Quien crea que el Poder Judicial argentino es el único cuestionado por la ciudadanía o parte de la dirigencia política, no tiene más que echar una mirada al otro lado del océano. Según sondeos del Eurobarómetro, el organismo continental de mediciones y encuestas, España es uno de los países de la UE donde sus ciudadanos perciben menos independencia del sistema judicial. Y los últimos acontecimientos demuestran el por qué de esta certeza. Mientras en las calles se mantenían las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél por sus canciones contra el rey emérito, Juan Carlos I daba volteretas para arreglar sus cuentas pendientes con el fisco y así evitar ser sometido a procesos judiciales, como cualquier ciudadano por no pagar sus impuestos. Al mismo tiempo, seguia bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque la derecha le exige al PSOE que antes de designar a los nuevos integrantes del organismo que en 1994 se tomó de ejemplo para crear nuestro Consejo de la Magistratura, rompa su alianza de gobierno con Unidas Podemos. Todo esto mientras el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular entra en instancias decisivas y el espía encargado de las llamadas “cloacas del poder”, el comisario José Manuel Villarejo, deja la prisión y promete prender el ventilador contra toda la dirigencia española. Y no es el único. El cajero del PP también tiene mucho por decir.

El bloqueo al CGPJ lleva dos años, desde que Pedro Sánchez reemplazó a Mariano Rajoy luego de una embestida en el congreso que los “populares” no se esperaban. Fue en una maniobra concertada con la centroizquierda. El partido de Pablo Iglesias, resulta irritativo para el establishment incluso del PSOE. Pero no había más posibilidades de convocar a las urnas luego de dos llamados que no dejaron una mayoría nítida.

El contexto es que Juan Carlos de Borbón debió abdicar luego de varios escandaletes e incluso se tuvo que exiliar cuando salieron a la luz declaraciones de su antigua amante, la alemana Corinna Larsen, sobre cuentas ocultas en el exterior.  Metido en esa causa por filtraciones a la prensa de grabaciones ilegales, Villarejo pasó los últimos tres años en prisión por una fortuna difícil de explicar con su sueldo al frente de organismos antiterroristas. Aunque se entiende su progreso en el escalafón estatal y su influencia por su habilidad para utilizar “carpetazos” en su favor.

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Las filtraciones enchastraron a muchos y sobre todos a los dirigentes de centroizquierda, como los que integran Unidas Podemos. Al salir de la cárcel esta semana, el comisario retirado, con un coqueto parche en ojo izquierdo, dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. «No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos», señaló.

En paralelo, Luis Bárcenas, el tesorero del partido conservador -preso desde 2013- detalló ante el juez instructor de la llamada causa Púnica, el mecanismo de financiación del PP madrileño, que dirigía Esperanza Aguirre. Habló por mas de tres horas, con documentos probatorios en la mano, de las campañas electorales en 2003 y 2004.

El gobierno, en tanto, debe lidiar con la oposición de tres derechas que compiten por ver quién logra fulminarn la coalición PSOE-Unidas Podemos. Los ataques contra Iglesias son comparables a los que mientras estuvo activo pergeñó Villarejo. Con el agravante de que ahora el líder centroizquierdista es vicepresidente de un gobierno que, aunque tibiamente, es lo más cerca de lo que se entiende por izquierda estuvo en el Palacio de la Moncloa desde la recuperación de la democracia.

En el otoño pasado, el gobierno pretendió cambiar el modo de nominar a los miembros del CGPJ a mayoría absoluta y no calificada de tres quintas partes. El CGPJ está presidido por el titular del Tribunal Supremo y cuenta con 20 vocales elegidos por el Congreso. Doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas. La derecha y los medios hegemónicos adujeron que eso iba contra la independencia del Poder Judicial ya que el gobierno hubiese tenido posibilidad de nombrar jueces amigos.


RTVE al fin tiene Consejo de Administración

Donde pareció haber un cierto acercamiento entre el PSOE y la oposición es en la radio y la televisión públicas. Esta semana acordaron renovar la dirección de los medios estatales tras tres años de bloqueo entre el oficialismo y el Partido Popular, ahora en desgracia luego de los escándalos de la financiación irregular.

El acuerdo, aprobado con 249 votos sobre los 350 diputados, implica el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de RTVE, cuyo presidente será José Manuel Pérez Tornero, de 67 años, un periodista y académico de amplia experiencia en medios locales y organismos internacionales, como la Unesco.

En el nuevo Consejo figuran nombres cercanos al socialismo y a PP, pero dos de ellos, José Manuel Martín Medem y Roberto Lakidaín, son del riñón de Unidas Podemos, lo que augura que por ese lado podría establecerse algún tipo de arreglo al entuerto judicial.

Medem trabajó en RTVE y fue corresponsal en México, Colombia y Cuba. Desde 2020 es cargo de director de Mundo Obrero, la publicación oficial del Partido Comunista de España.  Lakidaín también tiene una sólida experiencia en RTVE y formó parte de los Consejos de Información de la televisión pública.  Es miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras (CCOO), la federación sindical ligada al PCE.

Pablo Echenique, el argentino portavoz de Unidas Podemos, se mostró eufórico con el resultado de las negociaciones. “Es evidente que Unidas Podemos iba a estar. La votación de RTVE ha revelado que aquellos que contaron a la prensa que Unidas Podemos se iba a quedar fuera, mintieron”.