«Un delito de adulto merece una pena de adulto»; «El chico de 14 de hoy, vuela»; «No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso». El coro de funcionarios que concibe la baja de la edad de imputabilidad como una medida eficaz en la declarada «guerra» contra la inseguridad, hay que decirlo, ya no siente pudor sobre el escenario. Si bien las bravuconadas punitivas suelen imponerse en la agenda pública cada tanto, el actual gobierno libertario ha decidido avanzar en la implementación del discurso de la «mano dura«.
Hace algunas horas, el diputado mendocino por La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, presentó en el Congreso un proyecto de ley para que un chico de 12 años ya sea punible penalmente (el Régimen Penal Juvenil vigente contempla sanciones para la comisión de un delito desde los 16 hasta los 18). Así, un adolescente de 15 años, por poner solo un ejemplo, estaría en condiciones de recibir una condena de 15 años de prisión, es decir, un año de cárcel por cada año vivido.
Durante su exposición en el Senado, donde brindó su primer informe de gestión, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya había confirmado que el Gobierno intentaría avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. «Un delito de adulto merece una pena de adulto», dijo con la sintaxis sencilla y atractiva de los eslóganes.
Posse se sumó así al Scrum del Ejecutivo que tiene a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como pilares. «Tenemos un proyecto que es el régimen penal de la minoridad», avisó Cúneo al canal Todo Noticias y lo justificó diciendo que, en comparación con épocas pasadas, «el chico de 14 de hoy vuela».
Se sabe: el debate sobre qué hacer con el delito juvenil se aviva con cada caso de alto impacto mediático, como lo fue el crimen del playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de Rosario en marzo pasado. Tras la detención de un menor de 15 años, Bullrich se apuró a escribir en sus redes sociales: «Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes».
Si la ministra de Seguridad tiene el don del oportunismo, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ostenta el manejo de la hipérbole: «No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso. Soy más duro que lo que plantea Bullrich. No hablo ni de 12, ni de once, ni de 14 años. El que pertenece a una organización criminal y comete un delito contra la vida, se lo tiene que juzgar como si fuera mayor, tenga la edad que tenga».
El gobierno y la imputabilidad: contra el sentido común
En la provincia de Buenos Aires, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil inició durante 2023 apenas cinco causas más por homicidios dolosos con respecto a 2022. Se trata, según la rigurosa estadística, del segundo valor más bajo de los últimos 14 años con respecto a homicidios dolosos presuntamente atribuidos a personas menores de 18 años de edad. Un recorte más preciso arroja que entre 2009 y 2022 los homicidios dolosos del Fuero Criminal y Correccional se redujeron en un 45,5% mientras que los del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil lo hicieron en un 59,9%.
«La foto de los últimos 15 años nos permite ver un descenso muy importante de los homicidios cometidos por las personas menores de 18 años en la Provincia de Buenos Aires, que hay que entenderlo en el contexto general de los homicidios dolosos que se da en todo el territorio bonaerense. Con relación a los menores de 18 años vinculados a homicidios, me parece importante no perder de vista este proceso general de descenso porque va en contra del sentido común. Estamos hablando de un descenso mayor al 50% con respecto al inicio de la medición en 2009″, explica Ángela Oyhandy, directora del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
«La información estadística –aclara Oyhandy– no busca minimizar la importancia de los delitos cometidos por jóvenes, sino aportar herramientas concretas que permitan evaluar las políticas implementadas y diseñar propuestas con base a las realidades de los territorios».
El martillo y el clavo
A Esteban Rodríguez Alzueta –criminólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes– su abuelo solía decirle que «cuando la única herramienta que tenés en el cajón es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo».
Hoy, ya grande y especializado, interpreta aquella frase: «Si la única respuesta que tiene el Estado para hacer frente al delito es la cárcel, siempre va a ver a un delincuente. Pero si además de la cárcel, tiene a la escuela, al club, una casa joven, o trabajo digno, entonces, vería a un estudiante, a un deportista, un músico o compositor, un trabajador con dificultades, que necesita mejores oportunidades. Tenemos que ser creativos a la hora de tramitar los reproches. No me parece que el encierro sea la mejor forma de vincular al joven a experiencias que no tuvo. Y que no las tuvo, en cierta manera, porque el Estado no estaba o estaba, pero miraba para otro lado, sin recursos, sin ideas, sin imaginación».
Y sigue: «Estamos hablando de jóvenes que tienen 15, 16 o 17 años. Si un pibe de esa edad no está en la escuela, no está jugando a la pelota en un club, haciendo música, no es un problema de la familia, sino del Estado. El Estado es corresponsable. Pensar el reproche a través del castigo penal es una forma de esconder la cuota de responsabilidad que le cabe al Estado».
Un preso veterano explicó mejor que nadie cómo opera el encierro en los jóvenes: «Tirás un gatito ahí adentro y sale un león». Alzueta también cree que la cárcel lumpeniza y enrola a los pibes en las organizaciones criminales.
«El pibe tiene que ser objeto de un ritual jurídico a través del cual se canalice un reproche, tenga la oportunidad de escuchar a la víctima, de reflexionar sobre sus actos frente a sus seres queridos. Y ese reproche, puede ser de distinto tipo: trabajar para reparar a la víctima, colaborar con las organizaciones sociales, bancarse la cara de orto de los vecinos que estarán a su lado, acompañándolo, lo que algunos criminólogos llamaron ‘vergüenza reintegrativa’ –concluye–. Pero para eso, el pibe tiene que estar cerca, te tiene que quedar cerca. Y eso no es una responsabilidad del pibe sino del Estado». «
Una ley de la dictadura
En diciembre de 1954, durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, la edad de imputabilidad se fijó en 16 años en el marco de una política dirigida a la protección de la infancia (Ley 14.394). Tres meses después del Golpe de Estado de 1976, la dictadura cívico-militar creó nuevas figuras judiciales –acordes a las atrocidades cometidas– y bajó la edad de punibilidad a 14 años. En agosto de 1980, con el aval del dictador Jorge Videla, se sancionó la vigente Ley 22.278 que volvía a subir la edad a 16 años.
En junio de 2018, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó sus observaciones sobre la implementación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) en Argentina. «El sistema de Justicia de menores sigue estando administrado por la Ley Nº 22.278, a pesar de su incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos», advirtió.
El pronunciamiento se sustenta en que instancias internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaron la necesidad que el Estado argentino cree un sistema de justicia penal juvenil para evitar que ocurran violaciones a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). Recomendó, además, ampliar las medidas alternativas al encarcelamiento como puede ser el modelo de justicia restaurativa; es decir, un acuerdo de reparación entre los menores y las víctimas.
