Aunque estén en las antípodas del uso punitivo del reconocimiento facial, la implementación de herramientas tecnológicas para optimizar las políticas sanitarias en el contexto de la pandemia también generó polémica. Sucedió con aplicaciones como Cuidar, del Ministerio de Salud de la Nación, o Autotest Provincia, articulada por el gobierno bonaerense con el objetivo de detectar tempranamente focos de contagio a través del cruce de datos de las apps en los celulares, y así contener la crisis epidemiológica.

“Venimos trabajando en cuanto al rechazo que vimos en algunos medios a partir de las aplicaciones que se están implementando para contener la pandemia –explica Lucía Ameri, socióloga de la Universidad de La Plata y asesora del Ministerio de Salud provincial–. Creemos que esa postura gira en torno a la utilización de datos personales, pero sin embargo vemos que, como sociedad, todo el tiempo estamos proveyendo de nuestros datos a diferentes empresas. Google, sin ir más lejos, tiene acceso a toda nuestra información: dónde trabajamos, dónde vivimos y en qué medio de transporte viajamos. Muchas veces nos aparecen en nuestros dispositivos publicidades que muestran productos que mencionamos en charlas privadas”.

Durante la última conferencia conjunta entre el presidente de la Nación, el jefe de Gobierno porteño y el gobernador bonaerense, cuando se extendió la cuarentena sin cambios en el AMBA hasta el próximo 28 de junio (medida que podría reverse en las próximas horas), Axel Kicillof advirtió sobre la posibilidad de que la aplicación «sea obligatoria en toda la Provincia, por los buenos resultados que viene dando, se descargó muchísimo, es rápida y sencilla», y apuntó a los beneficios que podría tener para regular la movilidad en todo el AMBA.

Según una investigación de la Cepal, desde fines de marzo aumentó el tráfico global de datos wifi en un 80%, en base a información de 125 millones de enrutadores, principalmente con cargas a la nube y videoconferencias. “Este aumento en la demanda, en el contexto actual, deriva del uso de herramientas de teletrabajo, clases virtuales y un mayor uso de aplicaciones de entretenimiento online y vía streaming. Y está claro que usamos mucho más que antes aplicaciones móviles para realizar pedidos a domicilio, que nos requieren datos personales como el correo electrónico, el domicilio, pues la mayoría solicita habilitar el GPS, y hasta la información de las tarjetas bancarias, entre otros datos. Los otorgamos sin cuestionar esa modalidad comercial, o sin hacerlo en profundidad, y confiamos porque el producto/servicio a cambio vale la pena de esa renuncia”, cita el informe realizado sobre el tema por Ameri y su colega Mariana Specogna, también socióloga de la UNLP y asesora de Salud provincia.  

La paradoja entre esa entrega voluntaria y masiva de datos y la polémica planteada por el uso epidemiológico de una aplicación que puede salvar vidas es evidente. “¿Por qué nos alborotamos tanto cuando el Estado requiere esos datos para contener la pandemia y tan poco cuando se los brindamos a empresas que lucran con ellos? –cuestiona Ameri–. Más, teniendo en cuenta que estas experiencias de epidemiología digital se aplican en muchos países, de Oriente y también de Occidente. Durante las primeras semanas del virus en la Argentina, diversos medios hablaron sobre la experiencia de Corea del Sur, que estaba conteniendo la pandemia a través de las herramientas tecnológicas. El principal desafío es pasar de la epidemiología a la epidemiología digital. Pero esto debe contemplar cuestiones éticas, clarificando que sólo se aplican en un momento específico para cuidar la salud pública, en un proceso regulado y transparente”.