El martes hubo una marcha. Frente al Congreso y bajo la consigna “Para que no te pase”, se exigió seguridad y justicia. El acto fue alentado desde los medios (dos periodistas fueron los oradores principales) y hasta apoyado por el Gobierno nacional, aunque los organizadores –familiares de víctimas de todo tipo de violencias: inseguridad, accidentes viales, femicidios o tragedias como las de Cromañón y Once– insistieron en que fuera una concentración “apolítica”.

Pero la convocatoria fue decepcionante. “Vino muy poca gente. Esperaba muchísima más”, reconoció Juan Carlos Blumberg, pionero en reclamar penas más duras para los delincuentes. El ingeniero (que después no fue ingeniero) había puesto la vara alta: en 2004 juntó 150 mil personas en la misma plaza en su cruzada contra el delito, que terminó con la sanción de un grupo de leyes que, frente a la vigencia del descontento, no solucionaron la cuestión de fondo.

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Lo del martes fue la reacción a dos ideas instaladas –y convenientemente construidas– desde hace un tiempo: la “puerta giratoria” y los “derechos sólo para los victimarios”. Un discurso que encuentra en varios funcionarios del Estado la caja de resonancia menos pensada y más peligrosa.
Mientras los manifestantes se desconcentraban, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, dijo en televisión que “hay jueces compitiendo a ver quién es más garantista o más imaginativo en el punto de liberar”, e insistió con que “el Código Penal ha olvidado a la víctima desde hace muchos años”. Lo que omitió decir, por ejemplo, es que de las 40 mil personas detenidas por la Justicia de la provincia de Buenos Aires, casi el 60% no tienen condena. “Solo este dato demuestra que la idea tan difundida de ‘puerta giratoria’ es un mito que nada tiene que ver con el funcionamiento del sistema penal”, avisan desde la Comisión por la Memoria. “Si existe –continúa el comunicado–, es para los delincuentes de guante blanco o los responsables del delito complejo, pero no para los eslabones más débiles de la cadena delictiva, que pertenecen a los sectores más empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.”

Su par en Nación, Patricia Bullrich, ya había pedido “terminar con la puerta giratoria” y hasta se involucró en el último gran caso de “justicia por mano propia” al remarcar que el cirujano Lino Villar Cataldo, que ejecutó a un ladrón que intentó robarle el auto, era “la víctima y no el victimario”. Más lejos había ido Mauricio Macri cuando opinó que el carnicero de Zárate debía estar en su casa y no en la cárcel, tras atropellar y matar a un delincuente.

“Los mensajes que bajan del Gobierno no sólo no contribuyen a mejorar lo que está pasando con la inseguridad, sino que me parecen nefastos. La influencia de la política en casos de ‘justicia por mano propia’ te llevan a un lugar peligroso. Yo lo viví con el menemismo”, cuenta Lelia Leiva, la abogada que intentó que el ingeniero Horacio Santos, el primer “justiciero” mediático del país, recibiera la condena de un asesino.
El 16 de junio de 1990, Santos aceleró todo lo que pudo durante 17 cuadras (una mano al volante y la otra empuñando su revólver calibre 32) hasta alcanzar a Osvaldo Aguirre y Carlos González, quienes escapaban con el estéreo de su auto. Disparó dos veces acertando en la cabeza de cada uno. Los ladrones estaban desarmados.

En el primer fallo, de 1994, Santos fue condenado a 12 años de cárcel por homicidio simple agravado (por ser dos las víctimas), pero un año después la Cámara Penal cambió el fallo: entendió que lo del ingeniero había sido un caso de exceso en la legítima defensa. Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso. Así el justiciero quedó libre.

“Tuvimos una lucha muy desigual porque los abogados de Santos (Eduardo Gerome, Hugo Anzorreguy y Héctor Calandra) eran ex magistrados, con fuertes vínculos con el menemismo. Hubo testigos amenazados para que no declararan y no podía acudir a la Corte porque también era adicta. Lo que hizo la justicia con Santos fue un bochorno”, dice hoy Leiva.

–¿Qué opina de las declaraciones de funcionarios a favor de los “justicieros”?

–Me parece una locura que el presidente apoye públicamente a alguien que mató. Eso genera violencia, además de ser una intromisión en la justicia. El tema de la inseguridad estuvo siempre pero en el último tiempo se exacerbó y en eso contribuyó el Estado. Un presidente tiene que propiciar políticas sociales de inclusión y no fomentar que la gente se arme y salga a matar con la excusa de que el Estado no la defiende. «

Proliferación de armas

La Red Argentina para el Desarme insistió esta semana en que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley 27.192, que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que reemplazó al RENAR, sancionada en 2015. El Plan de Desarme recién fue prorrogado el 28 de septiembre, tras diez meses de parálisis, una burla al destino de las ocho personas que mueren a diario por armas de fuego. “El Estado manifiesta un grave y flagrante retraso en el control de la proliferación de armas de fuego y la prevención de los riesgos relacionados”, sostuvieron nueve asociaciones civiles encabezadas por la Fundación Alfredo Marcenac.

Tres “justicieros”

* En junio de 1990, el ingeniero Horacio Santos persiguió con su auto 17 cuadras a dos ladrones que le habían robado el estéreo. Los encerró y los mató de un tiro a cada uno. Después de ser condenado a 12 años por homicidio simple agravado, la Cámara redujo su pena a tres años en suspenso. El caso acuñó el término “justiciero”.

* El 26 de agosto pasado, el cirujano Lino Villar Cataldo estacionaba el auto en su casa de San Martín cuando lo quisieron asaltar. Tomó del cantero una pistola, de la que es legítimo usuario, y asesinó al ladrón de cuatro disparos. La justicia decidió excarcelarlo bajo fianza mientras determina si actuó o no en legítima defensa.

* El 13 de septiembre, Daniel “Billy” Oyarzún, un carnicero de Zárate, persiguió con su auto a un ladrón que le había robado, hasta atropellarlo y matarlo. La ciudad marchó para pedir su liberación y hasta el presidente Macri pidió su libertad. Al igual que al cirujano Cataldo, la justicia le concedió una libertad extraordinaria.

Un proyecto para proteger a las víctimas

Acaso impulsados por la última marcha, las comisiones parlamentarias de Legislación Penal y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Diputados desempolvaron esta semana un proyecto presentado por Sergio Massa en abril pasado que contempla “un nuevo régimen de protección a víctimas de delitos”. El jueves desfilaron por allí organizaciones especializadas en la materia, diputados de todos los sectores y familiares de víctimas de distintos delitos. Entre otros temas, se discutieron las funciones que tendrían los futuros Centros de Asistencia y Protección a la Víctima de Delito, donde habría un equipo interdisciplinario de profesionales, pero sobre todo abogados que atiendan los casos más graves, como abuso sexual, trata de personas, homicidios y delitos de lesa humanidad.