Médicas forenses, organismos de Derechos Humanos y familiares de Leandro Bravo realizaron una conferencia de prensa en la que informaron que la segunda autopsia confirmó que el hombre falleció a causa de los abusos policiales. Bravo tenía 37 años y fue asesinado en un vehículo policial en la localidad chaqueña de Charata el 26 de febrero pasado.

La médica forense Virginia Creimer detalló que la víctima sufrió asfixia y golpes en distintas partes del cuerpo y el cráneo. Además, consideró a los estudios realizados en primera instancia como un “acto delictivo” ya que no respetaron los protocolos mínimos de la medicina legal.

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Miguel Sánchez, “padre del corazón” de Leandro, explicó: “Hemos tomado conocimiento de que diversos medios de comunicación de esta provincia entrevistaron a los abogados de los policías imputados e informaron puras falsedades sobre el asesinato de mi hijo”.

“De esta manera lo único que hacen es crear dudas y confusión en la opinión pública”, señaló Sánchez. Explicó que, de esta manera, “también intentan generar presión en los organismos que intervienen en la investigación”.

Virginia Creimer es especialista en medicina legal, diplomada en psicología jurídica y titular de cuatro cátedras en universidades públicas nacionales. Lleva más de 30 años acompañando a personas vulneradas por distintos mecanismos estatales, en su gran mayoría por las fuerzas de seguridad. “La primera autopsia tuvo muchísimas falencias, pero no nos imaginábamos que serían tan graves”, denunció la profesional.

Además, denunció que la doctora Gabriela Lamparelli -con quien hizo la segunda autopsia- “recibió distintos tipos de amenazas durante todo el proceso y desarrollo que hicimos. A mi modo de ver fue impecable esta segunda operación al cuerpo de Leandro”.

Puntualizó que en la primera autopsia “no se había explorado el cráneo como corresponde en cualquier autopsia, sobre todo en aquellas que se practican en muertes bajo custodia del Estado”. Y agregó: “No fue completa, metódica, sistemática, ilustrativa ni contextualizada y no se respetaron los protocolos más básicos de la medicina legal. Pasaron por alto la bibliografía nacional e internacional”.

Consideró que lo sucedido es un “acto delictual por todo lo que se pierde en el tiempo que transcurre del primer al segundo estudio realizado, eso implica perder pruebas”.

La profesional remarcó que esto “no se trata de un acto inocente, nosotras como profesionales tenemos que responder con responsabilidad por lo que hacemos en materia de medicina legal”. No se había explorado el cráneo “donde nosotras encontramos lesiones, tampoco la espalda donde tenía muchos golpes. Las lesiones del cuerpo de Leandro no fueron advertidas ni descriptas en la primera autopsia. Lo mismo pasó con su miembro inferior derecho, que tampoco fueron descritas esas lesiones”, denunció Creimer.

Por su parte, Kevin Nielsen, abogado del Comité Provincial de Prevención de la Tortura Chaco, aseguró que tiene muchos elementos para “presumir que fue un hecho de brutalidad policial, de violencia institucional, tal como lo indica la autopsia”.

“Los resultados están labrados y tenemos la certeza absoluta que Leandro fue brutalmente golpeado y sufrió maniobras de asfixia al momento de su muerte. Los resultados de la segunda autopsia son totalmente esclarecedores”, precisó el letrado.

El caso

Leandro Bravo, a los 37 años esperaba cumplir su sueño de recibirse de abogado. Le faltaba solo una materia. En 2017 había sido detenido y golpeado por la policía, y a partir de ese momento se agudizó su consumo problemático de sustancias. El 26 de febrero murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle sin ofrecer resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo tres policías. En uno de los 70 videos incorporados a la causa se ve que lo suben a uno de los cuatro patrulleros que habían acudido al lugar. Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas. El 14 de marzo fueron detenidos cuatro uniformados, Alexis Fleitas, Franco Sosa, Agustín Díaz y Enzo Gómez.

Todo el mal procedimiento policial quedó registrado en los celulares de los vecinos del lugar. Durante las últimas semanas se pudo realizar una nueva autopsia que muestra la brutalidad policial. Los familiares de la víctima están acompañados por organismos de Derechos Humanos y distintas organizaciones sociales que exigen justicia por Leandro.