José Luis Inglese es un desconocido para la gran mayoría de los vecinos de la Ciudad. Sin embargo, sus decisiones afectan el bolsillo no solo de los porteños, sino de todos los habitantes del país. Este consultor e ingeniero sanitario es una pieza clave en el megadesarrollo inmobiliario que IRSA hará en Costanera Sur, con los votos del bloque que responde a Horacio Rodríguez Larreta en la Legislatura. Inglese supo estar de los dos lados del mostrador, con pasado en la gestión pública durante el macrismo, generando beneficios al privado para el que hoy trabaja.

El viernes 15 de octubre se inició la audiencia pública por el proyecto Costa Urbana, que pretende convertir las 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca en un Puerto Madero 2, con torres de lujo de 45 pisos en el último humedal de la región. Aquel día, uno de los primeros en tomar la palabra fue el presidente de Inglese Consultores SA, José Luis, quien contó que su consultora “ha estado encargada de los estudios previos relacionados con los aspectos ambientales de este desarrollo. Hemos sido nominados por el desarrollador en caso de que sean aprobadas las normas urbanísticas correspondientes”. Y  habló de la “metodología y las buenas normas y buenas prácticas establecidas por el Banco Mundial para la realización de los estudios de impacto ambiental”.

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Su participación causó sorpresa y críticas de los disertantes. Fue acusado de “dibujar los análisis previos”, pero el reproche más grave vino por su gestión como presidente de Aysa entre 2015 y 2019.

Por esos años, Inglese ideó el denominado proyecto Baja Costanera que contempla la construcción de un gran colector cloacal desde San Fernando hasta Avellaneda, pasando por las zonas más pudientes de capital como Costa Salguero, Puerto Madero y atraviesa los terrenos donde se propone Costa Urbana. ¿Con qué contempló financiarlo? Con fondos internacionales destinados al saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, que nada tenía que ver. Esa obra benefició a los barrios privados del norte del conurbano y también a los que hoy impulsa Larreta en Costanera Norte y Sur, los últimos accesos al río que pasarán a privatizarse.

En marzo de 2018, durante una de las audiencias públicas de ACUMAR –el ente encargado de sanear el Riachuelo–, el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, le preguntó por este asunto a Inglese: “hay algo que llama la atención, porque aparece por primera vez en el informe de 2017 la mención del desvío colector Baja Costanera”. Sin ruborizarse, el entonces director de Aysa le respondió que “no solo se tuvo en cuenta la contaminación que agregan los desbordes cloacales y las conexiones clandestinas y pluviales que van a parar al Riachuelo, sino que hay una situación semejante a lo largo de la costa del Rio de La Plata”, justificando el cambio de locación para los fondos.

“Los créditos del Banco Mundial hablan de la Cuenca Matanza Riachuelo, no del Río de La Plata. Primero resolvamos los problemas de la Cuenca, es una cuestión de prioridades”, subraya a Tiempo el arquitecto y periodista especializado en cuestiones sanitarias, Gustavo Cañaveral.

Tras la audiencia pública por Costa Urbana, el abogado ambientalista Enrique Viale calificó de “muy grave” la situación: “el asesor de IRSA en el 2018 estuvo en la Corte como miembro de Aysa, del Estado, pidiendo el colector de cloacas que va a necesitar IRSA en este negociado inmobiliario. Esto es para una denuncia penal que ya estamos analizando presentar. Es un escándalo. Cuesta miles de millones y los tenemos que pagar nosotros. Para eso trabajaron de los dos lados del mostrador”.

Hubo una segunda acción de Aysa en beneficio al otro proyecto larretista de torres de lujo frente al Río de la Plata, en Costa Salguero. “En 2016, los cientos de millones de dólares que había mandado el BID para desarrollar la infraestructura en la Villa 31, los usó para garantizar entre otras cosas el agua y las cloacas en Costa Salguero, Saldías y Areneros –explica Cañaveral–, La única lógica posible fue usar la plata de todos para un barrio de pocos que todavía ni existe”.

En todos esos años Inglese nunca renunció a la conducción de la consultora que ahora le hará el estudio de impacto ambiental a IRSA. Su situación fue tan notoria que Laura Alonso no pudo cerrar su expediente en la Oficina Anticorrupción (OA) por “conflicto de intereses”. Mientras dirigía Aysa, Inglese tuvo clientes que participaron de licitaciones, contrataciones y concursos de la empresa estatal.

La actual gestión de Félix Crous en la OA resolvió que Inglese cometió una infracción a la Ley de Ética Pública. El implicado pidió una reconsideración de su caso. Meses atrás, Inglese declaró a Perfil que nunca “había ocultado” su cargo en la consultora porque desde la entonces Secretaría de Obras Públicas le aseguraron que “tanto Aysa como mi consultora se rigen por la ley de sociedades anónimas y empresas privadas”.  «

El celular de Darío Nieto

José Luis Inglese quedó expuesto en la causa en la que el juez Marcelo Martínez Di Giorgi investiga presuntas maniobras de espionaje por parte del macrismo. Al abrirse el celular del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, se reveló la maniobra en la que desde el gobierno le arrebataron a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa una obra de 270 millones de dólares por los trabajos en el denominado Lote 2 del Riachuelo. Finalmente, la licitación fue redirigida a la empresa italiana Impregilo. Por todo esto, quedaron en la mira no solo el entonces presidente de Aysa, sino también el ex ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio.

Rechazo

Esta semana, en la cuarta jornada de la audiencia pública por Costa Urbana, el !00% de las y los oradores se manifestó en contra de la construcción de un barrio privado por parte de IRSA en la ex Ciudad Deportiva de Boca.