La provincia de Río Negro está atravesada por varios frentes de lucha en términos ambientales. En las últimas semanas la militancia ambientalista se concentró en torno al Golfo San Matías, codiciado por la industria de los hidrocarburos. El viernes se votó la modificación de una ley para permitir la actividad hidrocarburífera allí, pese a las movilizaciones que exigían respetar las normativas que obligan a la preservación del sitio. Tras la aprobación en segunda vuelta, el reclamo seguirá por vía judicial.
Hasta ahora la disputa giró sobre la Ley 3308, promulgada en 1999, que prohíbe “las tareas de prospección, exploración y extracción petrolífera y gasífera, la instalación de oleoductos, gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados y la construcción de terminales para la carga y descarga de buques que transporten esos productos” en el Golfo San Matías y en el mar territorial rionegrino. La modificación votada en la Legislatura de Río Negro apunta a permitir que YPF construya un oleoducto y un puerto petrolero desde donde se podrá exportar el petróleo que se extrae en Vaca Muerta.
“Teníamos una ley muy restrictiva para el transporte y la producción de hidrocarburos en la zona del Golfo San Matías, por eso se planteó la necesidad de un cambio de normativa”, defendió la gobernadora Arabela Carreras, según consignó el diario Río Negro. “Nos impulsará a poder generar el desarrollo que hace falta en la región”, prometió tras exponer en un foro de energía organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) en la Ciudad de Buenos Aires. En esa charla, reveló que tuvo conversaciones con Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, por un proyecto que está en estudio para construir un gasoducto desde Vaca Muerta.
“La ley se sigue defendiendo”
“Lo que pasó el viernes confirma la necedad que tiene la Legislatura de no escuchar ningún tipo de argumento; no se activó ningún canal de comunicación con vecinos ni organizaciones. A partir de la aprobación en segunda vuelta, ahora hacemos la segunda vuelta de la resistencia”, dijo Suyhay Quilapan, integrante de la Asamblea por la Tierra y el Agua de Las Grutas y de la Multisectorial Golfo San Matías, conformada por organizaciones sociales, vecinales, iglesias y diversas entidades de de San Antonio Oeste, Las Grutas y alrededores. “La ley se sigue defendiendo. Ahora vamos a iniciar la cuestión judicial”, dijo la ambientalista a Tiempo.
“Permanentemente aparece una característica más del impacto que tendrá esto, de la condena al territorio y las comunidades, del deterioro de los ecosistemas que hace que nos condenen a una triste historia de muerte. Cada vez aparecen más argumentos para sostener la inviabilidad. Por ejemplo, que el proyecto haya sido declarado de interés municipal en 2021, cuando la ley todavía prohibía este tipo de emprendimientos. Estas cosas lo único que nos suman es pensar que tenemos que avanzar en judicializar, visibilizar y explicar a los vecinos para que dimensionen las consecuencias”, planteó Quilapan, que integra un espacio de militancia donde predominan las mujeres.
Uno de los argumentos en defensa de la modificación de la ley es que dará lugar a la generación de fuentes de trabajo en Sierra Grande, algo cuestionado desde las organizaciones sociales. “Es un lugar que ha tenido carencia de fuentes de trabajo por toda su historia, viene desde el neoliberalismo de (Carlos) Menem. Es un pueblo que se ha empobrecido por las políticas públicas que se aplicaron. Lo quieren salvar con este emprendimiento que ofrece 100 puestos de trabajo. Pero lo hablamos con personal especializado y nos decían que las 100 fuentes no van a estar en Sierra Grande. Habrá 10 operarios locales y el resto de afuera. Y cuando sumamos la gente que se ve afectada por la pesca y el turismo, es una masa mayor la que pierde su trabajo”, alertó la asambleísta.
Para la Multisectorial, uno de los perjuicios que tendrá la actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías es que “la pesca se va a ver afectada porque en la zona donde va a salir el hidrocarburo a la costa es el desove de la merluza. Es un pescado de consumo nacional y que exportamos. El volumen de extracción que hay depende de que se puedan reproducir. Si el lugar donde desovan va a estar impactado por hidrocarburos, no se va a poder cumplir el circuito para reproducción y crecimiento”.
Esto sumado a que “el accidente es factible”. Y, aún si no sucede, el impacto sería nocivo: “Hay un escurrimiento que se hace casi a diario donde se cargan y descargan los buques. Cuando se trasvasa hay una pérdida de hidrocarburos y por más que no haya un accidente de envergadura, eso va a ir cayendo todo el tiempo. El Golfo es un accidente geográfico que hace que las aguas se muevan con más lentitud y va a ir contaminando de tal manera que va a ser imposible que ese espacio se vuelva a remediar. Estas son las cosas que cada vez nos alertan más”, remarcó Quilapan.
Además de la denuncia por vía judicial, los esfuerzos se enfocan ahora en visibilizar y concientizar. Este lunes, la difusión se realiza entre la población de Sierra Grande, donde hay opiniones divididas sobre este proyecto. En tanto, los abogados preparan la presentación para seguir el tema por vía judicial. En ello trabaja también el abogado ambientalista Enrique Viale: “Venimos acompañando a la militancia. No tenemos ninguna duda de que lo que se votó el otro día es regresivo, es inconstitucional por violar la Constitución y el Acuerdo de Escazú, que prohíbe la regresión en materia ambiental. Es decir, una vez que protegiste algo no podes volver atrás”.
En diálogo con este medio, Viale afirmó que “están dadas todas las condiciones para una acción judicial y si no hay presión del poder político no tenemos dudas de que van a declarar inconstitucional el cambio que hicieron para eliminar un inciso que prohibía los oleoductos y la actividad petrolera en el Golfo San Matías. Esa eliminación estamos convencidos de que es inconstitucional”.
