Pasa el tiempo y las respuestas no llegan. Un centenar de familias, en su mayoría encabezadas por mujeres y con varios niños y niñas, permanecen en un terreno en la zona de la Villa 31 conocida como La Containera. Un lugar usado desde hace años como basural, en el que instalaron precarias carpas y desde donde reclaman por su derecho a una vivienda digna, organizadas bajo el nombre “La Fuerza de Las Mujeres”. Este viernes, decidieron marchar a la Fiscalía 11 de la Ciudad, a cargo de la fiscal Valeria Messaglia. Quieren saber, al menos, a quién pertenecen esas tierras y que alguien las escuche.

“No tenemos ninguna respuesta. Sigue la policía con su presión en el lugar y nada más”, dijo desde la puerta de la fiscalía –en Beruti 3345- Rocío Ponce, vecina de la Villa 31. Se instaló en el predio porque este mes ya no puede pagar el alquiler y debe entregar el lugar en el que vivía dentro del barrio. Las dificultades para alquilar no son nuevas, pero se potenciaron durante la pandemia.

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“Estoy todavía alquilando una habitación pero la tengo que entregar en estos días porque ya no llego a pagar este mes y me voy a quedar ahí (en el predio). Te aumentan, te echan sin motivo. Tenía que alquilar sola con mi pareja porque con hijos no te alquilan. Tengo cinco hijos y están con mi mamá. Así como estoy yo hay muchas familias. Tenemos trabajos precarios, sin estabilidad económica para ir a otro lado. No nos alcanza. Y lo mismo pasa afuera”, dijo a Tiempo la mujer, de 30 años.

Mientras la mayoría de las familias permaneció en el acampe, algunas referentas se movilizaron hasta la fiscalía para intentar ser recibidas. “En principio esperar que alguien nos reciba para ponernos al tanto de la causa”, dijo Walter Córdoba, de Barrios de Pie, que acompaña el reclamo junto con otras organizaciones sociales. “El terreno está en desuso hace seis años. Lo usan como basural. El propio Gobierno de la Ciudad lleva escombros ahí. Ni siquiera vinieron a decirnos de quién son los terrenos. Nos dejan ahí y pedimos el auxilio del BAP (Buenos Aires Presente) y nos lo negaron. Hay comedores que responden a la Secretaría de Integración Urbana del GCBA que negaron la comida a casi 20 familias por estar en la toma. Esas son las respuestas que estamos teniendo en estos días. Llegó una intimación de desalojo pero se pasaron las 72 horas y seguimos esperando sin saber qué pasa”, lamentó Ponce, antes de intentar ingresar junto a un abogado para dejar asentado su reclamo.

Además, las familias y organizaciones pretenden visibilizar el conflicto. “La idea es buscar la solidaridad de vecinos y vecinas, donaciones, buscar respaldos y garantías. Hay discursos del odio estigmatizando a las madres. Es una discusión más vinculada al modelo de ciudad y los negocios inmobiliarios de (Horacio Rodríguez) Larreta. Está todo muy mezclado con la especulación inmobiliaria. Es un caso más de una situación estructural de la vivienda que afecta a los distintos sectores de la ciudad”, concluyó Córdoba.