El Congreso de Perú abrió el proceso de destitución del presidente Pedro Castillo

Lo debatirá el lunes 28. La oposición mayoritaria de derecha tendría los votos suficientes para declarar la “permanente incapacidad moral” del mandatario.

El Congreso de Perú, dominado por la oposición de derecha, debatirá el 28 de marzo próximo un proyecto que propone declarar la “permanente incapacidad moral” del presidente Pedro Castillo, tras aprobarse hoy una moción de destitución del mandatario, que igualmente mañana hablará ante el plenario.

Con 76 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso aceptó debatir la moción de destitución de Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de dos exmandatarios desde 2018.

«Ha sido admitida la moción», dijo la titular del Congreso, María del Carmen Alva, tras la votación que siguió a varias horas de debate.

Se trata de la segunda «moción de vacancia» contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder, luego de que en diciembre fuera desestimada la primera.

El cuerpo rechazó luego, con 97 votos en contra, que el pedido de vacancia se discutiera este viernes y, tras una reunión de voceros de bancadas –una suerte de jefes de bloque- se acordó una fecha, luego aprobada en el recinto.

“A propuesta de la presidencia del Congreso, la representación nacional aprobó, con 86 votos a favor, que el 28 de marzo, desde las 3 p m (las 17 de Argentina) se debatirá y votará la Moción 2148, que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente”, señaló el Congreso en su cuenta de la red Twitter.

Dentro de dos lunes, Castillo puede presentarse con sus abogados para refutar las acusaciones o enviar solo a su equipo letrado.

No hubo de inmediato reacción del mandatario, ni de ninguno de sus ministros ni de las principales figuras de la oposición por lo sucedido en el Legislativo.

Igualmente, la llamada Junta de Portavoces acordó que el mismo Castillo asista mañana al Parlamento, a las 17 (las 19 de Argentina) para dar un mensaje, pero en este caso porque el propio mandatario había pedido presentarse.

El pedido de vacancia fue impulsado por 49 congresistas de los partidos de derecha Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular, con apoyo de otras bancadas.

La oposición alega «incapacidad moral» de Castillo para el cargo y como había en el recinto 120 congresistas –del total de 130- le alcanzaba con 50 manos levantadas para avanzar en la moción.

Especialistas señalan que la oposición no conseguiría los 87 votos que exige la Constitución para remover a un presidente, según la agencia de noticias AFP.

El nuevo proyecto de vacancia se sustenta en 20 puntos que los impulsores llaman “hechos objetivos”, y que incluyen varias de las denuncias que el mandatario acumuló en sus poco más de 7 meses de gestión.

Con procedimientos similares fueron destituidos los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.

Según la oposición, el presidente está salpicado por la presunta corrupción de su entorno e incurrió en «traición a la patria», una acusación por la que hoy el mandatario presentó un «habeas corpus».

El recurso fue admitido a trámite, informó el equipo legal del mandatario, y en él se detalla que los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Parlamento habrían cometido una «presunta vulneración del derecho a la libertad individual», al debido proceso y al principio de legalidad.

También señala que la acusación constituye un ataque a la presunción de inocencia y a la libertad de conciencia.

Sin relación con la moción de vacancia, el 28 de febrero último, la SAC declaró procedente una denuncia constitucional contra Castillo por la presunta violación de artículos de la Constitución por sus declaraciones sobre la posibilidad de facilitar la salida al mar de Bolivia durante una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN.

Este mes la desaprobación del mandatario está en 66%, tres puntos porcentuales menos que en febrero, cuando estuvo en su nivel más alto (69%), pero aún más desprestigiado está el Congreso, al que desaprueba un 70% de la población, según un sondeo de Ipsos.

El choque de poderes en Perú entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es unicameral, volvió a trascender fronteras, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) hizo un llamado a respetar la «voluntad popular».

La Celac señaló el fin de semana «su preocupación por la situación institucional que atraviesa Perú y enfatizó la necesidad de que se respeten el orden democrático y la voluntad popular expresada en favor del Presidente Pedro Castillo», en un comunicado de su presidente rotativo, Alberto Fernández.

El presidente boliviano, Luis Arce, tuiteó en apoyo a Castillo, «elegido por voto popular en un proceso que tuvo como testigo a América Latina».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya había expresado en diciembre su preocupación por cómo se ha desvirtuado «por falta de definición objetiva la figura de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y el impacto que tiene en la institucionalidad democrática del Perú».

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