El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó este martes su Informe Anual ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, donde planteó la falta de políticas para favorecer la resocialización de personas privadas de la libertad y denunció el hacinamiento carcelario, que en el último tiempo favoreció el contagio de COVID-19 intramuros. De modo virtual, participaron funcionarios, senadores, diputados y referentes de Derechos Humanos.
En la apertura del encuentro, el presidente de la CNPT, Juan Manuel Irrazábal, destacó la conformación de la Secretaría Ejecutiva, a cargo de Alan Iud, quien fue elegido por concurso entre más de sesenta postulantes. Además, Irrazábal destacó la presentación de la guía de Recomendaciones para la Conformación de los Mecanismos Locales, al tiempo que se planteó el objetivo que “al fin de nuestro mandato, la mayoría de las provincias tenga conformado su Comité y nos permita llegar a todos los lugares de encierro para prevenir la tortura a aquellas personas que están bajo tutela del estado”.
“Estamos trabajando para logar un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que esté a la altura de los estándares internacionales”, afirmó el presidente del Comité.
COVID-19 en lugares de encierro
La comisionada Diana Conti denunció el estado de los establecimientos de encierro. “Las nuevas autoridades nacionales y provinciales recibieron una situación de hacinamiento que es facilitadora y promotora de torturas”, sostuvo, en tanto que elogió el accionar de los actores que forman parte del sistema penitenciario. “Sin perjuicio de los motines que fueron públicos, la realidad es que la comunidad del encierro y los ministerios estuvieron a la altura de ir llevando una situación de hacinamiento y deterioro a una situación posible de cuidado”, afirmó la dirigente kirchnerista.
Conti destacó que finalmente el coronavirus “no llegó a hacer estragos“ en las cárceles, aunque reconoció que hubo muertos y subrayó que los casos “estallaron en los geriátricos” por causas que se habían previsto, junto con el Defensor de Tercera Edad y con el PAMI, “porque el trabajador de estos ámbitos tiene multiempleo, viaja en transporte público, en general no está bien pago, y el bicho entraba desde afuera”.
Violencia institucional
A su turno, el comisionado Gustavo Palmieri se refirió a los malos tratos, torturas y violencia institucional registrados entre marzo y julio en el contexto de la pandemia: se detectaron detenciones arbitrarias seguidas de torturas y muertes en comisarías, que se están investigando. En distintas cárceles del país existieron, según mencionó, situaciones de protesta o hechos conflictivos vinculados al temor al contagio, en donde el Comité siempre hizo hincapié en alentar la conformación de espacios de diálogo.
Al mismo tiempo, el CNPT siguió casos vinculados a la represión de estos conflictos mediante el uso de armas de fuego letales, lo que está prohibido por normativa nacional e internacional. Entre marzo y julio, murieron cinco personas en cinco jurisdicciones diferentes del país.
Condiciones de encierro
La comisionada Rocío Alconada Alfonsín hizo un relato de la situación en los centros de encierro santafecinos. “Hay algo que atraviesa a todas las cárceles que visitamos y a todas las situaciones de encierro: la deshumanización. Se ve claramente por las condiciones de los lugares, las leyes y el trato”, sentenció. Luego, se refirió al carácter selectivo del poder punitivo en Argentina, que se utiliza a modo de administrador de las desigualdades: “Se pide mano dura al grito de que se respete la ley, pero cuando se trata de respetar la ley de los sectores más vulnerables, no tienen ningún valor”.
“Colchones arriba de baños, humedad, encierro, patio cerrados, sin luz, en ese lugar la gente pasa meses y meses”, describió la comisionada. Sobre el tema de la sobrepoblación y el subregistro en este campo, manifestó que, en Santa Fe “no tenemos verdadera dimensión de la población carcelaria porque se amplía por camas y no por la habitabilidad de los lugares”.
Alconada Alfonsín habló también de la situación de los menores privados de la libertad en esa provincia. “Son inaceptables, desde todo punto de vista, desde lo edilicio, desde lo humano: había jóvenes que llevaban ocho meses aislados, las condiciones eran tales que habían perdido la capacidad de resocializar. No los educan y les quitan la posibilidad de desarrollarse como seres humanos a la edad que deberían crecer”, relató. La defensoría pública de Santa Fe, sostuvo, maneja 518 denuncias por torturas durante 2018 y las estadísticas contrastan claramente con las oficiales.
Políticas públicas para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad
El comisionado Diego Lavado se refirió al incremento de la población penitenciaria debido a cambios legislativos que repercuten en las condiciones de detención como el aumento de condenados de por vida y por delitos de flagrancia. “Una persona que es encerrada y sabe que va a estar ahí hasta que se muera no tiene ningún incentivo y es generador de violencia interna que termina con vidas. Necesitamos políticas públicas que tiendan a reducir la cantidad de personas privadas de la libertad”, reflexionó.
CNPT: significativo para el cumplimiento de los derechos humanos
“La conformación y el funcionamiento del Comité siempre es significativo para el cumplimiento de los Derechos Humanos”, aseguró la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. “Sabemos que recibimos un sistema penitenciario con sobrepoblación y, desde hace muchos años, no se ha podido avanzar en el camino de mejorarlo”, afirmó la titular de la cartera. Losardo consideró que el Gobierno nacional “viene resolviendo varias cuestiones, como la construcción de unidades penitenciarias, respetando las pautas de los organismos internacionales”.
