La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación que incorpore la situación de las mujeres, personas gestantes y niñeces en contacto con el sistema penal dentro de las políticas públicas que contempla la reciente Ley 27.611. La norma procura “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”.

“Tenemos un especial interés en la atención de determinados grupos prisionizados que sufren el impacto de la cárcel de un modo diferencial”, aseguró Mariana Lauro a Tiempo, directora de Colectivos Sobrevulnerados de la PPN. Además puntualizó que “dentro de estos grupos, las mujeres y personas gestantes, así como los hijos e hijas cuyas madres permanecen encarceladas, requieren de políticas públicas que adviertan sobre sus necesidades particulares”.

En este sentido la reciente sanción de esta ley resulta una política útil y necesaria en la cual “entendemos debe tenerse presente a las madres, niños y niñas que se encuentran atravesades (sic) por el sistema penal”, agregó Lauro. Y continuó explicando que “promover estas políticas dentro de la cárcel es fundamental para garantizar el acceso para todas las personas”.

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Durante las recorridas de la PPN en los establecimientos de encierro “ha puesto un especial interés a la situación particular de las mujeres y personas con capacidad de gestar” encarceladas o bajo medidas alternativas a la prisión, “como así también a la promoción del fortalecimiento del vínculo materno filial a través de medidas y políticas públicas respetuosas de los derechos de mujeres,  niños y niñas”, aseguró la directora a este diario.

También contó que en los últimos años el organismo ha fortalecido también una línea de trabajo focalizada en “la visibilización de la situación de las infancias y adolescencias con referentes privados de libertad”.

La mujer explicó que en el camino de promover una mayor integralidad e interseccionalidad de estas políticas públicas, desde el Equipo de Género, Diversidad Sexual y la coordinación para el monitoreo integral del derecho a la vinculación familiar y social “entendemos necesario contemplar a todos los grupos que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad”. Como es el caso de aquellos que permanecen “en contacto con el sistema penal”.

Por todo ello se elaboró la presente recomendación de la PPN al Ministerio de Salud de la Nación, “en la cual se advierte sobre la importancia de incorporar al colectivo de mujeres y personas gestantes y a la primera infancia ancarcelada” a las políticas públicas de la reciente Ley. Para que sean avaladas y acompañadas “por los organismos del Estado vinculados con la problemática de este grupo específico”, cerró Lauro.

Ley 27.611

Fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de diciembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2021. Busca la integralidad de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, personas gestantes y la primera infancia. Contiene dentro de sus principios rectores la articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas dirigidas a la primera infancia hasta los tres años. También la simplificación de los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social y el diseño de nuevas políticas públicas que brinden la asistencia y el acompañamiento adecuado para que las familias puedan asumir sus responsabilidades de cuidados integrales de la salud. El acceso a la información y a la capacitación para el ejercicio de derechos, entre otras, como lo estipula en su artículo número 3 de la presente ley.