mató efectivamente y gozó de libertad –permaneciendo en su puesto de trabajo– durante el proceso? El Tribunal también dispuso la inhabilitación especial por cinco años en perjuicio de Chocobar para desempeñarse en funciones operativas con la utilización de armas de fuego. 

Por su parte, la policía local de Avellaneda, es una rara avis en la provincia de Buenos Aires (la formación de las policías locales estuvo descentralizada hasta la llegada de Vidal) ya que es muy estricta en el control civil de la fuerza, desarrolla la participación comunitaria bajo el paradigma de la seguridad ciudadana con orientación en Derechos Humanos, hace investigaciones internas que desbaratan las clásicas prácticas delictivas de la policía, construyó un instrumento estadístico que le permitió diagnosticar las causas principales de homicidios y bajar considerablemente la tasa (de 2014 a 2015, por ejemplo, en Avellaneda bajaron al 50% los homicidios dolosos, mayoritariamente producto de riñas, ajustes de cuentas o, lo que en la jerga policial llaman de “vieja data”), y se mantiene lejos de la tentación represiva. 

En ese sentido, Chocobar fue un mal policía, el único caso de gatillo fácil de una policía que funciona mejor que la media de las policías, y cuyos efectivos viven en su totalidad en Avellaneda (salvo Chocobar que, con domicilio en Avellaneda, vivía en Barracas, donde protagonizó el homicidio por el cuál fue condenado). Por eso, en su momento, por sugerencia de la dirección política de la seguridad de Avellaneda se decidió que Chocobar, siempre que la provincia no lo pasara a disponibilidad, al menos, realizara tareas de oficina, es decir, que no siguiera armado en la calle.   

Sin embargo, tras la sentencia, en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, lo aguardaba junto con las cámaras de televisión la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien hizo público su apoyo. La ex Ministra de Seguridad también apoyó e incluso adoptó una estrategia sospechada de encubrimiento del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel a manos de un prefecto (basta seguir el minucioso trabajo del periodista barilochense Santiago Rey). De hecho, el abogado de Chocobar, Fernando Soto fue funcionario de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y defendió inicialmente al prefecto acusado por el homicidio del Rafael Nahuel. También es encargado de la defensa de Jorge Ríos, asesino de Franco Martín Moreyra, (quien escapaba tras un intento de robo) y pertenece a la ONG derechista Usina de Justicia. Al enumerar los hechos, los actores, sus posiciones y sus formas de aparición, es posible percibir una trama que articula distintos financiamientos, puestos en el Estado, raid mediático incluido, y una forma de construcción política fundada en la movilización de los aspectos más reactivos de la cultura argentina.   

En un país en que el “exceso” policial es, en realidad, parte de la estructura mental e institucional de las fuerzas, una actividad política que acompaña los “excesos” con tanta persistencia debe ser ubicada históricamente en el lugar que le corresponde. En 1987 el nombre “gatillo fácil” empezó a brotar de la inteligencia colectiva para designar, en ese momento, el asesinato de tres jóvenes de Ingeniero Budge por parte de un suboficial de la policía bonaerense (el hecho se conoció como “Masacre de Budge”). 

Lo sucedido dejó ver un comportamiento de las fuerzas en continuidad con lo que éstas venían haciendo en tiempos de dictadura, con razias, detenciones ilegales, cateos simulados en las casas donde robaban o pedían sobornos y un control territorial rayano del terror de Estado. Pero la “masacre” no es extraña a las policías federal y provinciales; según Correpi, desde 1983 hasta 2020 se registraron 7.587 casos de gatillo fácil. 

Le herencia de la dictadura de la desaparición de personas sobrevivió primero como “terror en el cuerpo” (según la expresión de León Rozitchner) de los sectores más habitualmente acosados por la policía y luego como formas de organización criminal de las propias fuerzas de seguridad que, nos dicen, deberían prevenir, contener, repeler el delito. Pero sucede que el delito más grave, el asesinato cometido desde el Estado o incluso la complicidad policial con el crimen organizado a gran escala, no es sancionado del mismo modo que el hurto ocasional. No se trata de andar tirándose la dictadura por la cabeza, la relación no es lineal ni indiscriminada. Pero no hay que olvidar que estos personajes, usurpadores de tradiciones políticas como el liberalismo y de significantes como la libertad o la república, nada tienen que ver con el linaje de Alberdi, ni con las discusiones ideológicas y los proyectos políticos que le dieron forma a nuestra precaria democracia; en todo caso, se trata de animales de poder provenientes de redes vinculares y genealogías asociadas a lo más reaccionario de nuestra sociedad (oligarquías, sectores autonomizados de los servicios de inteligencia, conglomerados empresarios que crecieron en tiempos de dictadura, nuevos actores financieros, etc.) 

