“Mirá como corren a los maestros” se escucha decir en uno de los tantos videos que se hicieron virales el pasado 24 de mayo. Los maestros y maestras que corren lo hacen por la ruta 9, en el acceso de la ciudad de Salta y detrás de ellos, como un bloque encendido de furia va el cuerpo de infantería munido de escudos, tonfas y cascos. La docencia de Salta reclama desde hace meses aumentos salariales, mejoras edilicias, más docentes y personal administrativo así como mayor presupuesto para los comedores escolares.
Ante la falta de acuerdo, los Docentes Autoconvocados definieron realizar medidas de fuerza en diferentes puntos de la ciudad, incluyendo cortes de accesos. La reacción oficial del gobierno de Gustavo Sáenz fue una brutal represión y el anuncio posterior de un supuesto acuerdo salarial que, horas más tarde, fue desmentido por docentes y gremios.
Las imágenes de heridos por golpes y balas de goma, corridas, detenciones y causas penales instruidas en contra de 19 educadoras y educadores generó un efecto rebote en la provincia. Este lunes 29 de mayo no hubo clases en ninguna escuela.
Marchas y protestas simultáneas de docentes, estudiantes, personal de maestranza, personal de salud y demás sectores de la administración pública se suceden en la capital salteña pero también en otras localidades como Cafayate, Seclantás, Cachi, Orán, Pichanal, El Quebrachal, Tartagal, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Güemes, Salvador Mazza, Coronel Juan Solá, Campo Durán, Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera.
Un acuerdo a la baja
“Después de haber sido liberados los 19 docentes que fuimos literalmente secuestrados, el gobierno hace un anuncio sobre un supuesto acuerdo con los gremios que horas después es desmentido por UPCN y ATE, ellos no participaron en las negociaciones”, aseguró en conferencia de prensa Ramón Bazán, profesor delegado de Docentes Autoconvocados de Güemes.
“Queremos desmentir el anuncio del gobierno, una vez mas, de forma unilateral con las autoridades de ADP (Asociación Docente Provincial) firman un acuerdo salarial a la baja”, agregó. Según trascendió, el acuerdo ofrece un incremento escalonado del 34%, más un bono en cuotas de 60 mil pesos. Según expresó el delegado, si bien los incrementos salariales que anunció Sáenz rondan entre el 8% y el 12 % en diferentes ítems del salario docente, lo hacen tomando de base el salario de diciembre de 2022. Desde el Ejecutivo provincial hablaron de un incremento salarial del 34% más, que se suma al 35,5 conseguido en febrero (los aumentos son al básico, movilidad y asignaciones familiares). Y sentenciaron que se descontarán los días de paro a los docentes.
“Todos sabemos que en diciembre el costo del alimento, bebida, vestimenta, calzado, lo que consumimos a diario era totalmente distinto a mayo de este año, hay seis meses de diferencia entre lo que pasa ahora y el sueldo que se toma como testigo”, afirmó. De esta manera, si el incremento se realiza sobre el salario básico de diciembre del año pasado, un 10 % en realidad se traduce en un 3 % o 4 % actual.
“Queremos dejar en claro que este ese pseudo acuerdo no fue aceptado por los Docentes Autoconvocados ni por los gremios, es totalmente falso y mentiroso, con nosotros no hablaron, hasta el día de hoy estamos esperando la reunión de la mesa técnica que habíamos acordado con el gobierno”, aseveró.
En Salta, hay más de 30 mil docentes que cobran un salario entre $ 130 mil y $ 180 mil, muy por debajo de la canasta básica familiar que fija el INDEC y que en la actualidad es de $203.361. “Vamos a seguir de pie”, expresó en declaraciones a medios salteños Leandro Alagastino, docente de Orán que recibió balazos de goma durante la represión.
