A falta de 25 días para los comicios en los que Mauricio Macri buscará su reelección, el presidente anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso “contra la violencia de género”. Lo más “extraordinario” de las medidas que hizo públicas a través de su cuenta de Twitter no es que pase por alto una mirada integral sobre las violencias o que utilice un abordaje tutelar vulnerando la autonomía de las mujeres, sino que fueron elaboradas por el Ministerio de Seguridad y no por el Instituto Nacional de las Mujeres (INM), que es el órgano dedicado a promover acciones para atender esta deuda social y que, en los hechos, cuenta con un Plan Nacional de Acción vigente. Por si fuera poco, tal como informó Tiempo, el Instituto fue desfinanciado durante su gestión. Solo en el último año, su presupuesto perdió 30 puntos contra la inflación.

“Que sea electoralista no es el problema. Pero me parece importante decir que una mirada centrada en la seguridad recorta la problemática de las violencias y se aleja de la integralidad imprescindible para atender las desigualdades que hoy existen”, plantea a Tiempo Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Por otro lado, el gobierno tiene un plan de acción con el que es contradictorio. Si consideran que es insuficiente tendrían que fortalecerlo”, añade.

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En los hechos el INM cuenta con un Plan Nacional de Acción 2017-2019 y, aunque el presupuesto con el que debe dar cumplimiento haya caído durante la gestión de Cambiemos, es curioso que no haya sido al menos el organismo promotor del proyecto que atiende a su función. El planteo que realizó el presidente en sus redes sociales también se corre del enfoque del INM, que el día anterior había presentado un Plan Nacional para la Autonomía Económica de las Mujeres. Macri, en cambio, propone equiparar las denuncias por violencia de género a las de abuso infantil, asumiendo el Estado un rol tutelar sobre las mujeres.

“No es bueno desconocer la autonomía de las mujeres y no es apropiado avasallar la voluntad de una mujer adulta e imponerle una denuncia antes de que esté en condiciones de sostenerla y seguirla. No está mal interpelar a la familia y conocidos para que se involucren y fortalezcan a la mujer. Pero eso no quiere decir obligarla a tramitar una causa penal. Eso es avasallar su autonomía”, explica Gherardi. La directora de ELA también menciona que entre sus cinco medidas una es “actuar frente a la primera alerta”. Es decir, traduce, que “lo que se propone es que hagan su trabajo. Es una llamada de atención para todo el país”.

Pero la falta de mirada integral también queda en evidencia cuando se elude que el problema de la violencia no termina en la denuncia o la intervención judicial. De hecho, según últimos los datos del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven, en el 10% de los 250 femicidios registrados en 2019 los victimarios tenían incluso medidas judiciales que no se cumplieron.

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(Foto: Diego Feld)


“Si el promedio de femicidios relevado este año se sostiene vamos a cerrar el 2019 con el mayor número de Femicidios de los últimos 4 años: 1 cada 26hs hasta el 30 de septiembre. Macri lo hizo”, enfatiza Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio.