El pasado 15 de marzo, Tiempo publicó un informe sobre la instalación de cámaras de seguridad dentro de aulas de escuelas públicas. El primer establecimiento educativo que el ministerio de Educación de la Ciudad eligió para llevar adelante esa iniciativa, fue la Escuela Técnica Cristóbal M. Hicken, que se encuentra dentro del jardín botánico. Tras la nota publicada en Tiempo y el posterior repudio de la comunidad educativa y organizaciones vinculadas a los derechos humanos, todo indica que la cartera que conduce Soledad Acuña reculó y decidió suspender momentáneamente la instalación de cámaras dentro del aula de esa escuela. Lo grave es que durante la jornada de este martes, la Ciudad avanzó con la instalación de dispositivos de filmación dentro de un aula de otro colegio, se trata de la Escuela Primaria Común N° 17 DE 8 Profesor Raúl L. Bernardelli del barrio de Parque Chacabuco.

Mientras por un lado el ejecutivo porteño decidió suspender la instalación de cámaras en un aula de la escuela Hickens, ante el alzamiento y el rechazo de la comunidad educativa y un importante sector de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, por el otro, avanzó en silencio con la instalación y puesta en marcha de una cámara dentro del aula de la escuela 17 de Parque Chacabuco que cuenta con una comunidad de 250 estudiantes.

“Hoy recorrí la escuela y observ la puesta en marcha que hizo el ministerio de una cámara dentro del aula, donde los chicos y chicas asisten todos los días para el dictado normal de clases. Una decisión completamente arbitraria, a espaldas de la comunidad educativa, y argumentando que era para proteger los bienes de la escuela, algo que es completamente ajeno a la realidad porque las maestras no tienen ni tizas para poder escribir en el pizarrón”, aduce en diálogo con Tiempo, Andrea Bohus, secretaria de la asociación docente Ademys. “Estas cámaras controlan el trabajo pedagógico atentando contra los derechos laborales y viola los derechos a la intimidad de las y los menores”, agrega. Y concluye: “Por ahora instalaron una sola cámara dentro de un aula, pero no sabemos si van a seguir poniendo más cámaras en ese aula o en alguna más”.

Instalación de una cámara dentro de un aula de la Escuela N° 17 DE 8 de Parque Chacabuco, realizada por el ministerio de Educación porteño.

Cabe destacar que desde la propia cartera educativa de la Ciudad, aseguraron a este medio que la idea es avanzar “en la instalación de espacios seguros en 150 escuelas porteñas”. Algunos de esos espacios “ocasionalmente incluyen la instalación de cámaras, pero que todavía no está determinado el número final, dado que son casos excepcionales. Los espacios tienen, más que nada, la instalación de sensores y alarmas”.

El pasado 15 de marzo este medio sacó a la luz la inminente instalación de cámaras en al menos tres aulas de la Escuela técnica Hickens. Tras la publicación de la nota, la comunidad educativa rechazó contundentemente esta medida y se organizó para detener la iniciativa. Incluso hubo una presentación de proyecto de declaración en la legislatura, redactada por el legislador porteño del frente de Todos, Claudio Morresi: “Acompañamos a la comunidad de la Escuela “Cristóbal M. Hicken” en su rechazo a esta iniciativa de Larreta que avasalla los derechos de nuestros pibes y pibas, garantizados por la ley 26.061 que los protege”, destacó el diputado en sus redes.

“Nosotros como UTE nos hicimos presentes en el día de ayer en la escuela Hickens, para dialogar con los profesores, profesoras y con varias autoridades, y conocer el estado de situación. Nos confirmaron todo lo que había salido publicado en el artículo y nos dijeron que eso provocó bastante movimiento más allá de lo mediático”, contó a Tiempo Martín Acri, integrante de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y referente educativo de los distritos escolares 9 y 10. El docente confirmó que la instalación de cámaras en la escuela Hickens finalmente no iba a prosperar, debido a que la comunidad educativa rechazó con contundencia esta iniciativa. “Las familias tuvieron un rol protagónico al rechazar por unanimidad la instalación de cámaras y el ministerio de Educación de la Ciudad, en principio, reculó y suspendió el proceso que había iniciado”, agrega Acri. La comunidad educativa exige mayor presencia de seguridad en la zona para evitar el robo de dispositivos informáticos, la instalación de dispositivos de control fuera de la escuela, y la instalación de rejas por los lugares que pueden ingresar los delincuentes.