¿Obligatoria o no? La polémica ya se echó a rodar, innecesaria en una etapa tempranísima de la enorme logística que tendrá que desplegar el Estado para inmunizar contra el Covid-19, al punto que ni la vacuna rusa ni ninguna otra han sido todavía aprobadas.

Era evidente que entre las muchas repercusiones por el anuncio de la adquisición de millones de dosis de la Sputnik V, habría una que rápidamente motivaría las protestas del terraplanismo autóctono. Y es la cuestión de la obligatoriedad de inmunizarse. Lejos de zanjar rápidamente el asunto, o de dejarlo para más adelante, el gobierno comunicó mal y dio, después de la gran noticia, un modesto traspié.

Con toda lógica, y como lo prescribe desde hace décadas el Calendario Nacional de Vacunación para otras enfermedades infectocontagiosas, la vacuna podría ser obligatoria. Así lo había dicho el martes Arnaldo Medina, secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, en declaraciones al canal A24. Dijo que era “una cuestión de salud pública, de solidaridad”.

“Confirmado, somos los hámsters de los rusos”, tuiteó una periodista de América TV, acaso la más obtusa de las declaraciones de personajes públicos en redes pero que da una idea del tenor del incipiente debate que se generó, puntualmente azuzado por los medios corporativos.

Este miércoles, entonces, el ministro Ginés González García cerró el debate de cuajo y se apuró a aclarar que la vacuna contra el Covid-19 no será obligatoria.

“No vamos a llevar por la fuerza a vacunar a nadie, pero vamos a instar a convencer, a trabajar en que se tienen que inmunizar”, dijo el titular de la cartera sanitaria al canal C5N Habló de “trabajar intensamente para convencer a la población de la importancia de inmunizarse». Y enseguida se refirió al “comportamiento antisocial” en el que caen “una corriente antivacunas que hay y periodistas que ya dijeron que no se piensan vacunar».

En el mismo sentido se había expresado más temprano Daniel Gollán, el ministro de Salud bonaerense: “La aplicación será voluntaria y con consentimiento informado”, advirtió.

No parece una cuestión menor la de la obligatoriedad de inmunizarse en el contexto de una pandemia que ha cambiado la historia del planeta. Ahora cortada de raíz por los funcionarios sanitarios de más alto rango, la polémica podría poner sobre la mesa argumentos de peso.

Los que había señalado Medina el martes claramente lo son. «Por supuesto, nosotros confiamos en que la población rápidamente va a querer vacunarse; confiamos más en la persuasión y la comunicación, no tenemos interés en hacer algo persecutorio. En la medida en que logremos una amplia inmunidad, evitamos también la difusión del virus, y por supuesto evitamos que las personas de riesgo utilicen los sistemas de salud y ocupen todas las camas», dijo el secretario de Calidad en Salud.

Y hasta se animó a especular sobre qué pasaría si alguien no quisiera aplicarse la vacuna? “En ese caso, todos los que nos apliquemos la vacuna, de alguna manera, lo vamos a proteger también, porque vamos a estar generando un escudo para que se le haga más difícil al virus entrar. Después evaluaremos si resultan ser un riesgo para la salud pública las personas que no se apliquen la vacuna, y cuando tengamos una evaluación clara veremos qué medidas se van a tomar”.

El martes por la noche, la indignación antivacuna ya se había encendido en las redes sociales. Además del prejuicio político por la proveniencia rusa de las dosis, las “dudas” que de inmediato afloraron en la oposición respecto de la compra a Putin y toda la desinformación posible acerca de la efectividad de la Sputnik V (hoy en fase III de ensayos clínicos, como todas las otras), en las cuentas de Twitter de sectores “libertarios”, movimiento que se nutre de un fuerte componente antivacuna, ya se hablaba de un “amparazo nacional” contra la “aplicación compulsiva” de la inmunización contra el Covid-19.

No es un escenario extraño. Está pasando en todo el mundo. En Brasil, donde una de las vacunas con mayores chances de ingresar era la china de Sinovac, el gobernador paulista Joao Doria habló de la obligatoriedad e inmediatamente se generó una marcha de protesta, azuzada por el propio Jair Bolsonaro. “El pueblo brasileño no será el cobayo de nadie. La vacuna obligatoria aquí es sólo para los perros”, dijo el presidente.

En la Argentina, la ley 22.909 establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias. ¿Por qué? El sitio de la Fundación Huésped entrega esta explicación: «Es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país. Son obligatorias porque además de protegernos individualmente, si nos vacunamos todos se interrumpe la circulación del virus, y así se benefician también aquellas personas que no pueden vacunarse».

¿Por qué es importante que nos vacunemos? “Porque así evitamos enfermarnos y transmitir enfermedades a otras personas. Y si cada vez somos más las personas vacunadas, las enfermedades pueden eliminarse o erradicarse.”

Argumentos altruistas que en la Argentina de los últimos meses se han desvanecido al ritmo de las marchas por la libertad de contagiar y de los mensajes anticuarentena de los medios corporativos. Por lo pronto, está claro que los antivacunas y los negacionistas procurarán repetir su conducta de estos ocho meses de pandemia. Como afirmó el sociólogo Daniel Feierstein, entrevistado dos meses atrás por Tiempo, “el responsable cuida al otro y el irresponsable está jodiendo a todos”.

¿Alcanzará, entonces, con el intento de “convencer” a la población de la necesidad de inmunizarse, de la responsabilidad social que supone ese acto voluntario? Las muchas marchas anticuarentena que se sucedieron desde marzo y, en general, la laxitud de las medidas de aislamiento, liberadas al arbitrio de la responsabilidad individual, además del potencial efecto -que desconocemos- que han tenido esas conductas sobre la multiplicación de los contagios, invitan a ser cautelosos respecto de si ese “convencimiento” es realmente posible.