El lunes 3 de julio, Lucas, 20 años, debía presentarse en los tribunales de La Plata para comparecer ante el juez que atiende en su causa. Nunca llegó. El patrullero que lo trasladaba se desvió hasta la Comisaria 12º de Villa Elisa. Allí, tres policías lo desnudaron, lo insultaron y le pegaron mientras lo mantenían esposado. Después lo obligaron a firmar un acta que Lucas jamás llegó a leer.

Esta semana, el Congreso suspendió, sin mediar explicaciones, la audiencia que debía designar candidatos para el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, uno de los compromisos asumidos en 2012 ante la ONU, luego de que el organismo internacional instara al país a mejorar la situación de los Derechos Humanos y crear herramientas para el monitoreo y control de los espacios de privación de la libertad. Sin embargo, la alarmante estadística sobre violaciones a los derechos básicos y el desdén de la clase política para poner en marcha mecanismos de prevención evidencian que, por ahora, la tortura es en la Argentina una realidad tan dramática como habitual.

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“Es preocupante que se ponderen los negocios políticos. Vemos que se demora arbitrariamente el proceso para la selección de candidatos y eso es un obstáculo para la efectiva integración de organismos que son centrales para la protección de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”, dice Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, una de las organizaciones que sigue de cerca el cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país.

En 2012, se sancionó la ley que creó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, pero ya pasaron cinco años y el organismo no está en funcionamiento. La suspensión de la audiencia de esta semana retrasar todo aún más. El Comité Contra la Tortura de la ONU ya había interpelado al Estado argentino en mayo por la falta de la implementación de mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura, destacando que en la provincia de Buenos Aires todavía está pendiente de sanción la ley que designa a la Comisión Provincial Por la Memoria (CPM) como organismo de control, y que cuenta con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios.

Al referirse a la actitud de ciertos agentes penitenciarios y de la policía, el organismo internacional remarcó que “de la información aportada se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres”. Para resolver esta problemática, instó a mejorar las investigaciones y proteger a denunciantes, testigos y víctimas.

La crueldad en números

La CPM, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA elaboran desde 2010 el registro de torturas más preciso del país. Desde 2011 a 2016 inclusive, contabilizaron 5910 víctimas. Si se consideran los hechos de tortura y malos tratos recibidos, esa cifra se triplica.

Sólo el año pasado, la PPN contabilizó en los penales federales 608 casos, mientras que la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires, otro de los organismos que aportan sus datos, enumeró 814 víctimas.

Dentro de los ámbitos carcelarios, los patrones que se tienen en cuenta son las agresiones físicas, el aislamiento, las amenazas, los traslados gravosos y constantes, las malas condiciones materiales de detención, la deficiente alimentación y asistencia a la salud, el robo de pertenencias, el impedimento de vinculación familiar y las requisas vejatorias. Entre 2011 y 2015, el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza encabezó las denuncias con 1153 casos en la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Durante el año pasado, sólo el 39% de las víctimas en presidios federales prestó su consentimiento ante la PPN para denunciar penalmente a los autores de las palizas, a pesar de que la mayoría de ellos aseguró poder identificar a los torturadores.

De los 814 casos que registró la Defensoría de Casación bonaerense durante 2016, 673 corresponden a “torturas y tratos crueles inhumanos”. El resto pertenece al universo del “agravamiento de las condiciones de detención” y a las denominadas “causas armadas”. De esos 673 casos, la mitad dijo ser víctima de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense y la otra mitad, de la Policía Bonaerense. El 50% solicitó mantener en reserva los tormentos para no sufrir represalias de parte de los policías o los agentes penitenciarios. Esta problemática también incluye a agentes de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, policías locales y personal del Centros Cerrados de Detención de Menores.

Otro dato de la Defensoría es que 133 menores de 18 años sufrieron torturas y tratos inhumanos: el 78% de ellos le pidió a su defensor que no hiciera la denuncia penal.

Roberto Cipriano, titular de la CPM, sostiene que “la tortura es una práctica sistemática en la Argentina, porque acontece en todos los lugares de detención y es utilizada por todas las fuerzas de seguridad. Para estos casos, la impunidad es la regla de parte de un Poder Judicial que es cómplice, por acción u omisión”.

Para Cipriano, tanto el kirchnerismo como el macrismo no mantienen diferencias en este tema: “La gestión actual tampoco ha adoptado medidas estructurales que resuelvan este problema; es más: en octubre de 2016 se anunció una reforma estructural que quedó sólo en eso: anuncios”.  «

Un candidato a la CIDH rechazado

En febrero, Cancillería presentó a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) la candidatura del abogado Carlos Horacio De Casas como comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el período 2018-2021. De inmediato la noticia cosechó el repudio de 130 organizaciones sociales porque De Casas fue el abogado defensor de Enrique Blas Gómez Saa, represor y exsubjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña, en una causa tramitada en Mendoza por secuestros y torturas durante la última dictadura cívico-militar. Finalmente, el candidato de Mauricio Macri perdió la votación realizada durante la 47ª sesión de la OEA al quedar en quinto lugar con solamente 11 votos apoyando su postulación.