El Batallón 14 de Paracaidistas uruguayo significa mucho para la familia Lacalle. Primero por lo vivido durante la presidencia del patriarca del breve clan, don Luis Alberto Lacalle Herrera, y luego por la continuidad marcada por el heredero, Luis Lacalle Pou. Hasta ahora todo venía sobre asados compartidos, muchas copas y otras visitas. Desde esta semana, “El 14”, más allá de ser en la quiniela el símbolo del borracho, para los Lacalle pasó a tener otra entidad. El Batallón de las afueras de Montevideo lleva el número crítico. Es allí donde el martes 6, la lucha y la paciencia de las víctimas del terrorismo de Estado halló los restos de un desaparecido, apenas el quinto en 38 años de reinstitucionalización. Días antes, en Canadá, una organización pacifista había situado en el predio de “El 14”, dato desconocido hasta entonces, a una de las 867 bases militares de Estados Unidos en el exterior.
No se sabe aún a quién pertenecen los huesos tapados con cal, encontrados tras años de una búsqueda que se hacía auspiciosa desde que en 2012 aparecieran allí el cráneo del maestro Julio Castro, perforado por las balas, y luego los restos del trabajador Ricardo Blanco. Pasará mucho tiempo para que se sepa quién en el caso padeció el odio de las bestias, pero desde estos días, mientras los familiares y la sociedad uruguaya exhalan un suspiro esperanzador, para Lacalle y sus socios empezaron los sinsabores. No sólo porque debieron admitir, al fin, que los cuarteles no eran únicamente centros de detención y tortura, sino sitios de enterramiento. El presidente y sus socios de los cinco partidos que se juntaron en 2019 para derrotar al Frente Amplio y así formar el actual gobierno multicolor, debieron rendirse ante la realidad.
El hallazgo de los restos y la denuncia de la World Beyond War sobre la existencia de las instalaciones secretas norteamericanas en el Batallón de Paracaidistas, revolvió la memoria de los Lacalle y de sus socios. Los altos oficiales retirados recuerdan con cariño a Lacalle padre (1990-1995), que tras su asunción tuvo el gesto de cumplir en “El 14” su primera visita cuartelera. Su predecesor, el colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), uno de los pilares sobre los que hace equilibrio Lacalle hijo, también tiene su historia en “El 14”. En el último año de su segundo mandato bendijo allí a la Compañía de Comando General Artigas y facilitó que el nuevo cuerpo recibiera en su estructura a la ya disuelta pero conflictiva Compañía Especial Antiterrorista Escorpión, un nombre clásico de los comandos made in Usa formados en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Los aliados
El otro pilar del gobierno de Lacalle es Cabildo Abierto, el partido creado y dirigido por el ex general y comandante en jefe del ejército, hoy senador Guido Manini Ríos, a imagen y semejanza de los cuarteles. Mandamás de un bloque legislativo clave para la sanción de cualquier iniciativa, Manini es una figura decisiva y tiene su vida atada a “El 14”. Y no sólo por haber sido su comandante, sino porque allí recibió la instrucción militar y se formó como paracaidista. La aparición en el predio del Batallón del cuerpo de una de las víctimas de la dictadura y la denuncia de World Beyond War lo instalaron donde justamente no habría querido, después de que su mujer, Irene Moreira, debiera renunciar como ministra de Vivienda al probársele un grosero acto de corrupción con la entrega de departamentos a fieles políticos de su marido.
Un video conocido estos días a través de las llamadas redes sociales apunta a denunciar y destruir la imagen auto tallada de Manini como pundonoroso militar y abanderado de la lucha contra la corrupción. En un breve recorrido por la carrera castrense del exgeneral, el video armado sobre una imagen del sujeto y textos superpuestos asegura que, por razones obvias, habiendo sido comandante del Batallón, no puede ignorar los detalles que hoy les niega a las familias de las víctimas de la dictadura para que puedan seguir la búsqueda de los cuerpos. En particular, le adjudica una responsabilidad directa en lo que se conoce como la Operación Zanahoria, la campaña de enterramiento de los desaparecidos en predios militares. Y termina preguntando si “Guido Manini Ríos no tiene nada para decir”.
La sumisión militar al Pentágono y el descrédito de la institución militar y de su partido, castigado por otros actos de corrupción además del protagonizado por Moreira, se dan en un contexto en el que Estados Unidos saca provecho de la concesiva política exterior del lacallismo. Desde mediados del año pasado el gobierno dio participación a la poderosa jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, en la estrategia de rearme de las fuerzas armadas. La intromisión incluyó el veto a la compra de dos lanchas patrulleras oceánicas, todo por ser chinas, mientras impulsaba la de chatarra bélica: dos aviones Hércules C-130 construidos hace cuatro décadas por la Lockeed Martin y desactivados hace dos años por la aeronáutica española, y un barco chileno –el ATF Lautaro– de 1979 desafectado en 2021.
En medio de esta trama esencialmente política, detrás de la cual están obviamente las cosas económicas, Lacalle cayó en un mar de contradicciones para defender a uno de los más connotados dirigentes del Partido Blanco (Nacional). El senador Gustavo Penadés fue acusado de explotación sexual masculina infantil por una militante de su misma fracción. El presidente se jugó por Penadés, pero tres semanas después, ante los detalles dados en sede judicial por varios de los menores, debió admitir que su partido quedó enchastrado por una impensada forma de corrupción. Ante el pedido de la fiscalía, Penadés perdió sus fueros y se vio forzado a renunciar a todas las comisiones legislativas y partidarias de las que era, más que partícipe, presidente. Entre ellas la Comisión de Ética del Partido Blanco. «
El “imperio militar” y sus 865 bases, que no son pocas
Para todo aquello que sirva para sustentar una posición de poder, EE UU planta su agresiva presencia, y su bandera sólo cuando no oculta los fines buscados. Sea donde sea, el Pentágono, la DEA, la CIA, la USAID y otras agencias organizaron una red infinita de estructuras que “vigilan” el orbe. Más allá de las bases tradicionales –las estratégicas Diego García, en un atolón del océano Índico, o Guantánamo, en Cuba–, existen cientos de instalaciones militares, oficinas y acuerdos de complementación aptos para intervenir.
Hasta ahora nadie pudo cuantificar esa red con exactitud, porque sus responsables guardan el secreto, reina la omertá. Los estudios de los centros académicos o los grupos pacifistas difieren. Para la American University of Washington las bases militares propiamente dichas suman 800, en números redondos. A esta investigación parece adherir Jeffrey Sachs, quien agrega que las bases se llevan el 25% del gasto militar total de Estados Unidos (900 mil millones de dólares). En un extremo casi ridículo, Conflict Management and Peace Science Journal sólo habla de 254 instalaciones.
Esta semana terció la organización pacifista World Beyond War (WBW), de Canadá, que puso nuevos números. En un trabajo titulado “Imperio militar de USA, una base de datos virtual” (worldbeyondwar.org/no-bases) ofrece un mapamundi interactivo, de uso libre, en el que se precisan los puntos donde están enclavadas 867 instalaciones norteamericanas –67 más que las admitidas hasta ahora–, entre ellas el centro de instrucción situado dentro del Batallón de Paracaidistas Nº 14 de Uruguay, donde se hallaron los restos de desaparecidos.
