El agua es un derecho humano fundamental y la puerta de acceso a otros derechos. No contar con acceso al agua y un saneamiento adecuados tiene consecuencias en la salud de la población y en la reproducción de desigualdades sociales: en la Argentina, para el año 2020 el 20,1% de la población todavía no accedía a fuentes seguras de agua potable y un 43,9% tenía déficit en saneamiento.

En las zonas rurales dispersas, esas brechas se amplifican dramáticamente y la situación afecta al 37,6% de la población que no tiene agua potable en su vivienda y un 65,2% sin acceso a saneamiento: incluso un 18% utiliza hoyos, excavación o defecación al aire libre.

Para dar respuesta a esta problemática, la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH) del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento (DNAPyS) lanzó el año pasado el Programa de acceso al agua, el saneamiento y la higiene en zonas rurales dispersas que “tiene como objetivo principal reducir las brechas históricas de acceso a estos servicios esenciales de quienes habitan en comunidades rurales dispersas que presentan un alto índice de vulnerabilidad sociosanitaria”, según explica José María Regueira, director nacional de Agua Potable y Saneamiento.

Mirando al norte

El Programa tiene como foco a las poblaciones que se encuentran principalmente en la región del Norte Grande, que incluye a las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, considerando el estado de las condiciones de acceso a servicios esenciales, fuentes de agua, tecnología, infraestructura y distancias.

“Este programa se lleva adelante a través de la ejecución de obras de sistemas de gestión familiar para el acceso al agua y al saneamiento seguros, a través de la colaboración y articulación con gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil”, detalla el titular de la DNAPyS.

Foto: Gentileza Ariana Irastorza

El ámbito rural disperso es un espacio de intervención más complejo, a diferencia de otros territorios del país. A la escasez de agua se suma el aislamiento geográfico y el nivel de dispersión de las comunidades, por los kilómetros de distancia que existen entre las viviendas, lo que impide la implementación de tecnologías convencionales como las redes de agua. A su vez, muchas de estas zonas rurales presentan Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE): el agua subterránea contiene arsénico en un nivel mayor al recomendado, y también gran presencia de salitres.

“Para abastecerse del recurso, las personas deben acarrear el agua cientos de metros, a veces kilómetros, y hasta varias veces al día; dependen del camión cisterna municipal, utilizan un pozo y recolectan agua de arroyos, canales y ríos o procedente de lluvia, en recipientes plásticos de todos los tamaños”, explica María Hernández, ingeniera civil y coordinadora del Programa Agua en Comunidades Rurales de Ingeniería Sin Fronteras Argentina (ISF-Ar).

Agua de lluvia

Desde el 2012 esta asociación civil lleva adelante proyectos comunitarios de acceso al agua en Santiago del Estero, una de las provincias con mayores niveles de criticidad, según el mapa de vulnerabilidad elaborado por la DNAPyS.

Las particularidades de la región demuestran que el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura domiciliaria como los sistemas familiares de captación y almacenamiento de agua de lluvia, pueden brindar acceso a estos servicios y contribuir desde la gestión estatal a la construcción de territorios sustentables.

El almacenamiento y reserva de agua para la temporada seca es una estrategia antigua y crucial para la vida en regiones semiáridas, de modo que implementar sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia tiene un impacto significativo en tanto responde a una práctica ya realizada por las familias”, señala María Hernández.

Los sistemas que se construyen están formados por una cisterna o aljibe de almacenamiento de 16.000 litros, un techo de captación y canaletas con las que se recolecta el agua, un sistema de separación de primeras aguas y una bomba manual para extracción del agua almacenada.

Al tratarse de un esquema repetitivo y sencillo a nivel constructivo, las cisternas y superficies de captación de agua de lluvia permiten incorporar fácilmente mano de obra local a través de una metodología ágil. “Con estas obras se busca facilitar el acceso al agua en comunidades rurales dispersas, reducir la brecha de género profundizada por la falta de acceso al agua y al saneamiento, y también promover la creación de empleo a través de la contratación de trabajadores de la zona”, señala José María Regueira.

