A casi 45 años de la muerte del obispo de San Nicolás Carlos Ponce de León, se realizó este miércoles una audiencia para analizar los pedidos de la fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) para reabrir la investigación, cerrada en 1978 como un accidente automovilístico.

Ante la Cámara Federal de Rosario, los fiscales Juan Patricio Murray y Adolfo Villate y les abogades Evangelina Lardone y Santiago Bereciartua de la SDHN solicitaron hoy que el caso comience a investigarse como crimen de lesa humanidad.

La lenta justicia federal de San Nicolás ya rechazó el pedido el año pasado y ahora el caso llegó a la alzada, integrada por los camaristas Fernando Barbará, José Toledo y Elida Vidal.

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El eje de la audiencia fue la pericia realizada por Jorge Geretto, ingeniero y licenciado en Accidentología Vial, quien realizó una reconstrucción digital de las diferentes versiones declaradas por el conductor de la camioneta que embistió el Renault 4 en el que iba Ponce de León.

El perito concluyó, como lo muestra el siguiente video, que no puede haber sido un accidente lo que ocurrió el 11 de julio de 1977, sostuvo que la camioneta se encontraba detenida sobre la Ruta 9 y que se trató de un choque provocado. Destacó además que los dos ocupantes de la camioneta deberían haber tenido heridas similares a las que tenía el obispo, pero que eso no ocurrió.

Ponce de León defendía a religiosos perseguidos por la dictadura e intercedía también por quienes buscaban a familiares desaparecidos o en pedidos de libertad para presos políticos.  

Por es motivo, el obispo era objeto de la persecución de las fuerzas represivas y sus actividades eran seguidas por las fuerzas armadas y de seguridad. En un informe de inteligencia que el teniente coronel Manuel Saint Amant, jefe del área 132, elevó al Primer Cuerpo del Ejército, se señalaba al obispo como “enemigo” por dar apoyo y refugio a “sacerdotes marxistas”. “Es evidente que la Iglesia opera en la diócesis bajo la dirección de monseñor Ponce de León como una resultante de fuerzas enroladas sustancialmente en las filas del enemigo”, señaló el represor en un informe de inteligencia que forma parte de la causa.

También eran constantes las amenazas de muerte que recibía por carta o teléfono. Una de ellas, realizada de manera anónima, decía: “Terminamos con Angelelli, se acabó Brasca, ahora le toca a usted”. El obispo Enrique Angelelli, de La Rioja, fue asesinado en agosto de 1976 en un accidente de autos fraguado y Antonio Brasca, segundo obispo de Rafaela, había muerto en julio de 1976.

La inteligencia aparece vinculada nuevamente al momento de su muerte. El conductor de la camioneta F-100 era Luis Antonio Martínez, quien dijo ser empleado de la empresa Agropol SA. Junto a él viajaba Carlos Bottini, directivo de la empresa junto a su hermano, Atilio Alejandro, quien aparece en los registros del Ministerio de Defensa como Personal Civil de Inteligencia del Ejército. La dirección de la empresa era Viamote 1866 de la Ciudad de Buenos Aires, a apenas unos metros de la sede del Batallón 601, como relató Horacio Verbitsky en su libro La Mano Izquierda de Dios.

El pedido puntual de la fiscalía y la querella es que se declare nula la sentencia original dictada un año después de la muerte del obispo en la que se condenó al conductor de la camioneta por homicidio doloso a 6 meses de prisión, y que comience una nueva investigación por delitos de lesa humanidad.

Si la Cámara Federal de Rosario hace lugar al pedido, la fiscalía solicitó que sean llamados a indagatoria militares del Área 132, así como el conductor de la camioneta, Martínez, y su acompañante, Bottini.