La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada hace poco más de una década, fue de avanzada en toda la región. Propuso sustituir la idea del manicomio por un enfoque inclusivo y humano. Y dispuso la asignación de recursos para lograr los objetivos de un sistema descentralizado y accesible que brinde respuestas de calidad con equipos interdisciplinarios. El mayor recurso, madre de todas las batallas, es el presupuesto. En ese sentido, dictó que el 10% del presupuesto total de Salud debe destinarse a Salud Mental. No sólo nunca se cumplió en estos años, sino que –según denunciaron unas 20 organizaciones del sector– para el año próximo será de apenas el 1,48%.

“Solicitamos al Congreso de la Nación que garantice una asignación de recursos suficiente y adecuada para las políticas destinadas a promover y apoyar la salud mental en Argentina durante 2022. Las previsiones del Poder Ejecutivo para el año próximo indican que el dinero destinado a esta finalidad será, una vez más, insuficiente”, afirmaron en un comunicado firmado, por ejemplo, por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos XUMEK, y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), entre otras.

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El presupuesto es el mapa de ruta de una gestión. La forma en la que el Estado asigna y distribuye recursos y define sus prioridades. “La sanción de la Ley Nacional de Salud Mental constituyó un hito en el proceso de sustitución del modelo biomédico y hospitalocéntrico, centrado en el aislamiento de las personas con discapacidad psicosocial en grandes instituciones psiquiátricas, por uno de salud mental comunitaria, compuesto por una red de dispositivos alternativos a la internación que garanticen un abordaje humanizado e integral”, explican las organizaciones.

La norma obliga al Estado a crear un sistema descentralizado y accesible, en el que todos los centros de atención primaria y los hospitales generales del país cuenten con equipos interdisciplinarios que brinden asistencia de calidad en salud mental y en el que todas las personas cuenten con apoyos para vivir en la comunidad y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Para eso, el artículo 32 de la Ley 26.657 dispone que, como mínimo, el 10% del gasto total de Salud debe destinarse a salud mental. Esta obligación tenía que alcanzarse en el plazo de 3 años desde la sanción de la norma. En diez años, nunca superó el 2,2%. Para el año próximo representará solamente el 1,48% del presupuesto total de salud. “Al analizar la composición de este escaso porcentaje, se observa que gran parte de esos fondos se siguen destinando a los hospitales monovalentes nacionales, que para 2022 prevén continuar con la misma cantidad de personas internadas que este año”, afirman.

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones es el organismo a cargo de ejecutar el “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, que prevé acciones de capacitación, de fortalecimiento de los servicios de salud mental con base en la comunidad, de promoción de las externaciones, entre otras tareas destinadas a cumplir la ley. A pesar de su trascendencia para transformar el modelo de atención, los recursos destinados a esta actividad registraron una drástica disminución a partir de 2016, cuando arrancó la gestión de Cambiemos, que siempre marcó su rechazo por el perfil desmanicomializante de la ley.

En este sentido, entre 2015 y 2021 se redujeron un 78,06% los recursos: la Dirección perdió casi 600 millones de pesos en 6 años. Para 2022, los recursos proyectados caen un 12,13% en relación con los asignados este año.

“Este ajuste reviste particular gravedad si se considera el impacto que la pandemia del Covid-19 y la crisis social y económica que atraviesa Argentina tienen en la salud mental de la población. En este sentido, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de atención debe ser una prioridad para los próximos años”, advirtieron las organizaciones.

Y concluyeron: “Por estas razones, el Congreso Nacional debe garantizar un aumento de los recursos destinados a la Actividad de ‘Apoyo y Promoción de la Salud Mental’ del Programa 42 del Ministerio de Salud para 2022. De esta forma, dicho organismo tendrá más dinero para implementar acciones de prevención en salud mental, garantizar abordajes en el primer nivel de atención y en todos los hospitales generales, fortalecer la red de servicios y dispositivos con base en la comunidad, asistir a las personas con discapacidad psicosocial en sus procesos de externación, atender las consecuencias de la pandemia en la salud mental de la población, y asegurar la implementación del Plan Nacional de Salud Mental 2021-2025. Invertir en salud mental es urgente”.

Según pudo saber este diario, las negociaciones por las partidas del presupuesto 2022 continúan desarrollándose en el Congreso. Y los números aún no están cerrados. En algunos casos figuran en el texto central cifras que no estaban ratificadas por los Ministerios. De hecho, días atrás fue Educación la que figuraba con menos presupuesto.

En ese caso, el ministro Jaime Perczyk aseguró que la diferencia porcentual a la baja en el área de Educación se debe a errores cometidos en la confección del documento total: “El presupuesto, enviado por el Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre tiene errores que se encuentran en la sección correspondiente a educación. Hay fallas en la planilla de las universidades, en el programa de mejora de la calidad del sistema universitario, en el gasto para la educación técnico-profesional y la evaluación educativa, entre otros. Aseguró que, tras hablar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, acordaron modificarlo: “No es un objetivo ajustar el presupuesto sino dirigirlo siempre hacia la mejora de la inversión en Educación. Es responsabilidad de este gobierno corregir los desaciertos y reparar los daños que estos pudieran ocasionar”.