La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió que el caso de Paola Córdoba, que asesinó a su esposo el sábado 9 de marzo de 185 puñaladas en José C. Paz, sea investigado y juzgado desde una perspectiva de género. Sucede que la relación de más de 23 años estuvo signada por violencia física y psicológica. Alberto Naiaretti, el esposo, la aisló de la familia y la obligó a prostituirse.

«Le pedimos a la Justicia que contemple el caso desde una perspectiva de género, tanto en la fase de la investigación como al dictar una sentencia definitiva. Paola acudió a los organismos del Estado para pedir ayuda ante su situación, pero no obtuvo respuesta», destacó Guido Lorenzino, titular de la Defensoría bonaerense.

A raíz de la violencia a la que tanto Paola Córdoba como sus hijos eran sometidos, ella había realizado una gran cantidad de denuncias e incluso había conseguido una orden de restricción del hogar para su marido. Sin embargo, este violó todas las medidas judiciales que pesaban en su contra.

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La Defensoría representa a las imputadas Paola Córdoba  y su hija Paula, de 18 años, y presentó el pedido ante la fiscal Silvia González Bazzani, de la UFI 23 de Malvinas Argentinas.

Como la propia mujer llamó al 911 para avisar que había asesinado a puñaladas a su marido y en la pelea intervino la hija mayor del matrimonio, Paula, ambas terminaron detenidas.

Lorenzino sostuvo que «es fundamental profundizar, a partir de un abordaje interdisciplinario, los dispositivos previstos por el Estado para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para todas las personas que padecen violencia familiar».

El martes, defensor Javier Chirinos solicitó la libertad de sus asistidas a través de un planteo de «excarcelación extraordinaria» ante el juez de Garantías 4 de San Martín, Alberto Brizuela. Requirió que la muerte de Naiaretti se enmarcase como un homicidio en legítima defensa desde una perspectiva de género.