“Este tipo de intervenciones presentan grandes oportunidades, ya que promueven el acceso a un derecho humano fundamental y, por otro lado, fortalecen y dinamizan las economías locales”, acota María Hernández.

La articulación entre la DNAPyS, los gobiernos locales e Ingeniería Sin Fronteras Argentina comenzó con el relevamiento de más de 1300 hogares realizado por la asociación civil junto con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI, ahora INAFCI) en 2021, en el cual identificaron la magnitud del problema y ubicar a las comunidades con altos niveles de vulnerabilidad y urgencia. “Este Programa es el resultado de todo lo que puede lograrse cuando el Estado y las organizaciones sociales se encuentran”, remarca la coordinadora de ISF-Ar.

Actualmente trabajan en los municipios de Real Sayana, Lugones y Herrera, ubicados en el departamento Avellaneda, al sur de la provincia de Santiago del Estero. Con una inversión de $247.195.551, se van a construir 81 sistemas, para 314 personas que habitan en el lugar. Hasta el momento llevan construidos 20 sistemas para almacenar agua de lluvia y a fin de año estiman finalizar los sistemas de agua restantes.

Los proyectos se implementan con participación de las familias a través de asambleas comunitarias, material informativo, canales de comunicación directa, talleres de capacitación en gestión del agua y acompañamiento social durante todo el proceso.

Agua y género: reducir las brechas desde la política pública

La falta de acceso al agua y el saneamiento afecta principalmente a las mujeres y niñas. Por las desigualdades de género respecto a las tareas de cuidado, son las principales encargadas de la gestión del agua hasta los hogares. En las zonas rurales dispersas ellas suelen ser las encargadas de acarrear el agua de los camiones cisterna o pozos, en una actividad que les demanda de 4 a 6 horas diarias.

Esto genera una sobrecarga para ellas, que deben ocuparse del trabajo productivo, de cuidado y de gestión del agua (acarreo, traslado y uso racional del recurso).

Carolina Lencina vive en el paraje Las Cañas, en Real Sayana, con su marido y sus dos hijos: una niña de un año y un niño de tres. «Vivir sin agua es muy feo, el río lo tenemos muy lejos y el pozo que tenemos cerca tiene el agua muy salada –apunta–. A veces pedimos a la municipalidad y tarda en llegar, entonces le tenemos que dar ese agua a los chicos, ese agua salada difícil de tomar. Todos los días voy caminando con baldes a buscar agua al pozo. Tener un aljibe es una alegría muy inmensa que me cambia la vida, porque ya no tengo que estar de aquí para allá, dejando a los chicos para ir al pozo y tener que darles ese agua fea. Ahora es más fácil y el agua es más linda para tomar”.

Antecedentes en la región

El antecedente más importante en la región es el Programa Un millón de cisternas en Brasil, un proyecto que nació hace más de 20 años como una demanda de la sociedad civil y una alianza entre organismos no gubernamentales y el Estado para abordar la escasez de agua en la región semiárida de Brasil a través del almacenamiento de agua de lluvia en cisternas con capacidad para 16.000 litros.

Otro antecedente importante es el Programa Más Inversión para Agua – MiAgua en Bolivia, dirigido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Estado Plurinacional, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población, a partir del mejoramiento de la calidad de vida mediante la provisión del servicio de agua potable y saneamiento básico.

Existen otras experiencias de búsqueda de soluciones alternativas para el acceso al agua y el saneamiento en zonas rurales dispersas. En nuestro país, las políticas públicas estuvieron históricamente focalizadas en áreas urbanas y pensadas a partir de redes centralizadas. Sin embargo, tanto el Ministerio de Agricultura como el INTA han pensado e implementado soluciones alternativas como los sistemas de cosecha de agua de lluvia.