Un informe difundido por el Ministerio Público Fiscal estableció que desde 2006 hasta la actualidad, 915 personas fueron condenadas en distintos juicios por crímenes de lesa humanidad, de las cuales solamente 94, el 12%, recibieron sentencias por delitos sexuales cometidos durante la última dictadura cívico militar.

Los datos se desprenden de un relevamiento estadístico confeccionado por La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) que consigna que a junio de 2019 se dictaron sentencias en 226 causas y, en la actualidad, 58 de esos fallos se encuentran “firmes” por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se detalla en el sitio Fiscales, dependiente de la Procuración General de la Nación, el 70 por ciento de las sentencias ya fueron revisadas al menos por la instancia de Casación, aunque resta avanzar sobre su confirmación definitiva.

De la totalidad de las causas en las que fueron juzgados delitos contra la integridad sexual, el 51 por ciento de los casos fueron por abuso deshonesto o sexual, mientras que el 46 por ciento lo fue por violación y el 3 por ciento restante corresponde a casos de aborto inducido.

A su vez, de las 974 personas detenidas por delitos de lesa humanidad, 649 de ellas (67 por ciento) cuenta con modalidad de arresto domiciliario y 248 están alojadas en unidades del Servicio Penitenciario. Mientras que el 8 por ciento restante se encuentra en reclusión en la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo y dependencias de fuerzas de seguridad tanto federales como provinciales.

La agrupación HIJOS difundió una nota donde afirma que «los delitos sexuales fueron parte del cotidiano en los centros clandestinos que funcionaron en el país. Llevó muchos años poder dimensionar la funcionalidad de esta práctica en la planificación del terrorismo de Estado y poner en palabras no solamente la memoria, sino también la denuncia. Fue necesario un gran trabajo de abogadas y abogados, sobrevivientes, familiares y testigos para que en el Poder Judicial se empezaran a producir algunos cambios necesarios para contener a las víctimas de esos crímenes, cuando los culpables habían estado sueltos e impunes durante décadas. ¿Qué víctima sobreviviente podía sentirse segura con su violador caminando por las calles? Los crímenes de violencia sexual no estuvieron aislados del plan represivo general de los genocidas: fueron parte. Pero diferenciada. De eso se tratan las cifras, que son la historia, nuestra memoria y nuestra necesidad de justicia».