Luego remarcó que “este conflicto es netamente económico” y aclaró que no llegan a fin de mes con los actuales salarios, por lo que le pidió al gobernador Gustavo Sáenz “ponerlo al ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, a hacer las cuentas para hacer una propuesta superadora que llegue a la canasta básica, porque queremos salir del nivel de pobreza”.
Docentes imputados
Cuando comenzó la represión en la ruta 9, un grupo de profesoras y maestras corrieron hacia un cementerio y se refugiaron en la capilla. De ahí las sacó la infantería y se las llevó detenidas. En total fueron 19 los que pasaron la noche privados de su libertad. “Nuestro lugar natural son las aulas, pero nos obligan a salir a las rutas. Parece que el gobierno no quiere que los alumnos tengan clases”, había expresado a Télam una de las docentes apostadas sobre la ruta.
Las personas detenidas fueron liberadas después de 24 horas y luego imputadas por desobediencia judicial y entorpecimiento de las vías de transporte. Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron a Télam que el fiscal penal N° 4, Facundo Ruiz de Los Llanos, los imputó provisionalmente por la presunta “comisión del delito de entorpecimiento de las vías de transporte y desobediencia judicial, en concurso real”.
A través de un comunicado, el Ministerio Público expresó que “un grupo de personas desoyó las instrucciones y el apercibimiento de la Jueza de Garantías 1, Ada Zunino”. Es que, según expresó la jueza Zunino en la emisora salteña FM Aries, el miércoles anterior a la represión, “en medio de la protesta, (los docentes autoconvocados) interrumpieron la libre circulación en el ingreso y salida de la ciudad de Salta, y tras cuatro o cinco horas, hablé con ellos y depusieron su actitud”.
Con ese motivo, la magistrada dijo haber emitido una orden judicial “de la cual los manifestantes fueron notificados, que establece que pueden protestar de la forma que quieran, pero sin volver a interrumpir el paso de entrada y salida de la ciudad, porque se trata de un ejercicio abusivo de sus derechos”.
Los detenidos fueron trasladados primero a la seccional novena de la Policía de Salta, y desde allí a la Alcaidía General de la capital provincial. El Comité Provincial para la prevención de la Tortura denunció que durante la noche le fue negado el ingreso a la Alcaidía para constatar las condiciones de detención, lo que consideró un hecho de gravedad institucional.
En comunicación con Radio Universidad de Salta, Rodrigo Solá, presidente del Comité provincial para la prevención de la Tortura, contó que recién pudieron ingresar cuando las autoridades policiales terminaron sus controles. Allí constataron que había siete personas detenidas en una celda y once que todavía estaban en las cajas de los patrulleros. “Habían pasado ahí toda la noche, no habían tomado agua, no habían comido desde la detención, no tenían abrigo y no habían tenido contacto con su defensa ni con particulares”, lo que junto a la forma en que se despejó la ruta constituyen hechos de violencia institucional.
Mientras tanto, cientos de personas se congregaron el viernes frente a la Ciudad Judicial, en la capital salteña, para pedir por la liberación de los docentes, entre ellos representantes de organismos de derechos humanos. De forma simultánea, un grupo de docentes quedó apostado al costado de la ruta, en el acceso a la ciudad, donde otra vez se montó un fuerte operativo policial. Asimismo, docentes, estudiantes y familiares protagonizaron una vigilia en la plaza 9 de Julio, donde se sumó personal del área de salud que también mantiene un conflicto con el gobierno provincial por reclamos salariales y realizan un acampe en la plaza.
Paro total y marcha provincial
Acatamiento total
En las escuelas de Salta el acatamiento al paro del 29 de mayo fue del 100 %. Según publicó La Izquierda Diario, la marcha provincial de la docencia convocada en las primeras horas de la mañana fue masiva y se extendió por más de 10 cuadras. Las consignas fueron el rechazo al acuerdo del gobierno, por un salario igual al costo de la canasta familiar indexado a la inflación, 82 % móvil para las jubilaciones docentes y sobreseimiento a los docentes detenidos.