Ante el sentido común securitario, aquel interpelado por la demagogia practicada por Bullrich y otros sectores de extrema derecha, urge otro sentido común, capaz de preguntarse: ¿qué es más peligroso para la vida colctiva, el hurto de ocasión, el delito de baja escala, incluso algo tan terrible como una tentativa de homicidio en ocasión de robo, o una institución armada, con capacidad de control territorial, vinculación con los subterfugios más opacos de la sociedad y el Estado e impunidad suficiente como para cometer homicidios dolosos en democracia o crímenes de gran escala (narcotráfico, redes de trata, grupos de choque, etc.)? Los crímenes de Estado, en este caso a través del accionar policial, atentan no solo contra un sujeto ocasional o la propiedad privada de alguien a quien queremos, sino directamente contra el tejido social y la vida comunitaria.

Mientras se discute el fallo en primera instancia que le perdonó la vida a Chocobar, cuando éste lejos estuvo de “perdonarle la vida” al joven al que asesinó por la espalda, una ex Ministra de Seguridad de la nación comete el exabrupto de resaltarlo como “héroe”, y el actual Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de opinión no muy distinta, se pavonea como defensor de la seguridad y la propiedad privada (con la represión en Guernica, los varios desalojos y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en sus espaldas). Lo que el eje que la furia de este populismo securitario deja fuera es el problema del cuidado como producción colectiva de mecanismos capaces de metabolizar de un modo no policial ni represivo la conflictividad inherente a las sociedades capitalistas. Por su parte, la cultura progresista resulta inepta o culposa y tampoco se hace cargo de la necesaria apuesta a otro tipo de instituciones capaces de gestionar los distintos tipos de violencia que atraviesan a la vida ciudadana. El desafío de fondo pasa por transformar la subjetividad de nuestras fuerzas de seguridad a partir de un proyecto de formación cuyo horizonte incluya la deconstrucción o desformateo de las prácticas actuales. Como gustaba provocar Gregorio Kaminsky, quién dice, la imaginación política permita reemplazar a la institución policial por otras figuras de la gestión del conflicto más cercanas al trabajo social. 

Como corolario de la brutalidad policial y la demagogia punitivista, se decidió organizar una colecta para colaborar con el embargo de los bienes de Chocobar y se recaudó más de $1.800.000 (pesos). La colecta organizada por un impune nombre de la virtualidad: @GordoMonstruo__, se acompañó con una tesorera negacionista de la dictadura (gusta salir en redes y algunos medios a cuestionar el número de desaparecidos), la estudiante de abogacía de la UCA de Rosario Eugenia Rolón, que repiquetea en su cuenta de Twitter: “Actualización: ya vamos + 1 millón y medio para el héroe nacional Chocobar”. El año pasado, un spot publicitario hecho por la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coqueteaba con esa figura, se titulaba “Héroes de siempre”. No se trataba simplemente de la propaganda del gobierno sobre sus políticas de seguridad, sino de la publicitación de la policía en tanto tal, sobreactuando sus tareas de proximidad en una ciudad ficticiamente armoniosa, sólo perturbada por los siempre marginales “conflictivos”. Por otra parte, quienes estudian el discurso policial destacan la tendencia a la construcción del heroísmo, desde el armado que los efectivos hacen de los partes policiales, pensados de entrada como titulares mediáticos, a veces hasta temerariamente cercanos a los tiempos en que se utilizaba el término “enfrentamiento” para referirse a una matanza a manos de policías o militares. El punto de vista policial se confunde con el reflejo de la pluma periodística o el chabacano decir de presentadores televisivos, tanto como con la fibra fascistoide que activa en parte de la sociedad.

Apenas se conoció la sentencia y Chocobar atravesó las escalinatas de los tribunales, declaró a la prensa que “La policía bonaerense tiene unos huevos impresionantes”. Institución patriarcal por excelencia, de formación castrense, refractaria al control democrático y de alto grado de corporativismo que, de ahora en más contará con la Fundación Chocobar, cuya finalidad será brindar “asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria, como por ejemplo aquellos policías que se encuentren en juicio…”. Es decir, apoyar corporativamente el statu quo actual de las fuerzas de seguridad responsables, desde el retorno de la democracia, de más de 7.500 asesinatos. Es el colmo de las resignificaciones, “defender los derechos humanos de los policías”.   



Ariel Pennisi es ensayista, docente (UNDAV, UNPAZ) y editor (Red Editorial). Integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Autor de El anarca. Filosofía y política en Max Stirner y Filosofía para perros perdidos (con Adrián Cangi), Papa Negra, Linchamientos. La policía que llevamos dentro (con Adrián Cangi y varios autores) y Globalización. Sacralización del mercado. Conduce el programa “Pensando la cosa” (Canal Abierto).

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Ariel Pennisi es ensayista, docente (UNDAV, UNPAZ) y editor (Red Editorial). Integra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Autor de El anarca. Filosofía y política en Max Stirner y Filosofía para perros perdidos (con Adrián Cangi), Papa Negra, Linchamientos. La policía que llevamos dentro (con Adrián Cangi y varios autores) y Globalización. Sacralización del mercado. Conduce el programa “Pensando la cosa” (Canal Abierto).

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